La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHEP) giró recomendación al secretario de Salud y director General de los Servicios de Salud del Gobierno del Estado, José Antonio Martínez García, tras la muerte de un joven originario de Huehuetla, quien habría fallecido por Covid-19.
Según se lee en la recomendación número 16/2020, expediente 1419/2020, el joven de Huehuetla fue trasladado del Hospital de Ixtepec al de San Andrés Cholula, donde falleció por coronavirus. A la familia sólo le dijeron que sería cremado, no les había avisado del traslado; lo localizaron después de una búsqueda en al menos dos hospitales, hasta que lo encontraron en San Andrés Cholula, donde murió el joven.
Según la cronología de la atención médica, el tres de marzo de este año le fue diagnosticado VIH+, aunque fue hasta el 7 de marzo cuando inició con los síntomas, el 18 de marzo hubo exacerbación de las tos y fiebre, estuvo sin atención. El 25 de marzo fue la toma de Reacción en Cadena de la Polimersa (PCR por sus siglas en inglés), que resultó negativa, aunque fue cuando ingresó al hospital.
El 2 de abril egresó del Hospital General de Cholula; ese mismo día presentó, en su domicilio, vómito, distención abdominal y malestar general, fue ingresado al Hospital de Ixtepec del IMSS, donde estuvo dos días y egresó por alta voluntaria. Dos días después, se presentó en el Hospital General Eduardo Vázquez Navarro (HGEVN) y fue enviado al Hospital General de Cholula, donde no lo aceptaron por "prueba negativa al Covid-19", por lo que regresó al HGEVN.
El 8 de abril, tuvo la revisión extraordinaria del caso entre epidemiólogos, infectólogo y directores de ambos hospitales, donde se concluyó la necesidad de una tomografía computarizada de tórax y si existe patrón de Covid-19 lo ingresarían al Hospital de Cholula (HGCH).
En el párrafo 63 se lee: “Las acciones y omisiones que efectuó el personal médico del HGCH y el HGEVN fueron totalmente violatorios de derechos humanos y contrarios a los lineamientos emitidos por el CSG, aplicables a la época de contingencia por el Covid-19 y que son de observancia general, además de que V1 se trataba de una persona vulnerable por vivir con VIH, por lo que era exigible al personal médico que pusieran mayor atención a su salud".
En el párrafo 75 se lee: “De las irregularidades descritas y analizadas se acreditó la inadecuada atención médica por parte del personal médico del HGCH y HGVEN, con lo que impidieron garantizar con efectividad a V1 el derecho a la protección a la salud, toda vez que los médicos tratantes no realizaron un adecuado protocolo de estudio para confirmar o descartar el diagnóstico de Covid-19, por tanto, incumplieron el artículo 27, fracción III de la LGS, que establece…”
