Campesinos del municipio de Francisco Z. Mena denunciaron que fueron desalojados de mil 300 hectáreas de tierras de cultivo el pasado 1 de abril, cuando supuestos agentes ministeriales se presentaron a la zona y los amagaron con armas para que desocuparan los terrenos, motivo por el que anunciaron movilizaciones en la capital del estado.
En conferencia de prensa, Agustín Juárez Nepomuceno, presidente de la organización Fusión Indígena Campesina Nacional (FICN), señaló que en esa región todavía prevalece el cacicazgo, ya que hay familias que históricamente han tenido el control de grandes extensiones de terreno, en donde dan trabajo a indígenas en malas condiciones.
Expuso que en el caso concreto de los predios que reclaman, estos lucían abandonados desde hace más de dos décadas, motivo por el que unos 300 campesinos comenzaron a trabajarlos hace un par de años y actualmente son parte de sus actividades económicas.
Expresó que la ley agraria no ha hecho justicia para esa región de Puebla, en donde todavía no se puede decir que “la tierra es de quien la trabaja”, ya que integrantes de la familia Marroquín fueron quienes acudieron a desalojar a los indígenas sin mostrarles alguna orden o documento que acreditara que esos predios tienen dueño.
No se identificaron, nada más utilizaron la violencia psicológica, la física y dijeron váyanse para afuera y algunos de los que tenían ahí unas casitas pues fueron quemadas y la situación ya es preocupante, por eso pedimos la intervención del gobierno dijo.
Juárez sostuvo que tras el despojo ha iniciado una ola de amenazas en contra de los pueblos originarios que pretenden recuperar el control de las tierras, por lo que responsabilizó al Gobierno Estatal de los posibles actos de violencia que pudieran ocurrir si no interviene en el conflicto.
Finalmente, informo que además de la queja que han presentado ante la Secretaría de Desarrollo Agrario Urbano y Territorial (SEDATU), los afectados contemplan realizar manifestaciones en la capital del estado después de la semana santa, a fin de ejercer presión para que las autoridades resuelvan el problema.
