Un total de 16 locales comerciales del Mercado Techumbre en Teziutlán, serán devueltos a sus concesionarios originales por orden judicial, lo que se convierte en un revés para las acciones del expresidente municipal Antonio Vázquez Hernández, quien durante su mandato entregó los espacios a sus seguidores.
Lo anterior, debido a que el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa, de Trabajo y de Juicios Federal del Estado de Puebla, resolvió una “suspensión definitiva” al amparo 135/2016, promovido por Gerardo Calderón Serrano y otros, contra actos cometidos por la administración municipal 2014-2018.
En este sentido, Bidlain Odón Pazos Salazar, secretario de dicho mercado, explicó que fueron desalojados con todo lujo de violencia por el entonces gobierno municipal, para quedarse con esos espacios, con los cuales pagar favores políticos por parte del ahora exedil, enmarcando que quienes los adquirieron o recibieron como dádiva, sabían de antemano que estos se encontraban en litigio, sin embargo, recurrieron a aceptarlos, comprarlos y ocuparlos.
Al respecto, el también comerciante señaló que entre los allegados al exalcalde Antonio Vázquez, se encuentra Rivelino Barrales Morales, exdirector jurídico, Raúl Barros Ruiz, exregidor de Gobernación, Bibiana Leal Platas, exdirectora de Recursos Humanos y hoy dirigente municipal del Partido Acción Nacional (PAN), agregando que todos ellos recibieron el pago de favores políticos.
Por tal motivo, Jaime Cabañas, contralor municipal, dijo que este proceso les fue heredado por la pasada administración, donde los comerciantes interpusieron un amparo contra el Ayuntamiento por actos indebidos, debido a que fueron desalojados a base de engaños, prometiéndoles mejores espacios, pero una vez sacados de sus lugares y mejorado el lugar, los locales fueron entregados a nuevos concesionarios.
Por tal motivo, fueron los afectados quienes tramitaron un amparo ante una instancia federal, cuyo juez dio la resolución a favor de ellos, solicitando ahora a la nueva autoridad resarcir el daño y restituir los espacios a estas personas que fueron violentadas de sus derechos en la administración anterior.
De la misma forma, fue la regidora de Gobernación, María de los Ángeles Ballesteros García, quien dijo que de no cumplirse esta orden por parte del juez federal, estarían incurriendo en desacato, abundado que dichos locales fueron entregados a nuevos dueños, con precios simbólicos, siendo más bien el pago de un favor político del exedil hacia sus más cercanos colaboradores.
