Por negar que el Ayuntamiento de San Andrés Cholula expropióuna parte del predio de la familia Tlatehui Juárez, a pesar de queexisten pruebas que demuestran lo contrario, el secretario deSeguridad Pública, José Mario Méndez Balbuena, y el alcaldeLeoncio Paisano Arias podrían ser sancionados hasta con nueveaños de prisión y hasta con ocho años de inhabilitación paraocupar un cargo público.
Así lo advirtieron Álvaro Ramírez Rivera y Julio César De laRosa, representantes legales de la familia afectada, quienespuntualizaron que la parte del predio que les invadieron lasautoridades tiene una longitud de 3.5 metros de ancho por 120metros de profundidad.
El pasado 10 de noviembre, personal de maquinaria pesada,apoyado por elementos de la Policía Municipal, tiró una barda quedelimitaba el terreno de dicha familia de un predio que seencuentra junto, el cual estaba abandonado.
En este espacio expropiado, incluida la parte invadida delpredio de la familia Tlatehui Juárez, se está construyendo lanueva sede del DIF municipal, en el barrio Santa María Cuaco.
De acuerdo con los abogados, el día de los hechos el personalenviado por el Ayuntamiento de San Andrés Cholula delimitó elpredio, abarcando la salida y entrada (el portón) a la propiedadde dicha familia, por lo que tuvieron que ingresar a su propiedadpor medio de una escalera.
Dijeron que ante esta situación se presentaron tres juicios deamparo ante la justicia federal; el primero de ellos, que es el quebusca detener la obra, será resuelto el próximo 9 de enero de2018, estimaron.
Vislumbraron que se le concederá el juicio de amparo a lafamilia pues existen pruebas de que se les derribó su barda y deque se les expropió una parte de su terreno para poder iniciar unaobra del DIF municipal.
“Estamos seguros que el amparo es procedente, se le va aconceder a la familia Tlatehui porque tenemos pruebas que sonplenas, que dan la veracidad, en un amparo anterior en donde sedejó privados de su libertad a la familia, en donde había unchica lesionada que no podían salir”, refirió ÁlvaroRamírez.
Señalaron que el secretario de Seguridad Pública Municipalaceptó los actos reclamados y posteriormente los negó. Dijeronque el alcalde también ha negado que se haya invadido oexpropiado.
Manifestaron que al haber pruebas de que sí hubo una invasióny expropiación, ambos funcionarios estarían violando la Ley deAmparo, de tal suerte que se les impondrían las penas yamencionadas.
“Las declaraciones falsas o contradictorias que está dando elsecretario de Seguridad Pública junto con el presidente municipal,lo están llevando a caer en falsedad y va a tener comoconsecuencia la pena que marca la Ley de Amparo para este tipo dedelitos, estamos hablando de tres a nueve años de prisión y detres a ocho años de inhabilitación para ocupar un cargopúblico”, advirtieron.