/ martes 5 de febrero de 2019

A 100 días de gobierno, alcaldías de Cuyoaco y Juan N. Méndez están cerradas

Este 5 de febrero la presidencia de Cuyoaco sumó 6 meses de cierre, luego de que un grupo de vecinos protestara ante la falta de agua potable, por lo que la autoridad despacha desde una casa rentada

Por conflictos con grupos opositores, las presidencias municipales de Cuyoaco y Juan N. Méndez continúan cerradas a 100 días de que arrancaron trabajos las nuevas administraciones, mismas que esperan la intervención de la Secretaría General de Gobierno (SGG) o el Congreso del Estado para solucionar los problemas heredados por las administraciones anteriores.

CONFLICTO DEL AGUA

En Cuyoaco ocurrió lo mismo que en diversos municipios y juntas auxiliares de Puebla: se transfirió el poder nada menos que entre familias. Previamente gobernaba José Luis Rechy Tirado y ahora lo hace su hija, Anabel Rechy Benavidez. Aunque el actual Ayuntamiento se ha desligado de los problemas del anterior, lo cierto es que va alrededor de medio año que la presidencia municipal está cerrada, lo que ha retrasado la entrega de actas de nacimiento y de defunción.

Mientras los pobladores que mantienen cerrado el inmueble, así como otros habitantes de la comunidad, denuncian insuficiencia de agua, fallas en el servicio de energía eléctrica y obras mal ejecutadas, el gobierno municipal se defiende y dice que se trata de un conflicto político con los partidos, que “están dolidos” por los resultados electorales.

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La vida corre lentamente en ese municipio, donde el 78.2 por ciento de la población vive en pobreza moderada y extrema según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), con los pobladores que llevan a sus hijos a la escuela, se dedican al campo o a sus pequeños negocios.

Un grupo se mantiene fuera de la alcaldía. Don Marco Rojas es una de las personas que se encuentra en plantón desde el pasado 4 de agosto de 2018, cuando definieron exigir el abasto de agua al 100 por ciento, iluminación en las principales calles y en la plaza principal, obras visibles y una auditoría a la gestión de José Luis Rechy, a quien los pobladores acusan de mal uso de 350 millones de pesos.

El entrevistado y sus compañeros dijeron que toda la gestión del personaje se caracterizó por carencia de agua y problemas con la electrificación, así como aumento de “huachicoleo” (robo de combustible) e inseguridad.

También lo acusaron por efectuar obras que solo beneficiaban a él y a sus familiares, y por favorecer a su hija en las elecciones del 1 de julio, con entrega de despensas y compra de votos.

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Todos ellos pidieron a la Auditoría Superior del Estado de Puebla (ASE) hacer una revisión minuciosa a toda la gestión de Rechy; lo mismo solicitaron a la Comisión Inspectora del Congreso del Estado.

En tanto, a la Secretaría General de Gobierno (SGG) le requirieron dar seguimiento a las mesas de negociación, para garantizar que el nuevo gobierno municipal cumpla con los servicios municipales, y haya condiciones para reabrir el palacio municipal.

RENTAN INMUEBLE


Efraín González, secretario general del Ayuntamiento, confesó que la comuna paga renta por operar en un inmueble ubicado en la carretera federal Teziutlán-Acajete. No dijo que se trate de un inmueble propiedad de la familia Rechy, pero en notas periodísticas publicadas por esta casa editorial, se ha referido que el sitio donde despachaba él –y ahora lo hace su hija– es de su propiedad.

Ante la ausencia de la presidenta, que se encontraba en Puebla a decir de González, este reconoció que hay complicaciones por despachar en un inmueble en el que se paga renta, aunque no precisó cuánto. Los problemas son por no tener a la mano los libros de registro de nacimiento y otros documentos oficiales.

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Asimismo, negó que haya falta de servicios de agua y electricidad, e incluso acusó al grupo opositor de cortar el cableado de iluminación. Descartó que haya escasez de los servicios, e incluso dijo –sin precisar ningún dato duro– que ya hay un acuerdo con la CFE para pagar la deuda que la comuna tiene.

En todo momento refirió que pese a la relación padre-hija que hay entre la actual autoridad y el exedil, se trata de administraciones diferentes. Minimizó el movimiento de inconformes y dijo que la presidenta sí trabaja para cumplir las 19 obras con las que se comprometió en campaña.

Aunque negó que haya aumentado el “huachicoleo” y la inseguridad en el municipio, reconoció que solo se tienen 24 policías y una patrulla para el cien por ciento de los habitantes, cuyo número desconoció, pero que, de acuerdo al Inegi, es de 15 mil 704.

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Finalmente, señaló que el Ayuntamiento está dispuesto a regresar al palacio municipal, siempre que la SGG logre un acuerdo. No obstante, dijo que hay condiciones imposibles de cumplir, por parte del Ayuntamiento, hacia los manifestantes.

EN JUAN N. MÉNDEZ TAMBIÉN ESTÁ CERRADA LA ALCALDÍA

Han pasado 100 días desde que los nuevos gobiernos municipales entraron en funciones y en Juan N. Méndez la alcaldía permanece cerrada. Todo comenzó el 16 de septiembre cuando un joven fue asesinado presuntamente en un fuego cruzado entre un grupo de personas y policías municipales.

Desde entonces, la cabecera municipal está protegida por tres policías estatales después de que los habitantes quemaran, después del incidente, la casa del exalcalde Daniel López Cayetano y del entonces electo, su sobrino, quien ahora despacha en domicilios particulares porque no puede trabajar en las oficinas municipales.

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Esta semana un grupo de pobladores se reunió frente al palacio municipal. La convocatoria se originó a petición de Guillermo Gregorio del Rosario, quien compitió en la elección pasada por el puesto de alcalde a través de Juntos Haremos Historia, aunque no se presentó a la cita, contrario a los pobladores, que al final se negaron a dar más información, pues los líderes acusaron a este medio de estar a favor del alcalde aún en funciones.

“La presidencia no está tomada”, señaló Castro y acusó que no se brindaban los servicios porque el alcalde y los policías huyeron, por temor de perder la vida, después del conflicto que terminó con la quema de los hogares del expresidente y de su sobrino.

“Sí queremos que sean llevados los mensajes reales y que sea removida esta persona, que de acuerdo a la ley está fuera de los tiempos, y que se considere que este tema es social y nos está afectando a todos; necesitamos todos los servicios, necesitamos que alguien pueda resolver las cosas”, expresó Claudia Castro, regidora de Educación de Guadalupe Victoria, una de las tres juntas auxiliares del municipio, y responsabilizó al Congreso del Estado por no intervenir en el caso, aunque el cierre data del año pasado.

Mientras tanto, la madre del joven asesinado, Isabel Cruz Contreras, pidió justicia. “Soy su madre, era la mano derecha que me ayuda; queremos justicia, algún día me va a pasar algo y recuerdo a mi hijo y me voy a morir”.

En tanto el conflicto se destraba, el grupo de pobladores creó un comité el cual intentan que sea reconocido como Consejo por el Congreso del Estado, mientras que el alcalde sigue trabajando en las comunidades y juntas auxiliares.

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CONFLICTO DEL AGUA

En Cuyoaco ocurrió lo mismo que en diversos municipios y juntas auxiliares de Puebla: se transfirió el poder nada menos que entre familias. Previamente gobernaba José Luis Rechy Tirado y ahora lo hace su hija, Anabel Rechy Benavidez. Aunque el actual Ayuntamiento se ha desligado de los problemas del anterior, lo cierto es que va alrededor de medio año que la presidencia municipal está cerrada, lo que ha retrasado la entrega de actas de nacimiento y de defunción.

Mientras los pobladores que mantienen cerrado el inmueble, así como otros habitantes de la comunidad, denuncian insuficiencia de agua, fallas en el servicio de energía eléctrica y obras mal ejecutadas, el gobierno municipal se defiende y dice que se trata de un conflicto político con los partidos, que “están dolidos” por los resultados electorales.

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Un grupo se mantiene fuera de la alcaldía. Don Marco Rojas es una de las personas que se encuentra en plantón desde el pasado 4 de agosto de 2018, cuando definieron exigir el abasto de agua al 100 por ciento, iluminación en las principales calles y en la plaza principal, obras visibles y una auditoría a la gestión de José Luis Rechy, a quien los pobladores acusan de mal uso de 350 millones de pesos.

El entrevistado y sus compañeros dijeron que toda la gestión del personaje se caracterizó por carencia de agua y problemas con la electrificación, así como aumento de “huachicoleo” (robo de combustible) e inseguridad.

También lo acusaron por efectuar obras que solo beneficiaban a él y a sus familiares, y por favorecer a su hija en las elecciones del 1 de julio, con entrega de despensas y compra de votos.

Entérate: ¡Muertes y catástrofes! La Bruja Zulema trae las predicciones para 2019

Todos ellos pidieron a la Auditoría Superior del Estado de Puebla (ASE) hacer una revisión minuciosa a toda la gestión de Rechy; lo mismo solicitaron a la Comisión Inspectora del Congreso del Estado.

En tanto, a la Secretaría General de Gobierno (SGG) le requirieron dar seguimiento a las mesas de negociación, para garantizar que el nuevo gobierno municipal cumpla con los servicios municipales, y haya condiciones para reabrir el palacio municipal.

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Efraín González, secretario general del Ayuntamiento, confesó que la comuna paga renta por operar en un inmueble ubicado en la carretera federal Teziutlán-Acajete. No dijo que se trate de un inmueble propiedad de la familia Rechy, pero en notas periodísticas publicadas por esta casa editorial, se ha referido que el sitio donde despachaba él –y ahora lo hace su hija– es de su propiedad.

Ante la ausencia de la presidenta, que se encontraba en Puebla a decir de González, este reconoció que hay complicaciones por despachar en un inmueble en el que se paga renta, aunque no precisó cuánto. Los problemas son por no tener a la mano los libros de registro de nacimiento y otros documentos oficiales.

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Asimismo, negó que haya falta de servicios de agua y electricidad, e incluso acusó al grupo opositor de cortar el cableado de iluminación. Descartó que haya escasez de los servicios, e incluso dijo –sin precisar ningún dato duro– que ya hay un acuerdo con la CFE para pagar la deuda que la comuna tiene.

En todo momento refirió que pese a la relación padre-hija que hay entre la actual autoridad y el exedil, se trata de administraciones diferentes. Minimizó el movimiento de inconformes y dijo que la presidenta sí trabaja para cumplir las 19 obras con las que se comprometió en campaña.

Aunque negó que haya aumentado el “huachicoleo” y la inseguridad en el municipio, reconoció que solo se tienen 24 policías y una patrulla para el cien por ciento de los habitantes, cuyo número desconoció, pero que, de acuerdo al Inegi, es de 15 mil 704.

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Han pasado 100 días desde que los nuevos gobiernos municipales entraron en funciones y en Juan N. Méndez la alcaldía permanece cerrada. Todo comenzó el 16 de septiembre cuando un joven fue asesinado presuntamente en un fuego cruzado entre un grupo de personas y policías municipales.

Desde entonces, la cabecera municipal está protegida por tres policías estatales después de que los habitantes quemaran, después del incidente, la casa del exalcalde Daniel López Cayetano y del entonces electo, su sobrino, quien ahora despacha en domicilios particulares porque no puede trabajar en las oficinas municipales.

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Esta semana un grupo de pobladores se reunió frente al palacio municipal. La convocatoria se originó a petición de Guillermo Gregorio del Rosario, quien compitió en la elección pasada por el puesto de alcalde a través de Juntos Haremos Historia, aunque no se presentó a la cita, contrario a los pobladores, que al final se negaron a dar más información, pues los líderes acusaron a este medio de estar a favor del alcalde aún en funciones.

“La presidencia no está tomada”, señaló Castro y acusó que no se brindaban los servicios porque el alcalde y los policías huyeron, por temor de perder la vida, después del conflicto que terminó con la quema de los hogares del expresidente y de su sobrino.

“Sí queremos que sean llevados los mensajes reales y que sea removida esta persona, que de acuerdo a la ley está fuera de los tiempos, y que se considere que este tema es social y nos está afectando a todos; necesitamos todos los servicios, necesitamos que alguien pueda resolver las cosas”, expresó Claudia Castro, regidora de Educación de Guadalupe Victoria, una de las tres juntas auxiliares del municipio, y responsabilizó al Congreso del Estado por no intervenir en el caso, aunque el cierre data del año pasado.

Mientras tanto, la madre del joven asesinado, Isabel Cruz Contreras, pidió justicia. “Soy su madre, era la mano derecha que me ayuda; queremos justicia, algún día me va a pasar algo y recuerdo a mi hijo y me voy a morir”.

En tanto el conflicto se destraba, el grupo de pobladores creó un comité el cual intentan que sea reconocido como Consejo por el Congreso del Estado, mientras que el alcalde sigue trabajando en las comunidades y juntas auxiliares.

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