En el estado de Puebla dos mujeres y cuatro hombres están en prisión por el delito de aborto en los Centros de Reinserción Estatales de Puebla, Ciudad Serdán y Tepexi de Rodríguez, de acuerdo con la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
En respuesta a una solicitud de información ciudadana la dependencia indicó que, al corte del 17 de junio de 2019, dos mujeres están privadas de su libertad, una ingresó el 27 de octubre de 2014 y la otra el 20 de septiembre de 2017. En ambos casos no se sabe el término de la condena, toda vez que una de ellas está cumpliendo una sentencia de 26 años, por una pena distinta al aborto.
De la otra mujer no se sabe cuándo termina su condena, ya que se encuentra procesada. En el caso de los hombres los ingresos fueron el 17 de junio de 2008, 26 de octubre de 2014, 29 de agosto de 2015 y el 2 de octubre de 2018.
Uno de ellos concluye su condena el 14 de diciembre de 2020, de los otros tres no se sabe, ya que, uno se encuentra procesado, otro está compurgando una sentencia de 42 años con 6 meses de prisión por una causa distinta al aborto y otro hombre está compurgando una condena de 16 años con 6 meses de cárcel por un caso diverso a este delito.
Por el contrario, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública no registra ningún encarcelamiento femenino en Puebla por interrupción del embarazo, pero detalla que hay seis hombres en prisión acusados de este crimen al corte del 30 de abril de 2019.
Las estadísticas de la dependencia señalan que en el primer semestre del año se abrieron cuatro carpetas de investigación por el delito de aborto, dos en enero y dos en marzo.
El pasado 8 de agosto el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta anunció que firmó un decreto para iniciar los procesos legales de preliberación o indulto de las mujeres que se encuentran en prisión y se les fincaron cargos por aborto. Sostuvo que no confrontará a los poblanos con temas como el aborto, pero propiciará las condiciones para que exista igualdad de género en el estado.
En el Congreso del Estado existe una discusión para reformar los artículos 339, 340, 341, 342 y 343 del Código Penal, para legalizar la interrupción del embarazo en las primeras 12 semanas de gestación y reducir las sanciones cuando se práctica después de ese periodo.
La propuesta es de la diputada local del PRI, Rocío García Olmedo, que plantea que después de las 12 semanas, las penas sean de tres a seis meses de cárcel o de 100 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad, para la mujer que voluntariamente interrumpa su embarazo o consienta que otro lo haga, ya que el ordenamiento vigente establece hasta cinco años de prisión.
