A cuatro años del linchamiento de Ricardo y Alberto, cometido el 29 de agosto de 2017 frente a las instalaciones del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Acatlán de Osorio, sus familiares no han aceptado la indemnización ofrecida por el gobierno municipal, afirmó la alcaldesa María del Carmen Nava Martínez, al confirmar que las negociaciones serán pasadas a la próxima administración municipal.
De acuerdo con la presidenta municipal, la Ley General de Víctimas les estableció una cantidad que fuera pagada a los familiares, por el daño ocasionado. Aunque no precisó la cantidad, destacó que ésta se la ofrecieron a los familiares a través del síndico municipal, Aurelio Rojas, quien se entrevistó con el abogado de la familia, sin embargo, no aceptaron.
La alcaldesa destacó que el abogado no ha permitido una reunión entre ella y los familiares, a pesar de que ha sido solicitada para acordar diferentes puntos, sin embargo, nunca se logró durante estos tres años de administración.
Dijo que, al no lograr un acuerdo económico, la deuda pasará a la siguiente administración debido que la denuncia es contra el Ayuntamiento de Acatlán como gobierno, independientemente del alcalde que esté, ya que mencionó que esta situación del linchamiento no ocurrió durante su administración, sino en la pasada 2014-2018.
RECOMENDACIONES
Nava Martínez señaló que durante estos tres años de administración han cumplido con la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos y la Fiscalía del Estado como capacitación a los policías municipales en temas de linchamiento, atención psicológica a familiares, trabajo social, entre otros.
Aunado a esto, dijo que dentro del Cereso de Acatlán se instalaron ocho cámaras de vigilancia, las cuales se encuentran repartidas a fin de esclarecer cualquier caso o situación que ocurra en el interior.
LOS HECHOS
Era un 29 de agosto del año 2018, aproximadamente a las 14:00 horas, cuando a través de las redes sociales se empezó a difundir que en la comunidad de San Vicente Boquerón junta auxiliar de Acatlán, estaban detenidas dos personas que presuntamente estaban robando niños en la comunidad.
Los pobladores en Boquerón se juntaron a fuera de las instalaciones de la presidencia auxiliar, para pedir castigo en contra de estos dos masculinos, por lo que la presión de los pobladores originó que estas dos personas fueran llevadas al Cereso de Acatlán y ahí fueron metidos en una celda.
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Sin embargo, afuera ya había varios pobladores, quienes están siendo convocados a través de las redes sociales y por una campana que había en la presidencia municipal, para que no dejar ir a Alberto y Ricardo.
Los pobladores querían a los delincuentes para hacer justicia por su cuenta, por lo que exigían a los policías municipales que se los entregaran, sin embargo, la ciudadanía al no ver respuesta por parte de la policía, empezó a pegar la puerta, hasta que lograron abrirla. Las dos personas las sacaron del Cereso, y que en el momento de su salida les prendieron fuego.
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Posteriormente otro grupo de ciudadanos, prendieron fuego a la camioneta negra marca Ford tipo Explorer con placas del estado de Puebla en la que viajaban los detenidos, por lo que en ese momento varios ciudadanos corrieron para resguardarse ante una explosión, en tanto que los comerciantes de negocios cercanos al lugar, bajaron sus cortinas.
SEIS DETENIDOS
Han pasado 4 años y solo 6 personas han sido detenidas. La primera detención se hizo en el mes de septiembre de 2018 en contra de Petronilo, y Manuel, quienes fueron detenidos en sus domicilios, sin embargo, este último murió, mientras lo estaban deteniendo, mientras que Petronilo murió en el Cereso de Acatlán el 4 de octubre de 2020.
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En el mes de diciembre de 2018 fue detenido Lisandro, de 15 años de edad, también en su domicilio, y posteriormente el 23 de abril de 2019 fueron detenidos Pedro, de 25 años de edad, Silvia, de 44 años, y el último detenido fue el pasado 22 de enero de 2020 de nombre Osiel.
Por ahora se desconoce si alguien más ha sido detenido por el linchamiento, toda vez que en su momento las autoridades informaron que fueron giradas 29 órdenes de aprensión en contra de los involucrados.
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