/ viernes 4 de febrero de 2022

Empresa desmantela área clausurada de mina a cielo abierto: SURI

La organización señala irregularidades por el retiro de maquinaria en un lugar que fue clausurado la semana pasada

Integrantes de la organización indígena Serranos Unidos en Resistencia Indígenas (SURI) informaron de la clausura parcial de una mina a cielo abierto, en la que los empleados y dueños empezaron a retirar evidencia de su actividad en la zona, en el municipio de Zapotitlán de Méndez, aun cuando siguen en marcha diferentes recursos legales interpuestos en contra de la empresa.

Acorde a las fuentes consultadas, desde el viernes pasado fue más evidente que estaban llevándose las máquinas, especialmente al equipo conocido como “quebradora”. La sospecha de irregularidades podría alcanzar a funcionarios públicos.

Respecto al tema de Consulta Indígena, si en caso de existir solicitud de extraer material pétreo y poner quebradora y asfaltadora, los tres niveles de gobierno, debieron concertar, que no convocar, con la comunidad indígena, dicho proceso, pero SURI asegura que no existe ningún documento, sobre todo que la extracción la empezaron desde el segundo semestre de 2020 y “en la comunidad nos enteramos que algunos funcionarios amenazaban a los despojadores si no les entregaban dinero”, dijo la fuente.

Suri acusó que el terreno en donde se encontraba la trituradora es del Ayuntamiento: “días antes nos enteramos que la empresa pensaba desmantelar, sube a oficinas del ayuntamiento, trasladan el material sobrante al terreno adyacente que es propiedad de Ernesto Manzano (nieto del descubridor y dueño de los terrenos donde están las grutas), mismo en donde Trasecol tenía sus instalaciones en 2014”.

De acuerdo a información proporcionada por Raymundo García López y los oficios que giró a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, al secretario federal de gobernación, Adán Augusto López Hernández, a la Secretaría del Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, Beatriz Manrique Guevara.

También a la procuradora Federal de Protección al Ambiente, Blanca Alicia Mendoza Vera, tuvieron que pasar varios meses para que las autoridades prestaran atención de la comisión de delitos ambientales, del ámbito federal y estatal, cometidos en esta zona totonaca. El folio de clausura es: PFPA/27.3/2C.27.5/0001/2022.

La documentación, en poder de este reportero, destaca que entre las violaciones está el no haber realizado la consulta indígena libre, previa e informada como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Los documentos critican también la muy lenta y tibia actuación de la Secretaría de Recursos Naturales y Protección del Ambiente y otras dependencias: "El río (Zempoala) ha sido objeto de depredación… Desde 2003, así como en 2014 con Trasecol S.A. de CV y ahora la nueva coyuntura de la empresa que supuestamente utiliza dicho material y el asfalto producido en sus dos módulos instalados en Zapotitlán de Méndez a la rehabilitación de la carretera inter serrana en su tramo Zapotitlán de Méndez-Tepango de Rodríguez”, se lee en uno de los oficios.

En la misiva dirigida presidente de la República, la organización indígena recuerda el paso del máximo mandatario, en 2015, cuando viajaba rumbo a Zacatlán, a la altura de la comunidad Kaltuchoco, se bajó de la camioneta luego de encontrarse con un indígena totonaco y a su hijo menor de edad tapando los hoyos de la carretera.

Ahí se comprometió a reconstruirla con cemento hidráulico y evitar que se dañe por las lluvias torrenciales y la humedad propia de la región, lo que no fue acatado por qué la reconstrucción se hizo con asfalto, utilizando también material ilegal extraído del río procesado en la misma comunidad, con el ahorro de millones de pesos de los ejecutores.

El oficio criticó que se utilizara un vehículo oficial de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), con placas XB-59-796, para transportar maquinaria pesada de la empresa con objeto de extraer, triturar la piedra y producir el asfalto. Señalaron que una patrulla participó en las operaciones, lo que, se lee en el oficio, calificaron como corrupción y despojo.

Integrantes de la organización indígena Serranos Unidos en Resistencia Indígenas (SURI) informaron de la clausura parcial de una mina a cielo abierto, en la que los empleados y dueños empezaron a retirar evidencia de su actividad en la zona, en el municipio de Zapotitlán de Méndez, aun cuando siguen en marcha diferentes recursos legales interpuestos en contra de la empresa.

Acorde a las fuentes consultadas, desde el viernes pasado fue más evidente que estaban llevándose las máquinas, especialmente al equipo conocido como “quebradora”. La sospecha de irregularidades podría alcanzar a funcionarios públicos.

Respecto al tema de Consulta Indígena, si en caso de existir solicitud de extraer material pétreo y poner quebradora y asfaltadora, los tres niveles de gobierno, debieron concertar, que no convocar, con la comunidad indígena, dicho proceso, pero SURI asegura que no existe ningún documento, sobre todo que la extracción la empezaron desde el segundo semestre de 2020 y “en la comunidad nos enteramos que algunos funcionarios amenazaban a los despojadores si no les entregaban dinero”, dijo la fuente.

Suri acusó que el terreno en donde se encontraba la trituradora es del Ayuntamiento: “días antes nos enteramos que la empresa pensaba desmantelar, sube a oficinas del ayuntamiento, trasladan el material sobrante al terreno adyacente que es propiedad de Ernesto Manzano (nieto del descubridor y dueño de los terrenos donde están las grutas), mismo en donde Trasecol tenía sus instalaciones en 2014”.

De acuerdo a información proporcionada por Raymundo García López y los oficios que giró a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, al secretario federal de gobernación, Adán Augusto López Hernández, a la Secretaría del Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, Beatriz Manrique Guevara.

También a la procuradora Federal de Protección al Ambiente, Blanca Alicia Mendoza Vera, tuvieron que pasar varios meses para que las autoridades prestaran atención de la comisión de delitos ambientales, del ámbito federal y estatal, cometidos en esta zona totonaca. El folio de clausura es: PFPA/27.3/2C.27.5/0001/2022.

La documentación, en poder de este reportero, destaca que entre las violaciones está el no haber realizado la consulta indígena libre, previa e informada como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Los documentos critican también la muy lenta y tibia actuación de la Secretaría de Recursos Naturales y Protección del Ambiente y otras dependencias: "El río (Zempoala) ha sido objeto de depredación… Desde 2003, así como en 2014 con Trasecol S.A. de CV y ahora la nueva coyuntura de la empresa que supuestamente utiliza dicho material y el asfalto producido en sus dos módulos instalados en Zapotitlán de Méndez a la rehabilitación de la carretera inter serrana en su tramo Zapotitlán de Méndez-Tepango de Rodríguez”, se lee en uno de los oficios.

En la misiva dirigida presidente de la República, la organización indígena recuerda el paso del máximo mandatario, en 2015, cuando viajaba rumbo a Zacatlán, a la altura de la comunidad Kaltuchoco, se bajó de la camioneta luego de encontrarse con un indígena totonaco y a su hijo menor de edad tapando los hoyos de la carretera.

Ahí se comprometió a reconstruirla con cemento hidráulico y evitar que se dañe por las lluvias torrenciales y la humedad propia de la región, lo que no fue acatado por qué la reconstrucción se hizo con asfalto, utilizando también material ilegal extraído del río procesado en la misma comunidad, con el ahorro de millones de pesos de los ejecutores.

El oficio criticó que se utilizara un vehículo oficial de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), con placas XB-59-796, para transportar maquinaria pesada de la empresa con objeto de extraer, triturar la piedra y producir el asfalto. Señalaron que una patrulla participó en las operaciones, lo que, se lee en el oficio, calificaron como corrupción y despojo.

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