/ jueves 22 de noviembre de 2018

Denuncia al Poder Judicial por perder expedientes de proyecto hidroeléctrico en Puebla

Comunidades indígenas denunciaron al poder judicial de la Federación por extravío de ocho tomos anexos al juicio de amparo contra proyecto Puebla 1, señala Organización Tutunakú Nahua

Las comunidades totonacas denunciaron al poder judicial de la Federación por la pérdida de ocho expedientes anexos del juicio de amparo que definirá la construcción del proyecto hidroeléctrico Puebla 1, impulsado por la empresa Comexhidro-Deselec 1, según acusó la “Organización Tutunakú Nahua en Defensa del Territorio y de sus Pueblos".

Apoyada por los Comités de defensa del Río Ajajalpan, el pronunciamiento señala que desde abril de 2016 las comunidades totonacas de Altica, San Felipe Tepatlán y San Mateo Tlacotepec presentan un juicio de amparo en contra de las autoridades federales que otorgaron permisos, sin el consentimiento previo e informado (como lo establece el convenio 169 de la organización internacional del trabajo).

Según su acusación de las comunidades indígenas, este proyecto visualizado sobre su "territorio ancestral" para la construcción de ese proyecto hidroeléctrico que pretende generar energía para empresas como Wal Mart de México, según el título de permiso para autoabastecimiento de energía eléctrica E/1067/AUT/2013, lo que violente sus derechos territorio y a la autodeterminación.

Acusaron que, después de 32 meses de este recurso legal la justicia no les ha llegado: "nuestras representantes abogadas de Fundar y el Consejo Tiyat Tlali nos informan que la resolución del juicio se extenderá aún más por qué se ' extraviaron' ocho tomos anexos del Juzgado primero del distrito en materia de amparo civil, administrativa y del trabajo y de juicios federales en el Estado de Puebla cuyo titular es Miguel arroyo Herrera", acusa esta organización indígena.

Señalaron que es inadmisible que el juzgado Federal que tiene a su cargo la impartición de justicia pronta y expedita, así como el cuidado de los expedientes físicos que bajo su autoridad se resuelven puede extraviar tal cantidad de expedientes "en juicio en el que se resolverá el futuro de los pueblos totonacas que habitamos el Río Ajajalpan, en la Sierra Norte de Puebla".

Bajo este contexto exigieron al poder judicial de la Federación que se esclarezca el extravío de estos ocho tomos anexos y confiaron en que la resolución de este caso se orientará a evitar la destrucción de la madre tierra y la profundización de la violencia hacia el pueblo totonaco.

EL RECHAZO

Esta denuncia ocurre en medio del rechazo que más de cinco asociaciones indigenistas y ambientalistas han expresado, a través de más de tres foros que han reunido –en total– a más de 3 mil indígenas de los municipios varios municipios poblanos, luego de los señalamientos que han hecho –desde julio del año pasado– en el sentido de que la empresa Deselec-Comexhidro creó una organización ilegítima para simular la aceptación de las comunidades indígenas de este proyecto, en los términos del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Con esta simulación, desde enero de 2016 –la empresa– logró arrancar la construcción de la hidroeléctrica Puebla 1, a través de una constitución legal que vincula al perredista Francisco Ángel Serrano, con la representación jurídica que le permite recibir los recursos y determinar las obras en las comunidades.

Las comunidades totonacas denunciaron al poder judicial de la Federación por la pérdida de ocho expedientes anexos del juicio de amparo que definirá la construcción del proyecto hidroeléctrico Puebla 1, impulsado por la empresa Comexhidro-Deselec 1, según acusó la “Organización Tutunakú Nahua en Defensa del Territorio y de sus Pueblos".

Apoyada por los Comités de defensa del Río Ajajalpan, el pronunciamiento señala que desde abril de 2016 las comunidades totonacas de Altica, San Felipe Tepatlán y San Mateo Tlacotepec presentan un juicio de amparo en contra de las autoridades federales que otorgaron permisos, sin el consentimiento previo e informado (como lo establece el convenio 169 de la organización internacional del trabajo).

Según su acusación de las comunidades indígenas, este proyecto visualizado sobre su "territorio ancestral" para la construcción de ese proyecto hidroeléctrico que pretende generar energía para empresas como Wal Mart de México, según el título de permiso para autoabastecimiento de energía eléctrica E/1067/AUT/2013, lo que violente sus derechos territorio y a la autodeterminación.

Acusaron que, después de 32 meses de este recurso legal la justicia no les ha llegado: "nuestras representantes abogadas de Fundar y el Consejo Tiyat Tlali nos informan que la resolución del juicio se extenderá aún más por qué se ' extraviaron' ocho tomos anexos del Juzgado primero del distrito en materia de amparo civil, administrativa y del trabajo y de juicios federales en el Estado de Puebla cuyo titular es Miguel arroyo Herrera", acusa esta organización indígena.

Señalaron que es inadmisible que el juzgado Federal que tiene a su cargo la impartición de justicia pronta y expedita, así como el cuidado de los expedientes físicos que bajo su autoridad se resuelven puede extraviar tal cantidad de expedientes "en juicio en el que se resolverá el futuro de los pueblos totonacas que habitamos el Río Ajajalpan, en la Sierra Norte de Puebla".

Bajo este contexto exigieron al poder judicial de la Federación que se esclarezca el extravío de estos ocho tomos anexos y confiaron en que la resolución de este caso se orientará a evitar la destrucción de la madre tierra y la profundización de la violencia hacia el pueblo totonaco.

EL RECHAZO

Esta denuncia ocurre en medio del rechazo que más de cinco asociaciones indigenistas y ambientalistas han expresado, a través de más de tres foros que han reunido –en total– a más de 3 mil indígenas de los municipios varios municipios poblanos, luego de los señalamientos que han hecho –desde julio del año pasado– en el sentido de que la empresa Deselec-Comexhidro creó una organización ilegítima para simular la aceptación de las comunidades indígenas de este proyecto, en los términos del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Con esta simulación, desde enero de 2016 –la empresa– logró arrancar la construcción de la hidroeléctrica Puebla 1, a través de una constitución legal que vincula al perredista Francisco Ángel Serrano, con la representación jurídica que le permite recibir los recursos y determinar las obras en las comunidades.

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