Izúcar de Matamoros, Pue. – En un operativo de rutina, un hombre denunció haber sido privado de su libertad por elementos de Seguridad Pública municipal de Izúcar de Matamoros, además de la Guardia Nacional y ser parte de los abusos de autoridad por parte del juez calificador de los separos del municipio.
Fue a través de un documento que ingresó ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos donde señaló que, como parte de sus actividades sin fines de lucro formó parte de una brigada para combatir un incendio forestal en el municipio de Teopantlán, el pasado 14 de abril de 2021, sin embargo ya de regreso a bordo de su motocicleta, justo sobre la vialidad Icatep-UTIM fue detenido por un retén de la Guardia Nacional y la Policía Municipal.
El joven quien se identificó como Cristian Morales Galarza, demostró que contaba con la documentación en regla y además les comentó que en su mochila llevaba un cuchillo perfectamente guardado, que había utilizado para abrir brechas durante la sofocación del incendio al que había ido como voluntariado.
Pese a lo anterior, sin motivo aparente, el hombre fue detenido y a bordo de una patrulla fue trasladado a la comandancia municipal, donde lo obligaron a firmar un documento en blanco, argumentó al tiempo que señaló permaneció por más de 22 horas en los separos sin que le permitieran realizar una llamada telefónica, privándolo de su libertad.
Después de cumplir las horas que las autoridades le imputaron, se presentó con el juez calificador quien lo identificó como Miguel Castillo, solo le pidió pagara la multa de la falta administrativa, por lo que no tuvo otra opción que liquidar lo que le requirieron, además de que le negaron entregarle su recibo correspondiente.
Después de pagar la multa, también tenía que pagar mil 200 pesos en el corralón donde estaba su unidad de dos ruedas, en donde se percató de que el tanque de gasolina estaba vacío, ante estos hechos, la joven víctima presentó su denuncia en contra de los elementos de la policía municipal, la Guardia Nacional y el juez calificador Miguel Castillo, ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por la violación de sus derechos.