A tres meses de que concluya la LX Legislatura del Congreso de Puebla, los diputados mantienen en la congeladora la despenalización del aborto, la Ley de Desaparecidos y la desprivatización del agua que en 2018 prometió el bloque de Morena, PT y el PES.
Además, tienen pendiente dictaminar 948 de mil 283 iniciativas que han sido presentadas desde el 15 de septiembre cuando los 26 diputados de mayoría relativa y 15 de representación proporcional (plurinominales) rindieron protesta en el cargo.
DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO
La LX Legislatura terminará el próximo 14 de septiembre, sin embargo, los diputados siguen sin discutir en comisiones la iniciativa presentada en noviembre de 2020 por la diputada de Morena, Estefanía Rodríguez Sandoval, para establecer en la Ley Estatal de Salud la denominación de “Interrupción legal del embarazo” y que las instituciones públicas de salud la practiquen de manera gratuita hasta las 12 semanas de gestación.
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Previamente, en mayo de 2019, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Rocío García Olmedo, presentó una iniciativa para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación, así como sanciones de trabajo voluntario a las mujeres que excedan este tiempo.
La iniciativa de la priista busca reformar artículos del Código Penal, que actualmente sanciona con hasta cinco años de prisión a las mujeres que se sometan a esta práctica.
LEY DE DESAPARICIÓN DE PERSONAS
Otra iniciativa que se mantiene en la congeladora legislativa es la que expide la Ley en materia de Desaparición de Personas para el Estado de Puebla, que en junio de 2020 presentó Estefanía Rodríguez, a petición de familiares de personas desaparecidas.
La omisión del Congreso ha preocupado al Colectivo La Voz de los Desaparecidos y la Universidad Iberoamericana Puebla, que participaron en la elaboración de la iniciativa y han exigido su discusión y aprobación para que tengan certeza jurídica al realizar trámites a nombre de sus familiares no localizados, por ejemplo al tramitar la custodia de sus hijos.
DESPRIVATIZACIÓN DEL AGUA
Otra promesa sin cumplir es la desprivatización del agua, a pesar de que en la campaña de 2018 diputados de Juntos Haremos Historia se comprometieron a revocar la concesión otorgada a finales de 2013 a la firma Concesiones Integrales/Agua de Puebla para Todos.
El argumento fue que había fallas de operación y una baja recaudación, por lo que el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas lanzó el 18 de septiembre de 2013 una convocatoria para concesionar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.
Ante esta arbitrariedad, como así le llamaron activistas y ciudadanos, diputados de Juntos Haremos Historia se comprometieron a revocar el contrato de 30 años para suministrar y administrar el servicio en la ciudad de Puebla y en las circunscripciones territoriales de Amozoc, Cuautlancingo, San Andrés y San Pedro Cholula y San Miguel Xoxtla.
Sin embargo, el 8 de junio pasado, la diputada de Morena y presidenta del Congreso, Nora Merino Escamilla reconoció que no existen condiciones económicas para revertir la concesión y garantizar que cuando Agua de Puebla se vaya el servicio seguirá operando.
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948 INICIATIVAS SIN DICTAMINAR
De las 948 iniciativas que siguen en la congeladora legislativa, destaca la Ley Antitabaco, la cual busca que en espacios cerrados se prohíba el consumo de productos de tabaco, incluyendo vaporizadores y cigarros electrónicos. Aunque fue dictaminada en diciembre de 2019, la Junta de Gobierno y Coordinación Política no la ha enlistado para que se discuta en el pleno, ignorando con ello los beneficios de la ley durante la pandemia.
De aprobarse, estas disposiciones obligarían a los establecimientos cerrados, como restaurantes o bares, a no designar ni adaptar zonas de fumadores en sus instalaciones.
Tampoco se ha dictaminado la iniciativa presentada en abril de 2020 por Nora Merino y Gabriel Biestro, para sancionar hasta con 12 años de cárcel a quien, durante una emergencia sanitaria, epidemia, peligro de invasión de enfermedades transmisibles, catástrofe que afecten al país o cualquier otra causa de fuerza mayor que afecte al Estado, difunda o transmita “información falsa” en medios de comunicación y plataformas digitales.
Tras las observaciones que hicieron organizaciones como Artículo 19, la Red Nacional de Periodistas, Red Puebla de Periodistas y la asociación civil Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), los diputados de Morena se comprometieron a modificar el proyecto si era necesario, sin embargo, no se ha retirado de los asuntos pendientes del Congreso.
