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Hacer del combate a la inseguridad y delincuencia su prioridad, para restablecer la paz social en Puebla, exigieron organizaciones sociales, universidades como la BUAP, la UDLAP, la UPAEP, la UMAD y Anáhuac, y cámaras empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a la gobernadora electa, Martha Erika Alonso, a los diputados del Congreso del Estado y a todos los presidentes y presidentas municipales.
En un posicionamiento, 39 instituciones y agrupaciones denunciaron el incremento del índice delictivo en la entidad, como el robo de combustible con 11 mil 240 tomas clandestinas, 2 mil 207 atracos a transportistas en lo que va del año, mil 620 homicidios incluidas mujeres y estudiantes, 41 secuestros, 153 extorsiones y 5 mil 15 robos con violencia, lo mismo que la falta de recursos humanos para combatirlo, pues apenas se cuentan con 0.6 policías por cada mil habitantes y un número de ministerios públicos y jueces por los que el estado se encuentra en los últimos lugares a nivel nacional.A nombre de la UPAEP, Matías Rivero Marines, catedrático de la Facultad de Derecho, lamentó que en Puebla cada vez se cometen más ilícitos en Puebla, principalmente del fuero federal a manos de la delincuencia organizada y alertó que de no combatirse afectará la inversión, la generación de empleos y la actividad comercial e industrial.
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En su opinión, es momento de que las autoridades de todos los niveles y órdenes de gobierno reconozcan que la inseguridad es el principal problema del estado y se responsabilicen conjuntamente de ella, “es momento de dejar otras fichas de lado y priorizar el tema de la seguridad”, subrayó.
Para ello, agregó Job César Romero Reyes, rector de la Universidad Madero (Umad), incluyeron la exigencia de destinar más recursos a esta tarea, pues aunque reconoció que todas las autoridades, tanto las municipales que ya concluyeron su gestión como las actuales, y la estatal que está por terminar, han tenido la voluntad de mejorar la seguridad, la respuesta constante es que ninguna cuenta con el personal, equipo y tecnología necesarias.
Además, acusó, a raíz de la distracción que produjeron los procesos de transición y cambios de autoridades, los delincuentes incrementaron sus operaciones, al grado de que en las últimas semanas han sido más agresivos y urge que sean enfrentados.
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Ambos coincidieron en que su llamado es respetuoso pero enérgico porque a decir de Rivero Marines, las autoridades deben tomar conciencia y actuar coordinadamente para restablecer la paz social en el estado, mientras que Romero Reyes añadió que de no contenerse la inseguridad, se corre el riesgo de que Puebla pierda su vocación como una entidad receptora de estudiantes.
LAS PETICIONES
Las 39 instituciones y organizaciones exigieron al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, incluir al estado de Puebla como un sitio prioritario en el “Plan Nacional de Paz y Seguridad” para combatir delitos del orden federal como el robo de combustibles y a transportistas, entre otros cometidos por la delincuencia organizada.
Al Gobierno del Estado, le pidieron reforzar su trabajo para combatir la impunidad, la corrupción y la inseguridad con más capacitación al personal de seguridad, dotándolos de tecnología para mejorar sus tareas y en coordinación con los Ayuntamientos y el gobierno federal, aunque específicamente a la gobernadora electa, Martha Erika Alonso, le pidieron “que mantenga al frente de la seguridad del estado a una persona de reconocida experiencia, capacidad, conocimiento y prestigio”.
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A los diputados federales y senadores los llamaron a tipificar como delitos graves el robo de combustible, la portación de armas de fuego, el robo a transporte de carga y la corrupción, como incrementar el presupuesto en materia de seguridad y revisar el Sistema de Justicia Penal acusatorio para ponderar la protección a los ciudadanos.
A los Ayuntamientos les solicitó también encargar estas tareas a personal con experiencia, conocimiento, prestigio y pruebas de control de confianza acreditadas, además de que trabajen en coordinación con los otros órdenes de gobierno y en la identificación de sus elementos e incidencia delictiva en sus demarcaciones.
Además, llamaron a los ciudadanos a involucrarse en el combate a la inseguridad apoyando a las autoridades y a reforzar la educación con valores, solidaridad y participación.
Por último, las 39 instituciones, cámaras empresariales y organizaciones sociales ofrecieron apoyar a las autoridades y reiteraron su demanda de coordinación, “urgimos a todos los actores sociales a sumar esfuerzos para regresar la tranquilidad a los poblanos”.
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