Con 26 votos a favor, el Congreso del Estado aprobó la desaparición del Ayuntamiento de Tehuacán y el nombramiento de un Concejo Municipal que estará en lo que resta del gobierno; sin embargo la medida no se ejecutará hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva el fondo de la controversia constitucional presentada.
Lo anterior significa que el decreto no será publicado en el Periódico Oficial del Estado ni entrará en vigor hasta que el máximo tribunal constitucional emita una sentencia.
Durante la sesión ordinaria de este lunes se discutió sobre la legalidad de los votos, sin embargo el dictamen fue aprobado por las dos terceras partes de los diputados.
Todos los legisladores de Morena, PT, Encuentro Social y Partido Verde votaron a favor de la extinción del Cabildo, entre ellos: Vianey García, Gabriel Biestro, Nora Merino, Emilio Maurer y Juan Pablo Kuri, así como Gerardo Islas, de Nueva Alianza, el legislador sin partido Hugo Alejo y casi toda la bancada del PRI con excepción de Rocío García Olmedo.
Los que votaron en contra fueron Rocío García; Héctor Alonso (sin partido); Carlos Morales (de Movimiento Ciudadano); la bancada del PAN: Raúl Espinosa, Mónica Rodríguez, Nancy Jiménez y Oswaldo Jiménez; del PRD: Liliana Luna y Armando García.
NO ES ALBAZO LEGISLATIVO
Gabriel Biestro argumentó que no se trata de un albazo legislativo, sino que se está cumpliendo con los 30 días hábiles establecidos en la Ley Orgánica Municipal para desaparecer un Cabildo tras las comparecencias de los regidores de Tehuacán realizadas el 13 y 23 de julio, es así que el procedimiento no puede detenerse. Además afirmó que la controversia no es un golpe político al Congreso y los diputados no irán a prisión.
“No estamos cometiendo ningún desacato, no estamos desatendiendo lo que dice la Corte, al contrario, ellos saben que vamos a tomar resoluciones como esta. El procedimiento no se puede detener porque hay plazos que no podemos pasar y perdería total validez. ¿Qué pasaría si la Corte dijera, adelante, ya estudiamos el fondo del caso y está bien el Congreso? Perderíamos cualquier oportunidad porque no hubiéramos actuado en los 30 días”, dijo.
Vianey García Romero, presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso, que se encargó de armar el dictamen, precisó que no se cae en desacato constitucional, dado que solo se está cumpliendo con los términos legales.
“Es mentira que sea un desacato. Dónde está la ilegalidad, coincido que hay mucha ignorancia y mucho protagonismo de quienes quieren confundir a la gente. El actuar de la comisión que presido fue objetivo, el dictamen atiende los supuestos legales”, dijo.
OPOSICIÓN: ES UN DESACATO CONSTITUCIONAL
Los diputados de oposición manifestaron en todo momento su voto en contra del dictamen con el argumento de que es un desacato constitucional, ya que el 1 de septiembre la Suprema Corte ordenó al Poder Legislativo abstenerse de ejecutar las resoluciones que, en su caso, hayan dictado o pudieran dictar en relación con la desaparición del Cabildo.
La priista Rocío García sentenció que no será cómplice de lo que calificó una irresponsabilidad administrativa o penal, ya que la suspensión de la Corte es algo delicado y emitir la desaparición y nombrar un Concejo Municipal sí son un acto de ejecución.
“Se dieron cuenta que no podemos ejecutar, todo lo que aquí se apruebe no va a proceder hasta que se concluya la controversia que se inició ante la Suprema Corte, eso es lo que va a pasar, nada más que en el inter hay varias cuestiones que se pueden ratificar, la Corte tendrá que revisar todo, nadie ha dicho que este efecto solo va para un lado”, dijo.
José Juan Espinosa Torres, del PT, advirtió la probable responsabilidad penal de los diputados que votaron a favor de la disolución del Ayuntamiento, inclusive sostuvo que Fernando Sánchez violó la ley al participar en deliberaciones de la Comisión de Gobernación y que ahora será nombrado presidente del Concejo Municipal.
Del PAN, el diputado Oswaldo Jiménez consideró que el dictamen es un acto de servilismo y sumisión de los diputados de Morena con el gobernador Luis Miguel Barbosa, quienes eventualmente quedarán en ridículo cuando la Corte resuelva la controversia presentada por el presidente municipal suplente, Andrés Artemio Caballero López.
También del PAN, Mónica Rodríguez afirmó que la Constitución local señala que los regidores suplentes pueden ser llamados cuando los propietarios sean destituidos.
El legislador sin partido Héctor Alonso recordó que los diputados ya no tienen fuero constitucional, lo que significa que ya podrán ser investigados y sancionados penalmente en caso de incurrir en desacato de una orden judicial y hasta ser destituidos.
¿CUÁNDO INICIÓ EL PROCESO?
El 9 de octubre de 2019, el presidente del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim), Juan José Hernández López, solicitó al Congreso del Estado analizar y tramitar la solicitud de revocación de mandato del presidente municipal Felipe Patjane Martínez, los regidores y del síndico municipal de Tehuacán.
El titular de la asociación civil pidió investigaciones y que en su caso se formalizara un concejo municipal avalado por los ciudadanos. El 30 de octubre presentó un escrito complementario con sus argumentos y el 9 de marzo promovió un segundo escrito.
Después, el 17 de febrero de este año, el Congreso recibió el escrito de un grupo de ciudadanos del municipio de Tehuacán que solicitaban la revocación de mandato del alcalde, los regidores y síndico municipal, y que se creara un concejo.
El 13 de marzo, la Comisión de Gobernación solicitó documentación a la Secretaría de Gobernación, Fiscalía General del Estado, Tribunal Superior de Justicia del Estado, Auditoría Superior del Estado, Secretaría de Planeación y Finanzas, Secretaría de la Función Pública, Tribunal de Justicia Administrativa y la comuna de Tehuacán, para resolver las solicitudes de revocación de mandato y desaparición del Ayuntamiento.
Pero fue hasta el 6 de julio que la Comisión declaró el inicio del procedimiento de desaparición del Ayuntamiento y citó a audiencia a los regidores para que presentaran pruebas y alegatos en su defensa cuyas comparecencias se realizaron el 13 y 23 de julio.
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