/ miércoles 3 de marzo de 2021

¡De la vista gorda! Ediles rechazan combatir violencia política de género 

Los municipios, principalmente de la Mixteca y Sierra Norte, son los que más se resisten a cumplir con las medidas cautelares por agresión a funcionarias

Son los alcaldes, principalmente de la Sierra Norte y Mixteca, los que más se resisten a cumplir con todas las acciones y medidas cautelares para evitar o sancionar los actos de violencia política de género, reveló la consejera y presidenta de la Comisión de Igualdad y no Discriminación del Instituto Electoral del Estado (IEE), Luz Alejandra Gutiérrez Jaramillo.

“En nuestro caso, los presidentes municipales se resisten muchísimo a llevarlas a cabo, yo digo que estamos en un camino de aprendizaje, tanto nosotros como algunas autoridades porque sí hay un tema de mucha resistencia para acatar lo que manda la autoridad, sobre todo cuando son municipios de la Sierra Norte, de la Mixteca”, expuso durante un foro con medios de comunicación.

Recordó que en Puebla el IEE cuenta con un registro estatal de personas sancionadas por violencia política de género, que es consultado para identificar a los aspirantes que no pueden competir por haber cometido actos de violencia política de género y hasta delitos de violencia familiar.

“En el caso de Puebla no solamente tenemos el caso de violencia política en ese registro, sino también tenemos, como un requisito de elegibilidad, que las personas que han cometido delitos de violencia familiar por incumplimiento de la obligación alimentaria tampoco pueden ser candidatos o candidatas”.

De igual forma, reveló que por primera vez en la historia del IEE pondrá en marcha un programa de monitoreo de medios de comunicación con perspectiva de género para supervisar la existencia estereotipos o violencia en contra de candidatas y candidatos.

“Algo que en este proceso electoral será la primera vez que lo implementaremos es un monitoreo con perspectiva de género, este monitoreo lo que busca es que podamos nosotros identificar esta parte de sí existen estereotipos, cuál es el tratamiento que se les da a las y los candidatos”.

En ese sentido, informó que ya se hizo un primer ejercicio con el periodo de precampañas, además de que se elaboró un documento para que la empresa encargada del monitoreo pueda identificar conductas que puedan convertirse en violencia política de género.

“Lo hicimos en precampañas y ahorita los primeros informes han arrojado información interesante del manejo que le dan los medios a las y los candidatos, entonces este monitoreo lo que busca es que podamos tener esos elementos para conocer cuál es el tratamiento que se les da”.

De acuerdo con el seguimiento realizado por El Sol de Puebla, uno de los casos que ha llegado a tribunales electorales por violencia política y de género, es el denunciado por la regidora panista de Francisco Z. mena, Flor Ávila Núñez, quien fue separada del cargo por el alcalde morenista Pascual Morales, a quien el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) ordenó reinstalar en el cargo, pedir una disculpa pública, pagar los salarios caídos, entre otras medidas de reparación del daño. Sin embargo, el mismo alcalde buscó revertir el fallo y a decir de la concejal aún no han sido cumplidos todos los puntos observados.

Son los alcaldes, principalmente de la Sierra Norte y Mixteca, los que más se resisten a cumplir con todas las acciones y medidas cautelares para evitar o sancionar los actos de violencia política de género, reveló la consejera y presidenta de la Comisión de Igualdad y no Discriminación del Instituto Electoral del Estado (IEE), Luz Alejandra Gutiérrez Jaramillo.

“En nuestro caso, los presidentes municipales se resisten muchísimo a llevarlas a cabo, yo digo que estamos en un camino de aprendizaje, tanto nosotros como algunas autoridades porque sí hay un tema de mucha resistencia para acatar lo que manda la autoridad, sobre todo cuando son municipios de la Sierra Norte, de la Mixteca”, expuso durante un foro con medios de comunicación.

Recordó que en Puebla el IEE cuenta con un registro estatal de personas sancionadas por violencia política de género, que es consultado para identificar a los aspirantes que no pueden competir por haber cometido actos de violencia política de género y hasta delitos de violencia familiar.

“En el caso de Puebla no solamente tenemos el caso de violencia política en ese registro, sino también tenemos, como un requisito de elegibilidad, que las personas que han cometido delitos de violencia familiar por incumplimiento de la obligación alimentaria tampoco pueden ser candidatos o candidatas”.

De igual forma, reveló que por primera vez en la historia del IEE pondrá en marcha un programa de monitoreo de medios de comunicación con perspectiva de género para supervisar la existencia estereotipos o violencia en contra de candidatas y candidatos.

“Algo que en este proceso electoral será la primera vez que lo implementaremos es un monitoreo con perspectiva de género, este monitoreo lo que busca es que podamos nosotros identificar esta parte de sí existen estereotipos, cuál es el tratamiento que se les da a las y los candidatos”.

En ese sentido, informó que ya se hizo un primer ejercicio con el periodo de precampañas, además de que se elaboró un documento para que la empresa encargada del monitoreo pueda identificar conductas que puedan convertirse en violencia política de género.

“Lo hicimos en precampañas y ahorita los primeros informes han arrojado información interesante del manejo que le dan los medios a las y los candidatos, entonces este monitoreo lo que busca es que podamos tener esos elementos para conocer cuál es el tratamiento que se les da”.

De acuerdo con el seguimiento realizado por El Sol de Puebla, uno de los casos que ha llegado a tribunales electorales por violencia política y de género, es el denunciado por la regidora panista de Francisco Z. mena, Flor Ávila Núñez, quien fue separada del cargo por el alcalde morenista Pascual Morales, a quien el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) ordenó reinstalar en el cargo, pedir una disculpa pública, pagar los salarios caídos, entre otras medidas de reparación del daño. Sin embargo, el mismo alcalde buscó revertir el fallo y a decir de la concejal aún no han sido cumplidos todos los puntos observados.

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