Venustiano Carranza, Pue. Presuntos actos de actos de corrupción e intimidación durante el proceso para obtener un recurso aprobado a través del programa “La Escuela es Nuestra”, señalaron integrantes del Comité Escolar de Administración Participativa (CEAP) de la primaria Expropiación Petrolera, localizada en la Junta Auxiliar de Lázaro Cárdenas, municipio de Venustiano Carranza.
Tutores y papás de alumnos dieron a conocer que fueron citados por los operadores del programa federal, quienes notificaron del beneficio a la institución educativa.
En la reunión les refirieron las reglas de operación, pero que se requería una cotización urgente, misma que debían presentar lo antes posible, de lo contrario el recurso se perdería.
Ante la situación, los integrantes del comité señalaron que la exigencia se dio con la intención de beneficiar a allegados de los responsables del programa, según dijeron, dado que les recomendaron “forzosamente el servicio de unos asesores”, quienes al realizar la cotización tenían que llevarse un porcentaje de la obra y la ejecución de los trabajos en la escuela beneficiada.
Los integrantes del comité no accedieron a la propuesta, porque consideraron que había padres de familia capaces de realizar la cotización y “empezó la negativa” de los operadores del programa a quienes identificaron como, Irene Martínez Domínguez y Eduardo Yáñez Rosales.
Los quejosos aseguraron que acudieron en tiempo y forma en octubre pasado a entregar la documentación, sin embargo, no les firmaron de recibida la cotización, además de que acusaron un “trato prepotente, grosero y vulgar”.
El caso fue expuesto ante la delegada regional de Bienestar, Lizeth Aguirre Ortíz, de quien afirmaron que habría actuado “bajo complicidad” dado que les fue retirado el beneficio ya aprobado para esta institución.
Las quejas fueron hechas por los papás inconformes, mediante un comunicado, en el que se lamentó la forma de operar en estos programas para beneficiar a terceros, a quienes se les asignan obras “que dejan jugosas ganancias”, incluso hasta para los representantes del programa.
Los quejosos insistieron en una investigación sobre el caso, pues acusaron que cumplieron con todos los requisitos solicitados, pero no a los chantajes e intimidaciones de los que fueron objeto.
