El retiro de las concesiones a la Minera Gorrión en Ixtacamaxtitlán macaría un precedente para las inversiones en el país y el estado de Puebla, advirtió Daniel Santamaría, vicepresidente de la empresa, previo a la sesión de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la que se abordaría el amparo 134/2021 solicitado por el ejido Tecoltemi en contra de las concesiones otorgadas a la filial de Almaden Minerals en el año 2003 y de la Ley Minera.
De acuerdo con el proyecto de sentencia propuesto por el magistrado Jorge Mario Pardo Rebolledo, agendado para este miércoles 16 de febrero, luego de ser pospuesto en dos ocasiones anteriores, la justicia rechazaría el amparo para los representantes del ejido Tecoltemi en contra de la Ley Minera, pero sí lo otorgaría en contra de las concesiones otorgadas por el gobierno federal a Minera Gorrión, esto por haberse entregado sin el consentimiento de la comunidad que se reconoce a sí misma como indígena.
“Si esto sucede, genera un precedente para cualquier otra concesión. Puedes aplicar exactamente lo mismo. Estoy hablando de concesiones de agua, de puertos, de lo que se te ocurra. Me autoadscribo como indígena porque no me consultaste en el ’80 cuando comenzaste tu trabajo y te quitan la concesión. Yo creo que ese es un precedente que como país debemos observar de manera detallada”, refirió en entrevista para El Sol de Puebla.
El directivo refiere que la empresa ha realizado una inversión de 40 millones de dólares durante los cerca de 20 años que se han llevado a cabo trabajos de exploración en territorio de Ixtacamaxtitlán, sin que hasta el momento hayan podido iniciar con el desarrollo.
Explicó que las dos concesiones que les fueron otorgadas abarcan 14 mil hectáreas, sin embargo, el tajo donde se encuentra el oro y la plata que intentan extraer es en un área de 133.86 hectáreas, para lo cual Minera Gorrión pediría el cambio de uso de suelo de menos de 500 hectáreas. Esto es en un punto ubicado “a más de 8 kilómetros de distancia de Tecoltemi en línea recta, tres microcuencas y 250 metros de altura de diferencia de donde está el proyecto”, rebate.
Santamaría hace la diferenciación en este punto, sobre lo que implica una concesión y lo separa de lo que pudiera a convertirse en una mina. “Una concesión no significa una mina, una concesión es un acto administrativo que te otorga la federación, pero que no tienes con eso ya el permiso de llegar y explotar. Muchas veces se confunde con eso”, argumenta al detallar que tienen que pasar muchos años de investigación, en contacto con las comunidades para obviamente definir un proyecto de mina.
“Entonces si tu fueras a consultar con una comunidad al otorgamiento de una concesión no sabrías qué consultar ¿Qué les vas a consultar si no tienes nada?, no tienes un proyecto, no tienes investigación, no tienes absolutamente nada, yo creo que eso confunde al otorgamiento de una concesión con una mina, con el desarrollo de un proyecto minero”, precisa.
AMPARO ESTRATÉGICO
Para Daniel Santamaría el conflicto con el proyecto Ixtaca había sido superado en 2017, luego de que la empresa decidiera recortar el espacio de concesiones, sin afectar el territorio del ejido, sin embargo, al autoadscribirse la comunidad como indígena con apoyo de las organizaciones sociales se llega al punto en el que se encuentra y que sería discutido este miércoles por la SCJN. Por ello, para el vicepresidente de la minera, el recurso legal se trata de un amparo estratégico no en contra de la mina de Ixtaca sino contra la Ley Minera.
“Casualmente se autoadscribe cuando se presenta el amparo. Esto es lo que se conoce como un amparo estratégico, con la intención de modificar la Ley Minera. Está perfecto, qué bueno que se cambien las leyes para que se adapten a las necesidades internacional, sociales, de vanguardia, pero nosotros estamos a la mitad porque somos los primeros interesados en el amparo, porque nosotros somos los dueños de la concesión, pero de repente pueden quitarnos la concesión después de tanto trabajo, tanta inversión social. Imagínate los mensajes que damos como país, el estado de Puebla, inclusive”.
