En redes sociales se emprendió un linchamiento mediático en contra de la diputada federal de Morena, Inés Parra Juárez, por encabezar protestas municipales en contra del pago del Derecho de Alumbrado Público (DAP).
La campaña surgió luego de que el gobernador Miguel Barbosa Huerta advirtió que se presentarán denuncias contra quien resulte responsable de incitar a la resistencia y violencia en municipios de la Sierra Negra del estado, sea civil o que tenga cargo público, en alusión a Inés Parra que supuestamente propuso junto a algunos simpatizantes secuestrar al hijo del presidente municipal de Ajalpan, Sergio Sandoval Paniagua, como medida de presión contra el cobro del DAP.
En redes sociales diversos medios de comunicación y cuentas automatizadas señalaron a la diputada del distrito 4 de Ajalpan de incitar a la violencia. En su defensa, Parra dijo que, si la siguen culpando de generar inestabilidad y que si el coordinador del PAN, Eduardo Alcántara Montiel, la señala de ello seguirá informando a la ciudadanía del albazo legislativo que golpea el bolsillo de las familias.
“Claro que los ciudadanos tienen que ejercer derechos y en ese ejercicio su derecho es de manifestarse y exigir y lo dice el artículo 8 constitucional”, dijo.
TRES MUNICIPIOS REVOCAN EL DAP
Tras la aprobación de este pago por parte del Congreso del Estado, han surgido conflictos entre autoridades y pobladores como en Coxcatlán, San Gabriel Chilac y Santiago Miahuatlán, donde la población exigió derogar el cobro que se incluyó en las leyes de ingresos, convirtiéndose en los primeros tres municipios en revocarlo.
En Ajalpan y Zinacatepec también se realizaron protestas ciudadanas para demandar la revocación del pago autorizado por el Congreso.
El DAP se entiende como el gasto total del servicio de alumbrado público, la suma de las erogaciones anuales que haya realizado el ayuntamiento en el ejercicio fiscal inmediato anterior para la prestación de este servicio.
El pasado 27 de diciembre fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado las primeras 22 leyes de ingresos municipales, de las 144 que aprobó la mayoría de los diputados locales la madrugada del 24 de diciembre, quienes dejaron fuera de la lista a los ayuntamientos de Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula.