En los primeros tres meses de 2022 dos alcaldes poblanos, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Seguridad Pública en Puebla recibieron recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) Puebla por vulnerar la integridad de ciudadanos. Los exhortos se mantienen en estado de seguimiento.
El reporte detalla que los principales derechos humanos vulnerados por los servidores públicos, corresponden a la seguridad jurídica y acceso al agua, al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y protección a la Salud. Los documentos fueron emitidos entre el 21 de enero y 10 de marzo de este año.
RECOMENDACIONES
La primera recomendación de 2022, fue dirigida al titular de la Secretaría de Salud (SS) estatal, José Antonio Martínez García, con fecha 21 de enero por vulnerar el derecho humano a la protección a la Salud y a una vida libre de violencia obstétrica.
La recomendación se desprende con motivo de una nota periodística de El Sol de Puebla, publicada en agosto de 2020, en la que pone en evidencia un caso de negligencia médica en el Hospital General de Cuetzalan; por lo que la pareja agraviada ratifico la queja y se abrió el expediente 3366/2020.
El documento explica que el 29 de julio de 2020, una mujer que tenía un embarazo de 40.2 semanas de gestación, acudió al Hospital General de Cuetzalan, por presentar dolor de cabeza, pero el personal de dicho hospital omitió canalizarla con un especialista en ginecología y obstetricia, así como ordenar de forma inmediata la realización de estudios de laboratorio y en su caso transferirla a la unidad médica que contara con dicho servicio. Por lo tanto, la atención médica que brindó el personal del hospital fue deficiente e inoportuna.\u0009
La segunda recomendación fue para el edil de Huauchinango, Rogelio López Angulo, por vulnerar el derecho a la seguridad jurídica y la propiedad o posesión.
El expediente 6997-2018 de la CDH señala que la persona encargada de dar mantenimiento y otorgar los lugares de sepultura en el panteón “Colinas de la Paz”, del municipio, autorizó inhumar a una persona diversa, en el lote propiedad de víctima, sin verificar si dicha sepultura se encontraba “abandonada”, o si se encontraba en propiedad o posesión de alguna persona.
El documento precisa que el actual personal del ayuntamiento, no cuenta con documentación anterior a su gestión, por lo que desconocía la existencia del expediente sobre la destitución del encargado, sin que se haya iniciado un procedimiento penal en su contra.
La tercera recomendación de la CDH fue para el Secretario de Seguridad Pública (SSP), Daniel Iván Cruz Lun, esta indica que el día 9 de agosto de 2020, un elemento en funciones de la SSP, encontrándose en estado de ebriedad, realizó amenazas y detonaciones de su arma de cargo en contra dos personas.
La cuarta corresponde al edil del municipio de Tehuacán, Pedro Tepole Hernández, con fecha de 24 de febrero de 2022, por la vulneración al derecho humano a la seguridad jurídica y acceso al agua. La queja indica que la víctima no cuenta con el servicio público de agua potable desde el 28 de septiembre de 2021, por una decisión del Comité de Agua Potable de Santa Ana Teloxtoc, debido a que la agraviada no pudo desempeñar el cargo de presidenta de dicho Comité, en representación del conyugue, quien se encuentra en Estados Unidos.
La quinta recomendación es, una vez más, para el Secretario de Salud, Martínez García, por la vulneración al derecho humano a la protección a la salud. El expediente 3169/2020 acredita que el 6 de mayo de 2020 la víctima sufrió un accidente y, al acudir al Hospital General de Tehuacán, la lesión fue minimizada por parte del médico que le atendió.
La última recomendación fue para el Fiscal General del Estado (FGE), Gilberto Higuera Bernal, con fecha 10 de marzo de este año, por violar la integridad y seguridad personal. El documento de la CDH exhibe que en 2018 la víctima fue detenida por personal del entonces PGJE, quienes le acusaron de viajar en un vehículo robado, además de ser golpeado y asfixiado.
Las recomendaciones de la Comisión son emitidas por el órgano estatal, luego de confirmar la violación a derechos humanos, una vez aceptada la recomendación por parte de la autoridad responsable, esta deberá acreditar su cumplimiento, aunque no tienen un límite de tiempo.
