Minutos después de abandonar en 2015 el Centro de Reinserción Social (Cereso) de esta ciudad, Enedina Rosas, uno de los presos políticos por defender sus tierras del gasoducto Morelos, dijo a los pocos reporteros apostados allí el triunfo de su lucha, y de la lucha de su gente, no era obtener la libertad, era cancelar definitivamente el paso de la obra o de plano revocar los permisos entregados por las autoridades locales para imponer la obra.
Cuatro años después y con ese tema por momentos abandonado mediática y políticamente, aunque no legalmente por los afectados, la razón llegó no solo para esta mujer, de igual manera para los cientos de campesinos de varias comunidades locales tras el acatamiento de parte del Cabildo de una disposición administrativa ordenada por un Juez Federal.
¿Y cuál fue esa decisión?: “Para dictar la sentencia a favor de las comunidades rurales de revocación de los permisos de paso del gasoducto por Atlixco, el Juez partió de una evidencia: se violó el derecho de audiencia de los pueblos originarios, es decir, su opinión no fue tomada en cuenta y no conocían a detalle el proyecto”.
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EL REGRESO
En sesión extraordinaria de un solo punto, el Cabildo de esta ciudad aprobó por mayoría un dictamen para dejar sin efecto el otorgamiento de la licencia para la construcción del gasoducto Tlaxcala-Puebla-Morelos, y el cual atraviesa por este municipio desde el 2015.
En 2014 en el sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas y trienio del ex alcalde panista José Luis Galeazzi Berra, se dio luz verde a esos permisos con 11 de 13 votos.
La regidora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Evelia Mani, calificó este hecho de la siguiente manera: “Tarde, pero se hizo justicia a las comunidades en Atlixco que se negaban a la instalación del gasoducto”.
Según el dictamen, un Juez federal concedió un amparo “y ahora los pueblos tendrán que ser consultadas para decidir si quieren que este proyecto siga adelante”.
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Todo esto a partir de un requerimiento enviado a la actual administración, por parte del Juez Primero de Distrito en Materia Penal del Estado de Puebla, donde se indica que sí procede el amparo que interpusieron las comunidades de San Jerónimo Caleras, Santa Lucía Cosamaloapan, San Isidro Huilotepec, y San José el Recreo.
El Proyecto Integral Morelos está a cargo de la empresa italiana Bonatti, las españolas Elecnor, Enagas y Abengoa y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y comprende un gasoducto de 160 kilómetros de longitud y 30 pulgadas de ancho.
RECUERDOS
Algunos medios locales recuerdan la fecha: abril del 2014. “Cerca de las 12 horas de este día domingo policías detuvieron a la Comisariada Ejidal de San Felipe Xonacayucan: Enedina Rosas Vélez.
“La detención se llevó a cabo luego de que terminara una reunión de comisariados ejidales en la comunidad de San José Teruel, municipio de Tepeojuma, quienes manifestaron su oposición al proyecto del Gasoducto Morelos.
“Los policías sin identificarse y sin mostrar orden alguna detuvieron a la sexagenaria comisariada ejidal, y apuntaron con sus armas a los presentes para que no se acercaran a la detenida, cuando las personas cuestionaban por qué se la querían llevar”.
