La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) pagó más de 176 millones de pesos al Ejido de Santa Rita Tlahuapan como indemnización a 397 ejidatarios por la ocupación de casi 37 hectáreas de sus tierras de cultivo para la construcción de la autopista México-Puebla en la década de los 60, aunque el conflicto legal no está resuelto pues aún están en controversia un pago de casi 3 millones de pesos y la emisión del correspondiente decreto expropiatorio.
Después de más de 50 años y manifestaciones, entre ellas el bloqueo de las carreteras federal y de cuota México-Puebla ayer mismo, Javier Aquino Limón, delegado de la SCT, entregó ante el Juzgado Federal Tercero de Distrito en materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo, la compensación económica al presidente del Ejido Santa Rita Tlahuapan, Carlos Sánchez.
Es importante agregar que la audiencia en la que se concretó la entrega del cheque correspondiente se adelantó un par de horas a lo programado, con el objetivo de conseguir que pobladores del municipio de Santa Rita Tlahuapan levantaran el bloqueo que hicieron en la autopista y carretera federal para exigir el pago de sus recursos.
La SCT pagó 176 millones 231 mil 515 pesos y 42 centavos, como parte de la indemnización ordenada por la justicia federal a 397 ejidatarios cuyas tierras fueron ocupadas en la década de los 60 para la construcción de la autopista México-Puebla.
Aquino Limón resaltó que los recursos fueron dispuestos por la SCT desde el mes de julio pero la entrega del cheque no se concretó en aquella fecha porque los representantes ejidales no pudieron acreditarse como tales.
Sin embargo, reconoció que, tal y como informó Jorge Portilla, asesor legal del Ejido de Santa Rita Tlahuapan, el conflicto legal no está totalmente resuelto, pues está en controversia un pago previo por casi 3 millones de pesos.
Y es que el funcionario federal explicó que aunque tal pago fue hecho años atrás, éste no ha sido reconocido por el Ejido de Santa Rita Tlahuapan, pues a decir del representante legal de los afectados, no se cumplió con el procedimiento para la entrega, que incluye el aval del propio Ejido.
Tanto Javier Aquino como Jorge Portilla explicaron que será la justicia federal la que en un tiempo no definido resuelva este asunto, aunque el delegado de la SCT confió que será en que pueda resolverse en aproximadamente un mes.