/ lunes 8 de marzo de 2021

Amenazan a abogado por caso de linchamiento en Acatlán

 En agosto de 2019, los deudos interpusieron una demanda contra el gobierno estatal y el Ayuntamiento de Acatlán por los daños patrimoniales, morales y psicológicos causados

El agente del Ministerio Público Investigador del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, José Tomás Titla Damián, solicitó medidas de protección para el abogado Víctor Alonso Tadeo Solano durante su estancia en Puebla, debido a que el asesor jurídico de las víctimas indirectas del linchamiento ocurrido en 2018 en Acatlán de Osorio, recibió amenazas.

El oficio en poder de El Sol de Puebla señala que el agente del segundo turno solicitó al director general de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), que autorice a personal de la corporación a su cargo que resguarden la integridad física del abogado durante su estancia en la ciudad de Puebla, en la que tenga que estar en audiencia pública, tanto en la capital como en el Distrito Judicial de Izúcar y Acatlán.

Lo anterior, tomando en consideración que Víctor Alonso es asesor jurídico de las víctimas indirectas; además que se inició la carpeta de investigación en contra de 12 personas –por su presunto involucramiento en el linchamiento de Alberto N. y Ricardo N.-, petición que hizo en virtud de que el defensor ha recibido amenazas respecto a su integridad física.

Recientemente, el abogado informó que los familiares ganaron un juicio que obliga al Ayuntamiento de Acatlán de Osorio a pagar una indemnización por el daño causado.

Puntualizó que, aunque todavía no existe un fallo, esperan una sentencia condenatoria contra el gobierno del estado de Puebla, ya que la autoridad estatal contestó de manera extemporánea, con lo que precluyó su derecho dentro del juicio que se lleva en la Sexta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado (TJAEP).

En agosto de 2019, los deudos interpusieron una demanda contra el gobierno estatal y el Ayuntamiento de Acatlán para reclamar el pago de 100 millones de pesos por los daños patrimoniales, morales y psicológicos causados. El 29 de agosto de 2018, Alberto y Ricardo fueron quemados vivos por pobladores que los confundieron con “robachicos”.

El agente del Ministerio Público Investigador del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, José Tomás Titla Damián, solicitó medidas de protección para el abogado Víctor Alonso Tadeo Solano durante su estancia en Puebla, debido a que el asesor jurídico de las víctimas indirectas del linchamiento ocurrido en 2018 en Acatlán de Osorio, recibió amenazas.

El oficio en poder de El Sol de Puebla señala que el agente del segundo turno solicitó al director general de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), que autorice a personal de la corporación a su cargo que resguarden la integridad física del abogado durante su estancia en la ciudad de Puebla, en la que tenga que estar en audiencia pública, tanto en la capital como en el Distrito Judicial de Izúcar y Acatlán.

Lo anterior, tomando en consideración que Víctor Alonso es asesor jurídico de las víctimas indirectas; además que se inició la carpeta de investigación en contra de 12 personas –por su presunto involucramiento en el linchamiento de Alberto N. y Ricardo N.-, petición que hizo en virtud de que el defensor ha recibido amenazas respecto a su integridad física.

Recientemente, el abogado informó que los familiares ganaron un juicio que obliga al Ayuntamiento de Acatlán de Osorio a pagar una indemnización por el daño causado.

Puntualizó que, aunque todavía no existe un fallo, esperan una sentencia condenatoria contra el gobierno del estado de Puebla, ya que la autoridad estatal contestó de manera extemporánea, con lo que precluyó su derecho dentro del juicio que se lleva en la Sexta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado (TJAEP).

En agosto de 2019, los deudos interpusieron una demanda contra el gobierno estatal y el Ayuntamiento de Acatlán para reclamar el pago de 100 millones de pesos por los daños patrimoniales, morales y psicológicos causados. El 29 de agosto de 2018, Alberto y Ricardo fueron quemados vivos por pobladores que los confundieron con “robachicos”.

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