/ martes 10 de julio de 2018

Megaproyectos, el reto para nuevas autoridades en México

Asesinatos, conflictos sociales y posibles daños al medio ambiente marcan estos esquemas

Los conflictos sociales derivados de la oposición a los proyectos hidroeléctricos, mineros y de fractura hidráulica en la Sierra Norte de Puebla son el reto para la administración del próximo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y la gobernadora electa Martha Erika Alonso Hidalgo.

Cuetzalan es uno de los focos más rojos en esta parte del estado. El asesinato de dos activistas y actos que incluyen amenazas e intimidación contra opositores a la subestación eléctrica impulsada por la Comisión Federal de electricidad (CFE), es uno de los pendientes.

Le sigue la oposición al proyecto minero en Ixtacamaxtitlán, que también es un caso que ha sido expuesto ante escenarios nacionales e internacionales, incluyendo el parlamento canadiense y los relatores especiales de la ONU. Cabe destacar que este es uno de los conflictos del país que tiene su casa en instancias jurídicas a nivel federal.

El gasoducto Tuxpan-Tula es otro de los proyectos que ha generado oposición y levantamiento de las causas indígenas. La última denuncia pública internacional se hizo a través del Consejo Regional de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio de Puebla e Hidalgo (CRPODTPH), y su vocera llevó hasta Europa la causa, donde también lo presentó ante el relator especial de la ONU en la representación que tiene en Suiza.

Allá la vocera expuso la manera en que TransCanada, con el apoyo de la Secretaría de Energía, la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente en Materia de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, ha intervenido para imponer la construcción del gasoducto “en contra de los derechos colectivos de nuestros pueblos”.

Existen, sin embargo, otros conflictos que permanecen latentes, como los derivados por el fracking en territorio poblano en pozos que se concentran en la Sierra Norte: Venustiano Carranza (707 pozos), Francisco Z. Mena (394), Pantepec (32) y Jalpan (4); así como los que están en pausa por la suspensión temporal de la obra, como los proyectos mineros en Tetela de Ocampo, Zautla o Tlatlauquitepec.

LAS CONCESIONES MINERAS

Citando al estudio "Industria extractiva en Puebla, panorama del sector minero a diciembre de 2016", PODER revela que tan solo en el sector agrícola la actividad se desarrolla en una extensión proporcionada de 45.7 por ciento del territorio poblano, donde el agua disponible es principalmente destinada a esta actividad.

Puebla se ha convertido en un territorio estratégico que forma parte del corredor industrial Ciudad de México-Puebla-Veracruz, por lo que se despertó el interés para que la industria extractiva, hasta el año 2016, tenga registrada 753 concesiones mineras que compiten con la población por el agua y la tierra, lo que significa que la industria minera posee, a través de sus concesiones, el 28.5 por ciento del territorio poblano a través de 39 empresas.

El segundo lugar en extensión concedida para exploración/explotación minera la tiene Industria Peñoles con 152 mil 253.1 hectáreas. Con más del 700 por ciento de distancia del segundo lugar, la tercera posición la ocupa Autlán Holding, con 19 mil 13.9 hectáreas. Las otras 38 mil hectáreas se dividen entre Sunshine Silver & Refinig Corporation, Minera Frisco, Goldcorp, SCR-Sibelco NV, Corporativa la Cruz Azul e Ingersoll-Rand Plc.

El documento destaca que hay nueve países con injerencia en el subsuelo poblano, donde la compañía canadiense tiene el 7.7 por ciento de las concesiones en nuestro país, lo que significa 263 mil 957 hectáreas, contrastado con el 5.7 por ciento de empresas mexicanas que tienen concesiones mineras, es decir, 194 mil 568 hectáreas. Estados Unidos apenas logró el 1.5 por ciento, lo que significan 51 mil 550 hectáreas.

En el estado hay 189 títulos mineros, principalmente en la tierra, que tienen dominio sobre 372 mil 408.5 hectáreas. En la Sierra Norte se concentran el 38.13 por ciento de las hectáreas concesionadas en todo el estado, donde Almaden Minerals ostenta el 53 por ciento, con 19 títulos. Seguido por empresas particulares que ostentan el 24 por ciento y la estadounidense Freeport-McMoran INC, que ostenta el 11 por ciento. Autlan Holding tiene el 5 por ciento, mientras que Industria Peñoles, solamente el tres.

Estos proyectos operan en Tetela de Ocampo, Zapotitlán, Zautla, Xochiapulco, Ixtacamaxtitlán, Aquixtla, Libres, Chignahuapan, Tlaola, Teziutlán, Tlatlauiquitepec, Xicotepec, Zacatlán, Cuyoaco, Ahuatlán, Huehuetlán el Grande, Tepeyahualco, Hueyapan, Tlacuilotepec, Chiconcuautla, Huauchinango, Huitzilan, Zongozotla, Cuautempan, Hahuazotepec, Tepango de Rodríguez, Zaragoza, Naupan, Chila, Honey y Pahuatlán.

Cabe señalar que los 19 títulos de la canadiense Almaden Minerals se distribuyen así: 5 en Zautla, 4 en Ixtacamaxtitlán, 3 en Xicotepec, 5 en Libres, 2 en Ahuazotepec; concesiones compartidas con Tepeyahualco, Chignaupan, Tetela, Aquixtla y Xochiapulco. Los cuatro títulos de Freeport-McMoran INC son los siguientes: 2 en Ixtacamaxtitlán, 1 en Chignauapan, 1 en Cuyoaco; los cinco títulos de Industria Peñoles: 2 en Zautla, 3 en Tlatlauiquitepec. La también minera mexicana Autlán ostenta 22 títulos, distribuidos así: Tetela de Ocampo, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Hueyapan y Zaragoza.

Los conflictos sociales derivados de la oposición a los proyectos hidroeléctricos, mineros y de fractura hidráulica en la Sierra Norte de Puebla son el reto para la administración del próximo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y la gobernadora electa Martha Erika Alonso Hidalgo.

Cuetzalan es uno de los focos más rojos en esta parte del estado. El asesinato de dos activistas y actos que incluyen amenazas e intimidación contra opositores a la subestación eléctrica impulsada por la Comisión Federal de electricidad (CFE), es uno de los pendientes.

Le sigue la oposición al proyecto minero en Ixtacamaxtitlán, que también es un caso que ha sido expuesto ante escenarios nacionales e internacionales, incluyendo el parlamento canadiense y los relatores especiales de la ONU. Cabe destacar que este es uno de los conflictos del país que tiene su casa en instancias jurídicas a nivel federal.

El gasoducto Tuxpan-Tula es otro de los proyectos que ha generado oposición y levantamiento de las causas indígenas. La última denuncia pública internacional se hizo a través del Consejo Regional de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio de Puebla e Hidalgo (CRPODTPH), y su vocera llevó hasta Europa la causa, donde también lo presentó ante el relator especial de la ONU en la representación que tiene en Suiza.

Allá la vocera expuso la manera en que TransCanada, con el apoyo de la Secretaría de Energía, la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente en Materia de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, ha intervenido para imponer la construcción del gasoducto “en contra de los derechos colectivos de nuestros pueblos”.

Existen, sin embargo, otros conflictos que permanecen latentes, como los derivados por el fracking en territorio poblano en pozos que se concentran en la Sierra Norte: Venustiano Carranza (707 pozos), Francisco Z. Mena (394), Pantepec (32) y Jalpan (4); así como los que están en pausa por la suspensión temporal de la obra, como los proyectos mineros en Tetela de Ocampo, Zautla o Tlatlauquitepec.

LAS CONCESIONES MINERAS

Citando al estudio "Industria extractiva en Puebla, panorama del sector minero a diciembre de 2016", PODER revela que tan solo en el sector agrícola la actividad se desarrolla en una extensión proporcionada de 45.7 por ciento del territorio poblano, donde el agua disponible es principalmente destinada a esta actividad.

Puebla se ha convertido en un territorio estratégico que forma parte del corredor industrial Ciudad de México-Puebla-Veracruz, por lo que se despertó el interés para que la industria extractiva, hasta el año 2016, tenga registrada 753 concesiones mineras que compiten con la población por el agua y la tierra, lo que significa que la industria minera posee, a través de sus concesiones, el 28.5 por ciento del territorio poblano a través de 39 empresas.

El segundo lugar en extensión concedida para exploración/explotación minera la tiene Industria Peñoles con 152 mil 253.1 hectáreas. Con más del 700 por ciento de distancia del segundo lugar, la tercera posición la ocupa Autlán Holding, con 19 mil 13.9 hectáreas. Las otras 38 mil hectáreas se dividen entre Sunshine Silver & Refinig Corporation, Minera Frisco, Goldcorp, SCR-Sibelco NV, Corporativa la Cruz Azul e Ingersoll-Rand Plc.

El documento destaca que hay nueve países con injerencia en el subsuelo poblano, donde la compañía canadiense tiene el 7.7 por ciento de las concesiones en nuestro país, lo que significa 263 mil 957 hectáreas, contrastado con el 5.7 por ciento de empresas mexicanas que tienen concesiones mineras, es decir, 194 mil 568 hectáreas. Estados Unidos apenas logró el 1.5 por ciento, lo que significan 51 mil 550 hectáreas.

En el estado hay 189 títulos mineros, principalmente en la tierra, que tienen dominio sobre 372 mil 408.5 hectáreas. En la Sierra Norte se concentran el 38.13 por ciento de las hectáreas concesionadas en todo el estado, donde Almaden Minerals ostenta el 53 por ciento, con 19 títulos. Seguido por empresas particulares que ostentan el 24 por ciento y la estadounidense Freeport-McMoran INC, que ostenta el 11 por ciento. Autlan Holding tiene el 5 por ciento, mientras que Industria Peñoles, solamente el tres.

Estos proyectos operan en Tetela de Ocampo, Zapotitlán, Zautla, Xochiapulco, Ixtacamaxtitlán, Aquixtla, Libres, Chignahuapan, Tlaola, Teziutlán, Tlatlauiquitepec, Xicotepec, Zacatlán, Cuyoaco, Ahuatlán, Huehuetlán el Grande, Tepeyahualco, Hueyapan, Tlacuilotepec, Chiconcuautla, Huauchinango, Huitzilan, Zongozotla, Cuautempan, Hahuazotepec, Tepango de Rodríguez, Zaragoza, Naupan, Chila, Honey y Pahuatlán.

Cabe señalar que los 19 títulos de la canadiense Almaden Minerals se distribuyen así: 5 en Zautla, 4 en Ixtacamaxtitlán, 3 en Xicotepec, 5 en Libres, 2 en Ahuazotepec; concesiones compartidas con Tepeyahualco, Chignaupan, Tetela, Aquixtla y Xochiapulco. Los cuatro títulos de Freeport-McMoran INC son los siguientes: 2 en Ixtacamaxtitlán, 1 en Chignauapan, 1 en Cuyoaco; los cinco títulos de Industria Peñoles: 2 en Zautla, 3 en Tlatlauiquitepec. La también minera mexicana Autlán ostenta 22 títulos, distribuidos así: Tetela de Ocampo, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Hueyapan y Zaragoza.

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