La liberación de los tres implicados en la desaparición del activista Sergio Rivera "no puede quedarse así", anticipó Omar Esparza, coordinador del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (Maíz), quien anticipó que habrá movilizaciones ciertas manifestación para exigir justicia en este caso, en lo que se da curso a la impugnación legal sobre la decisión del juez, ocurrido el pasado viernes.
Al tiempo en el que describía la decisión del juez, Mario Ortiz Aldana, como una evidencia de impunidad y de corrupción, a quien señaló de tener desde el inicio del curso “extrañas actitudes racistas y discriminatorias” contra los testigos, así como “agresivo” ante las evidencias y testimonios que aportaron a la causa.
Para los miembros de este movimiento y allegados a Sergio Rivera, no había dudas que serían vinculados a proceso por todos los elementos probados, empezando porque había testigos oculares que identificaron a las tres personas que fueron vinculadas a proceso y, desde el pasado viernes por la madrugada, liberados.
El activista pidió al Tribunal Superior de Justicia la destitución de este juez; mientras tanto, además de darle continuidad a la estrategia jurídica, lo que incluye la impugnación, anunció que habrá diversas movilizaciones para exigir justicia.
"Es una grave violación a la ley en materia de desaparición forzada… La parte jurídica se encargará de los temas legales y la exigencia de revocación de la sentencia absolutoria, por nuestra parte continuaremos con las movilizaciones", adelantó el entrevistado.
Sobre el pronunciamiento de la Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, organismo que externó la preocupación por el peligro que corren los testigos del caso, los familiares y el entorno de la comunidad, la fuente señaló que decisiones como la de este juez solamente perpetúan que las personas no denuncien o no quieran ser testigos, porque no quieren evidenciar a los responsables de estos crímenes.
“Porque una vez que señalaron a las personas que perpetraron la desaparición del activista, mientras ha subido una camioneta y desaparecido, hoy están en peligro: señalamos al juez y al gobierno del estado por lo que puede ocurrir contra los testigos o allegados al caso, cuando les han señalado el contexto y la situación que se ha denunciado desde hace varios años por la imposición del proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atazala, impulsado por Minera Autlán”, finalizó.
