/ lunes 30 de mayo de 2022

En caso de violación, urge que menores puedan abortar sin aval de sus padres

Activista urge a despenalizar el aborto para no obstaculizar este derecho de las menores de edad, como lo ratificó la Suprema Corte de Justicia de la Nación

La ratificación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre menores de 12 a 18 años pueden acceder a un aborto, en caso de violación sexual, sin el consentimiento de sus padres o tutores, refrenda la necesidad de dejar de obstaculizar el acceso a este derecho y avanzar en la despenalización del aborto en Puebla, consideró Natalia Hernández Arias, directora del Centro de Capacitación, Formación e Iniciativa Social (CAFIS).

En entrevista con El Sol de Puebla, la activista urgió la exigencia de que las autoridades en materia de salud en la entidad cumplan con la Norma Oficial Mexicana (NOM-046), misma que establece que las mujeres embarazadas victimas de violencia sexual solo tienen que acudir a un hospital del sistema nacional de salud y solicitar, bajo protesta de decir verdad, el aborto por esa causal, sin necesidad de presentar una denuncia y autorización de MP o Juez para poder acceder a este servicio.

“La sentencia refrenda que necesitamos avanzar en ese tema, que no podemos seguir poniendo más obstáculos en los estados, es decir, les guste o no la NOM-046 es una norma de criterio federal y se tiene que aplicar en todo el territorio para garantizar el acceso a la interrupción legal del embarazo a víctimas de violación”, señaló.

Recordó un caso de acompañamiento en 2019 en territorio poblano, donde a una adolescente de 13 años, víctima de violación por parte de su padrastro, se le negó el derecho por parte de los servicios de salud, por lo que la víctima decidió trasladarse a la Ciudad de México e interrumpir su embarazo.

“Este criterio les regresa a las instituciones la responsabilidad de atenderlas en su territorio, aunque no esté despenalizado en Puebla, se tiene que acceder a este servicio porque es una norma obligatoria para las instancias de salud pública y privada”, declaró.

La defensora de los derechos sexuales y reproductivos agregó que la ratificación de la SCJN es un llamado a las entidades a que se avancen en la despenalización del aborto, pues el negarse es discriminar e impedirle el derecho a la salud reproductivas de las mujeres.

“Ya tienen que entrarle a la despenalización. Nos parece un absurdo seguir intentando blindar el territorio cuando puedes ir a cualquiera de los estados vecinos que están a una o dos horas (de distancia) a interrumpir (el embarazo); es un recordatorio al Congreso y autoridades estatales que esto no puede ir para atrás, sí o sí tienen que llegar la despenalización”, expuso.

Por último, dijo que si las y los legisladores actuales continúan en la negativa de acatar las normativas que ha puso la Suprema Corte sobre el tema, dará “elementos para argumentar la inconstitucionalidad en la que incurre el estado de Puebla”.

Hay que recordar que el 7 de septiembre del año pasado, la SCJN declaró inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta y que una persona con capacidad de gestar esté presa o se encuentre bajo proceso penal, pues es un acto de injusticia social.

La ratificación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre menores de 12 a 18 años pueden acceder a un aborto, en caso de violación sexual, sin el consentimiento de sus padres o tutores, refrenda la necesidad de dejar de obstaculizar el acceso a este derecho y avanzar en la despenalización del aborto en Puebla, consideró Natalia Hernández Arias, directora del Centro de Capacitación, Formación e Iniciativa Social (CAFIS).

En entrevista con El Sol de Puebla, la activista urgió la exigencia de que las autoridades en materia de salud en la entidad cumplan con la Norma Oficial Mexicana (NOM-046), misma que establece que las mujeres embarazadas victimas de violencia sexual solo tienen que acudir a un hospital del sistema nacional de salud y solicitar, bajo protesta de decir verdad, el aborto por esa causal, sin necesidad de presentar una denuncia y autorización de MP o Juez para poder acceder a este servicio.

“La sentencia refrenda que necesitamos avanzar en ese tema, que no podemos seguir poniendo más obstáculos en los estados, es decir, les guste o no la NOM-046 es una norma de criterio federal y se tiene que aplicar en todo el territorio para garantizar el acceso a la interrupción legal del embarazo a víctimas de violación”, señaló.

Recordó un caso de acompañamiento en 2019 en territorio poblano, donde a una adolescente de 13 años, víctima de violación por parte de su padrastro, se le negó el derecho por parte de los servicios de salud, por lo que la víctima decidió trasladarse a la Ciudad de México e interrumpir su embarazo.

“Este criterio les regresa a las instituciones la responsabilidad de atenderlas en su territorio, aunque no esté despenalizado en Puebla, se tiene que acceder a este servicio porque es una norma obligatoria para las instancias de salud pública y privada”, declaró.

La defensora de los derechos sexuales y reproductivos agregó que la ratificación de la SCJN es un llamado a las entidades a que se avancen en la despenalización del aborto, pues el negarse es discriminar e impedirle el derecho a la salud reproductivas de las mujeres.

“Ya tienen que entrarle a la despenalización. Nos parece un absurdo seguir intentando blindar el territorio cuando puedes ir a cualquiera de los estados vecinos que están a una o dos horas (de distancia) a interrumpir (el embarazo); es un recordatorio al Congreso y autoridades estatales que esto no puede ir para atrás, sí o sí tienen que llegar la despenalización”, expuso.

Por último, dijo que si las y los legisladores actuales continúan en la negativa de acatar las normativas que ha puso la Suprema Corte sobre el tema, dará “elementos para argumentar la inconstitucionalidad en la que incurre el estado de Puebla”.

Hay que recordar que el 7 de septiembre del año pasado, la SCJN declaró inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta y que una persona con capacidad de gestar esté presa o se encuentre bajo proceso penal, pues es un acto de injusticia social.

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