El presidente municipal de Chignahuapan, Javier Tirado Saavedra, inició un procedimiento legal ante la Fiscalía General del Estado (FGE), contra la empresaria Zully Herrera Olvera y los probables involucrados en la presunta edición de un video, que calificó de apócrifo, al considerar que fueron usurpadas funciones para usar de manera indebida un uniforme oficial.
Lo anterior, luego de que la propietaria del Grupo de Transportes y Servicios Turísticos de Chignahuapan, acusara hostigamiento y amenazas de muerte para que saque de circulación a sus unidades en la demarcación.
En referencia a un video donde aparece una persona con uniforme de policía, el cual fue difundido en Facebook el pasado 25 de noviembre, pero que ya fue borrado, la empresaria y su abogado Anselmo Velasco, acusaron que desde hace tres meses ha habido una campaña de hostigamiento para obligarla a retirar sus servicios en el municipio, a fin de favorecer a amigos cercanos al alcalde.
El problema deriva de una estrategia de reubicación de servicios de “Turibus”, planteada por el munícipe para utilizar la terminal de camiones como base para estos camiones turísticos.
"Estamos viviendo un infierno… sólo quiero que nos respeten… sólo quiero trabajar", dijo la empresaria, al informar que promovió cuatro amparos para defender el uso de derecho de piso, por el que ya pagó, además de defender su derecho comercial, de ahí que sus amparos buscan suspensiones temporales y definitivas, lo que derivó en hostigamiento y amenaza por parte de la autoridad municipal, según la fuente, lo que incluyó detenciones arbitrarias de un menor de edad y otras formas de intimidación.
"Que no se vea su administración de forma autoritaria, que respete el principio comercial, tenemos documentos que avalan porque es la empresaria tiene permitido este servicio ", dijo el abogado.
La querella presentada la tarde del lunes quedó asentada bajo el expediente CDI767/2019/CHIGNAHUAPAN, donde se indica que los representantes legales del Ayuntamiento, encabezados por la síndico, Yolanda Rodríguez Romero, acusan que esta usurpación de funciones pretende confundir a la opinión pública y calumnia al actual Ayuntamiento, así como los elementos de la corporación policiaca.
En entrevista, el alcalde descartó que esta acción legal se trate de una revancha por las recientes declaraciones de la empresaria en contra de su persona y de funcionarios municipales, sino que es una acción por esclarecer la “calumniosa” aparición de un elemento de seguridad en video apócrifo.
“Es un tema muy delicado que no puede pasar desapercibido, el hecho de que la señora realice usurpación de funciones con fines particulares. Considero que, si existe un acto indebido por parte de mi administración, están las instancias legales para su proceder y no solo en un acto mediático”, señaló. (Con información de Edgar Barrios).