Al menos tres ex trabajadores de la Secretaría del Bienestar que, se denominan "Servidores de la Nación", resultaron contagiados por Covid-19 en la región de Huauchinango y acusan a la delegada de programas federales Lizeth Aguirre Ortiz de haberlos "despedido y abandonado en plena crisis de salud".
Fue en redes sociales en donde empezaron las denuncias de parte de familiares de las presuntas víctimas de la funcionaria federal, quienes describieron que a los empleados se les obliga a trabajar maratónicas jornadas y sin cumplir con las normas mínimas de seguridad sanitaria, como el uso de cubrebocas y aplicación de gel antibacterial, además de que no se privilegia la sana distancia.
Uno de los contagiados se llama, Fernando N, cuya esposa declaró a este medio de comunicación que, su pareja se infectó a principios del mes de diciembre, sin embargo, en plena hospitalización se le dejó de contratar sus servicios "sin argumentar alguna falta a su trabajo", por lo que la declarante aseguró que es "una injusticia", y abundó la existencia de dos varones más en las mismas condiciones.
Se calificó cómo abandono a los trabajadores contagiados por Covid-19, dado que se les retiró el servicio de seguro médico, es decir, al ser empleados federales tendrían derecho al servicio médico del ISSSTE, pero hasta el momento, éste se les truncó por el término de su contrato y no se les renovó.
En las redes sociales, en los diferentes comentarios que se hicieron, se pidió compartir la publicación hasta que se hiciera "viral" y llegara a oídos y ojos de las autoridades superiores a la funcionaria en cuestión y se tomarán medidas.
En cambio, la esposa de Fernando N, apuntó que por haber compartido su queja en las redes sociales, “empezaron a hostigarme de perfiles falsos en Facebook y mostrando fotografías antiguas de mi familia para demostrar, según ellos, que él (su esposo) se contagió porque andaba de fiesta”, señaló.
Este medio intentó contactar a Lizeth Aguirre Ortiz, sin embargo, no contestó su teléfono y tampoco el mensaje de audio enviado por WhatsApp.
La funcionaria federal, Lizbeth Aguirre Ortiz, no es la primera vez que desata polémica en sus funciones, en noviembre del año pasado, el Comité Escolar de Administración Participativa (CEAP) de la primaria Expropiación Petrolera, en la junta auxiliar de Lázaro Cárdenas, denunció una serie de presuntos actos de corrupción e intimidación durante el proceso para obtener un recurso aprobado a través del programa “La Escuela es Nuestra” y entre los funcionarios señalados como presuntos responsables, mencionaron a la Delegada regional.
