/ sábado 21 de septiembre de 2019

Administración de Gali se extralimitó en conflicto de Huauchinango, afirman

Un documento del Indaabin revela el reproche realizado por la federación al gobierno estatal por entrometerse sin tener las facultades

La administración de Antonio Gali Fayad se extralimitó en sus funciones, entrometiéndose en el conflicto de 2018 por la disputa del inmueble de la Casa de Cultura de Huauchinango, toda vez que es un tema que no es jurisdicción del gobierno del estado, afirma un documento oficial de la Dirección General de Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacional (Indaabin).

Se trata de un documento filtrado a este medio de comunicación en el que Alan Daniel Porchini, exdirector General de Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacional, respondió a algunas solicitudes y dudas de Modesto Miguel Cruz García, exdirector General de Gobierno del Estado de Puebla, sobre la propiedad o usufructo del inmueble público que actualmente ocupa la Casa de Cultura de Huauchinango.

En el documento se establece que el gobierno del estado de Puebla, a través de la Dirección General de Gobierno, pedía informes sobre la situación legal del inmueble que era reclamado por un grupo de católicos, pero que es utilizado por el Ayuntamiento.

La federación se asumió como la instancia de gobierno competente para resolver todas las cuestiones que se susciten sobre la extensión y deslinde de los inmuebles federales utilizados para fines religiosos y sus anexidades, así como los derechos y obligaciones de las asociaciones religiosas y los responsables de los templos respecto de la administración, cuidado y vigilancia de dichos inmuebles.

El gobierno federal informó que, al recabarse la información en el Registro Público de la Propiedad Federal, se pudo precisar que el inmueble cuenta con cédula de inventario y, por otra parte, la dependencia federal precisó que el inmueble en cuestión debería haber quedado a disposición de la federación en el supuesto caso de que el Ayuntamiento de Huauchinango lo dejara de utilizar, dado que “el gobierno del estado no tiene facultades para haber entregado el mismo a terceras personas”.

La administración de Antonio Gali Fayad se extralimitó en sus funciones, entrometiéndose en el conflicto de 2018 por la disputa del inmueble de la Casa de Cultura de Huauchinango, toda vez que es un tema que no es jurisdicción del gobierno del estado, afirma un documento oficial de la Dirección General de Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacional (Indaabin).

Se trata de un documento filtrado a este medio de comunicación en el que Alan Daniel Porchini, exdirector General de Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacional, respondió a algunas solicitudes y dudas de Modesto Miguel Cruz García, exdirector General de Gobierno del Estado de Puebla, sobre la propiedad o usufructo del inmueble público que actualmente ocupa la Casa de Cultura de Huauchinango.

En el documento se establece que el gobierno del estado de Puebla, a través de la Dirección General de Gobierno, pedía informes sobre la situación legal del inmueble que era reclamado por un grupo de católicos, pero que es utilizado por el Ayuntamiento.

La federación se asumió como la instancia de gobierno competente para resolver todas las cuestiones que se susciten sobre la extensión y deslinde de los inmuebles federales utilizados para fines religiosos y sus anexidades, así como los derechos y obligaciones de las asociaciones religiosas y los responsables de los templos respecto de la administración, cuidado y vigilancia de dichos inmuebles.

El gobierno federal informó que, al recabarse la información en el Registro Público de la Propiedad Federal, se pudo precisar que el inmueble cuenta con cédula de inventario y, por otra parte, la dependencia federal precisó que el inmueble en cuestión debería haber quedado a disposición de la federación en el supuesto caso de que el Ayuntamiento de Huauchinango lo dejara de utilizar, dado que “el gobierno del estado no tiene facultades para haber entregado el mismo a terceras personas”.

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