El programa de preliberaciones que impulsó el Gobierno del Estado se está evaluando tras la salida de David Méndez Márquez de la Secretaría de Gobernación (Segob), así lo confirmó la nueva titular, Ana Lucía Hill Mayoral, quien no quiso dar a conocer el número total de las personas liberadas que llevan hasta el momento.
En conferencia de prensa, la nueva titular de Segob fue cuestionada por la cifra actualizada del programa de preliberaciones, pues su objetivo es otorgar libertad a las personas que cumplen con todos los requisitos que establece la Ley Nacional de Ejecución Penal.
No obstante, Hill Mayoral, dijo que este programa quedó pendiente el año pasado, pero no confirmó si esto significa que ya no se siguieron liberando a más personas. Además, mencionó que están evaluando su ejecución.
“Es un programa en el que ese estuvo trabajando el año pasado y es uno de los programas que también quedaron pendientes y que estamos evaluando nuevamente su funcionamiento al día de hoy, en cuanto tengas más información al respecto la compartiré”, informó.
En octubre del año pasado fue la última vez que el Gobierno del Estado brindó información acerca de este tema; David Méndez Márquez, ex titular de la dependencia, dio a conocer que hasta ese momento 12 personas privadas de la libertad habían sido preliberadas.
En aquella ocasión (22 de octubre 2020) el funcionario detalló que desde junio fue implementado este programa ya que administraciones pasadas habían excarcelado a seis indígenas, tres personas mayores de 60 años, dos enfermos y una mujer que compurgó una pena de 17 años por homicidio en razón de parentesco (aborto).
- Te recomendamos: Aquí se vende el gas LP más barato de Puebla
Aseguró que todos los casos fueron estudiados por la Subsecretaría Jurídica, a través de la Defensoría Pública, para asegurar que los internos acreditaran los requisitos establecidos en la ley como la mínima temporalidad de la pena, la reparación del daño causado, buena conducta, pruebas para descartar algún riesgo para la víctima, testigos o a la sociedad y no haber cometido delitos como delincuencia organizada, secuestro o trata de personas.
Méndez Márquez resaltó que esos 12 casos formaban parte de las 89 personas privadas de la libertad susceptibles de ser beneficiadas con el programa de preliberaciones y que había otros 47 casos que serían puestos a consideración del Poder Judicial.