La Comisión de Derechos Humanos (CDH) del Estado de Puebla emitió la recomendación 12/2019 en contra de la presidenta municipal de Acatlán de Osorio, María del Carmen Nava Martínez, por el linchamiento de Alberto N. y su sobrino Ricardo N. que ocurrió el 29 de agosto de 2018 y ordenó la reparación del daño a los familiares.
El organismo local recomendó que la alcaldía proporcione a los familiares directos atención psicológica que permita su rehabilitación y la superación de las secuelas que fueron provocadas con motivo de los hechos, y que instruya para que se les repare los daños causados por los perjuicios y pérdidas materiales que han tenido que erogar por la violación a sus derechos humanos, pero también por los sufrimientos y aflicciones causadas.
La presidenta tendrá que capacitar en materia de derechos humanos y mediación a los policías municipales y al personal de la presidencia municipal de Acatlán de Osorio a partir del estudio de casos de linchamientos y el protocolo de actuación para casos de intentos de linchamiento en el Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado.
Tendrá que elaborar un proyecto de reforzamiento de la seguridad de la Comandancia Municipal de Acatlán y proceda presupuestal y administrativamente a su ejecución, además deberá diseñar e implementar dos jornadas de cultura de la legalidad y justicia, dirigidas a la sociedad civil del municipio, para incentivar su participación social y la difusión de la labor de las instituciones municipales, particularmente la de seguridad pública.
La recomendación 12/2019 de la CDH, detalla que la alcaldesa deberá instruir a quien corresponda para que colabore con la Fiscalía General del Estado (FGE) en la integración de la carpeta de investigación CDl1 que se inició por el linchamiento de los dos hombres el 29 de agosto de 2018, aportando toda prueba que ayude a esclarecer los hechos.
La comisión también recomendó al secretario de Seguridad Pública del Estado, Ildefonso Amezaga Ramírez, que determine sobre el inicio del procedimiento de investigación administrativa en contra del personal de la secretaría a su cargo. Del mismo modo se le ordenó al secretario de Gobernación, Fernando Manzanilla Prieto, que inicie las investigaciones para profundizar sobre si hubo omisiones en la participación del personal.
A la Fiscalía se le solicitó que instruya al agente del Ministerio Público que abra una carpeta de investigación sobre los hechos que derivaron en el linchamiento de Alberto N. y Ricardo N., quienes fueron acusados por un grupo de pobladores de ser “robachicos” cuando en realidad solo eran un par de ciudadanos más.
En abril de 2019 elementos de la FGE cumplieron con una orden de aprehensión en contra de una mujer y un hombre, quienes presuntamente participaron en el linchamiento de Alberto y Ricardo. Los acusados se encontraban en el momento en que los hombres fueron quemados por una multitud afuera del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Acatlán.
