En casi tres años de legislatura, el Congreso del Estado recibió al menos 50 solicitudes de revocación de mandato en contra de presidentes municipales, de los que destacan Tehuacán, Cuyoaco, Puebla, Cañada Morelos y San Martín Texmelucan, por conflictos políticos, sociales y la falta de servicios públicos.
Del total de peticiones solo procedieron las que se presentaron en contra del alcalde de Tehuacán, Felipe N, pues el 21 de septiembre de 2020 los diputados aprobaron la extinción del Cabildo, sin embargo, la medida no se ejecutó porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación aún no resuelve los juicios promovidos por el edil suplente Andrés Artemio Caballero López.
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La presidenta de la Comisión de Gobernación, Vianey García Romero, detalló a El Sol de Puebla que a lo largo de la LX Legislatura recibieron 50 solicitudes de revocación de mandato, de las cuales en dos se pidió la suspensión de regidores, una suspensión del síndico y dos desapariciones de ayuntamiento.
Los alcaldes que enfrentaron más solicitudes ciudadanas son Anabel Rechy Benavidez, de Cuyoaco; María de Lourdes Carrera Carrera, de Cañada Morelos con cinco peticiones, y Felipe Patjane Martínez, de Tehuacán, con nueve.
“En el caso de Tehuacán se ha resuelto (pero) lastimosamente quedó en manos de la Suprema Corte. Ya es muy tarde a estas alturas que pueda resolver en ese sentido y en el caso de los otros municipios ha habido situaciones en las que se ha ocupado la presidencia municipal”, dijo García.
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En la lista también se encuentran los alcaldes Alejandro López Velasco, de Juan N. Méndez; Judith Fernández Gutiérrez, de Aquixtla; Efigenia González Tamayo, de Mixtla; Joel Lozano Alameda, de Juan C. Bonilla; Vidal Roa Benítez, de Tlahuapan; Edgar de Jesús Murrieta Navarro, de Acateno y el edil de Soltepec.
Atanacio Pérez Cañete, de Teopantlán; Mario de la Rosa Romero, de Amozoc; Ignacio Salvador Hernández, de Ajalpan; Rodolfo Meléndez Meneses, de San Nicolás de los Ranchos; Jorge Alejandro Vera Palacios, de Rafael Lara Grajales.
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Silvano Teodoro Mauricio, de Huixcolotla; Víctor Manuel Iglesias Parra, de Zautla; Antonio Teutli Cuautle, de Coronango; Norma Layón Aarun, de San Martín Texmelucan y el síndico municipal de Puebla, Gonzalo Castillo Pérez.
Al listado se suma la demanda presentada en marzo de este año por la Alianza Empresarial por la Reactivación Económica, en contra de la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, quien la responsabilizó del deterioro económico de la ciudad y la falta de estrategias ante la pandemia.
Pese a ello, cuatro munícipes lograron la reelección por tres años más y se trata de María de Lourdes Carrera, de Cañada Morelos, emanada del PRI; Atanacio Pérez, de Teopantlán, apoyado por el PAN; Mario de la Rosa, de Amozoc, por Morena, y Norma Layón, de Texmelucan, también de Morena.
¿POR QUÉ NO PROCEDIERON LAS SOLICITUDES DE REVOCACIÓN DE MANDATO?
De acuerdo con la diputada García Romero, las solicitudes de revocación de mandato se estudiaron en conjunto con la Secretaría de Gobernación estatal, quien dio cause a algunos oficios y fungió como mediador de los conflictos.
Sin embargo, las peticiones no procedieron en la Comisión de Gobernación del Congreso porque algunas solo eran oficios, otras carecían de la documentación o los datos de las personas que pedían la revocación.
A FALTA DE CONSENSO TOMAN ALCALDÍAS
En algunos casos en los que no se logró el consenso los pobladores tomaron las presidencias municipales, como ocurrió en octubre de 2020 en Lara Grajales donde un grupo de personas lideradas por el síndico municipal y ocho de los nueve regidores del Cabildo, tomaron la presidencia en contra del alcalde Alejandro Vera, por el presunto desvío de 60 millones de pesos.
En abril de ese año, pobladores de Juan N. Méndez tomaron el control de la alcaldía, pues ante la ausencia del presidente municipal Alejandro López y el nulo apoyo para enfrentar la pandemia por Covid-19, ciudadanos emprendieron jornadas de sanitización en espacios públicos.
Otro conflicto es el que encabezan integrantes del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra Morelos, Puebla y Tlaxcala en Juan C. Bonilla, quienes el 8 de agosto ingresaron a la planta embotelladora de Bonafont, tras declarar culpables a las autoridades y la empresa de la explotación del agua.
En Puebla la revocación de mandato se incluyó en noviembre de 2019 cuando la LX Legislatura aprobó por mayoría de votos las reformas constitucionales que envió el Congreso de la Unión para incluir este mecanismo y las consultas ciudadanas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
