A siete meses del asesinato de una pareja de adultos en Hueytlalpan a quienes les robaron los recursos que habían recibido como apoyo para la reconstrucción de su vivienda tras el paso del huracán Grace, el crimen permanece impune y, por el contrario, la presidenta municipal Anayeli González Córdoba ha iniciado una persecución legal en contra de quienes protestaron aquel día demandando justicia y seguridad.
De acuerdo con lo expresado por los inconformes, la manifestación se llevó a cabo con motivo del enojo y la impotencia de no poder ayudar a la familia ni dar con los responsables del asesinato ocurrido la madrugada del domingo 7 de noviembre de 2021, motivo por el que fueron algunos de los presentes, quienes arremetieron contra la alcaldía generando desperfectos que hoy están siendo cobrados por la alcaldesa, aunque algunos de los denunciados, “si bien estaban en la manifestación, no participaron en dichos actos”, afirman los vecinos.
De acuerdo con lo trascendido entre los trabajadores del ayuntamiento, fue a través de las cámaras de video vigilancia, donde la alcaldesa, en conjunto con algunos de los integrantes de su gabinete, se dieron a la tarea de escoger a algunos de los presentes para denunciarlos ante la FGE, eligiendo gente de bajo perfil, de escasos recursos e incluso algunos de ellos que no hablan español y que por tanto no tienen la manera de defenderse ante dicha acusación.
Entre los hoy denunciados, se encuentra Emilia Rodríguez Casiano, Sebastián Sánchez Gaona, Juan Ramos Cortez, Israel Sánchez Tirzo y Marcos Barrientos Vázquez, mismos que comparecieron el pasado 19 de mayo ante la oficina de regional de la FGE, con sede en Huehuetla, ello a pesar de que la alcaldesa Anayeli González Córdoba les había dado su palabra de no emprender algún tipo de acción legal contra los manifestantes.
En esa cita realizada por el síndico municipal, Felipe González Santiago, les fue informado que la demanda fue interpuesta desde el 23 de enero por la ruptura de vidrios y puertas, así como por el robo de sellos y llaves, que presuntamente fueron sustraídas de las oficinas del ayuntamiento, motivo por el que tendrán que pagar la cantidad de 25 mil pesos por persona, ello en un lapso de ochos días, a partir de la firma del acuerdo.
Ante tal situación, los propios habitantes conformaron una comisión integrada por un grupo de abogados que, de manera altruista defenderán la causa de estas cinco personas, a fin de evitar un abuso más por parte de la autoridad municipal.
Ante todo, este panorama, los inconformes señalaron que, la alcaldesa Anayeli González Córdoba, busca desviar la atención de los vecinos, emprendiendo esta acción legal contra los manifestantes, ello en lugar de apresurar las acciones para la pronta detención de los sujetos que privaron de la vida a una pareja y que dejaron lesionados a dos menores.