Tras la eliminación del fuero en Puebla, el gobernador Miguel Barbosa Huerta expresó que no habrá impunidad y los servidores públicos no deben refugiarse en su cargo, incluso, dijo que hay magistrados que dañaron a la entidad pero ocupan el puesto.
Al celebrar la aprobación por mayoría calificada de la reforma constitucional que él promovió, expuso que prevalecerá la atribución de estos funcionarios a no ser reconvenidos y que puedan emitir opiniones en el desempeño de su función, pero no habrá impunidad cuando cometan irregularidades.
“Vamos a instalar en Puebla toda una etapa de vida democrática donde el poder tiene que tener sus controles, tiene que ser ejercido con mucha responsabilidad y los servidores públicos tienen que actuar conforme a sus atribuciones y no debe verse que están refugiados en un puesto de parlamentarios, de magistrados, porque también por ahí hay cosas, gente que dañó mucho a Puebla y que ahora están ahí, de magistrados”, expuso.
ASOMA PERSECUCIÓN POLÍTICA
El magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Puebla, Jorge Benito Cruz Bermúdez, podría ser juzgado por presuntos delitos que habría cometido cuando dirigió el Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (Capcee), una vez que el Congreso del Estado eliminó el fuero constitucional que lo protegía.
Cruz Bermúdez fue elegido el 31 de agosto de 2018 en la anterior legislatura con mayoría morenovallista como magistrado del Poder Judicial sin experiencia en el ámbito judicial, y sobre él existen señalamientos de supuestas irregularidades en el Capcee, como la construcción del tren turístico Puebla-Cholula, obra ajena al sector educativo.
En la lista de los posibles funcionarios que serían procesados se encuentra el diputado José Juan Espinosa Torres, a quien se le acusa de desvío de recursos por el orden de 30 millones de pesos cuando fue presidente municipal de San Pedro Cholula.
También Gerardo Islas Maldonado a quien se le adjudican presuntas irregularidades en la entrega de apoyos para la reconstrucción por el sismo del 19 de septiembre de 2017, siendo titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) estatal.
Además el diputado sin partido Marcelo García Almaguer, exoperador del fallecido exgobernador Rafael Moreno Valle, señalado de orquestar campañas negras y contratar empresas “fantasma” durante los gobiernos de Moreno Valle y Antonio Gali Fayad.
Otros magistrados del TSJ que fueron nombrados en la pasada legislatura son José Montiel Rodríguez, exsubsecretario jurídico de la extinta Secretaría General de Gobierno, e Ignacio Galván Centeno, esposo de la exsecretaria de Salud estatal, Arely Sánchez Negrete. A los exfuncionarios solo se les acusó de tener vínculos con el morenogalismo.
TENGO LA CONCIENCIA TRANQUILA: DIPUTADO
Sobre el tema, el diputado José Juan Espinosa afirmó que no necesita del fuero constitucional y tiene la conciencia tranquila, tan es así que espera que la Fiscalía General del Estado (FGE) lo llame ante el delito que se le imputa, del que dijo podrá defenderse de forma contundente pues asegura que son calumnias alentadas desde el gobierno estatal.
“La desaparición del fuero no significa que se acabe la impunidad, ni el uso faccioso de las instituciones, es un paso importante, pero hay mucho más que se tiene que consolidar como la revocación de mandato, bienvenida la desaparición del fuero”, sostuvo.
A decir del diputado, el gobernador Luis Miguel Barbosa pretende hacer una cacería de brujas, sin embargo confió en el Poder Judicial y que todos aquellos que gozaban del fuero, incluyendo al mandatario, puedan ser juzgados como cualquier ciudadano si cometieron algún delito.
“Eso implica que si el gobernador, no estoy hablando de Barbosa, amasó fortuna de manera inexplicable, si traficó influencia o recibió moches durante su trayectoria política se presenta una denuncia y tendrá que ser medido con la misma vara que el resto de los ciudadanos”, afirmó.
El miércoles los diputados del Congreso del Estado aprobaron por mayoría reformas al artículo 126 de la Constitución local para establecer que el gobernador, diputados, el Auditor Superior, Magistrados y Consejeros de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, durante el período de su encargo, podrán ser sujetos a proceso penal por cualquier delito.
Cuando el proceso comprenda alguno de los delitos previstos en el artículo 19 de la Constitución federal (delincuencia organizada, secuestro, violación), el juez correspondiente ordenará prisión preventiva oficiosamente; en caso de delito distinto, el órgano judicial competente podrá dictar las medidas cautelares de separación del cargo y prisión preventiva mediante motivación reforzada respecto de la plena justificación de la medida de conformidad con lo previsto por la legislación penal.
(Con información de Berenice Martínez)
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