Afectados por el proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atzala que se instará en Zoquitlán, Coyomeapan y Tlacotepec de Porfirio Díaz, lograron cancelar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) hasta que no se realice una consulta a las comunidades indígenas de los municipios afectados.
Lo anterior lo dio a conocer José Luis Leyva Machuca, abogado, quien destacó que la sentencia fue dictada por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla sobre el expediente número 2274/2017, mientras que las empresas afectadas tienen para inconformarse 10 días después de la notificación.
Por su parte, Oswaldo Villegas, integrante de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), comentó que la administración del fallecido exmandatario Rafael Moreno Valle Rosas facilitó que los proyectos se instalarán en las demarcaciones mencionadas, que además eran gobernadas por partidos políticos afines a los que llevaron al triunfo al también exsenador de la República.
Criticó además que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador haya prometido durante campaña cancelar los “proyectos de muerte”, incluido el Proyecto Integran Morelos (PIM) –que apenas tuvo una consulta-, y ya estando en la administración Federal dijera que las concesiones que había entregado el gobierno anterior, que incluyen a la mitad del territorio nacional, tendrán vigencia.
Cabe destacar que este movimiento nacional fue uno de los organismos clave para el triunfo de López Obrador, mismo que ha denunciado que no ha cumplido sus promesas de campaña, y que ahora, se encuentra de lado de la implementación de megaproyectos.
En este sentido, Villegas sostuvo que el proyecto hidroeléctrico que convergerá en la comunidad de Hutzilatl violó el derecho de consulta de los pueblos y las comunidades, lo que originó que este amparo haya sido resuelto, aunque todavía existe la posibilidad de que Proyectos Hidroeléctricos de Puebla y Compañía Hidroeléctrica Puebla se inconformen hasta llegar a tribunales colegiados o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El activista añadió que como movimiento nacional se ha propuesto en el Congreso de la Unión desde hace unas semanas la emisión de la Ley General Consulta para Pueblos y Comunidades Indígenas, que también recibió el presidente de la Comisión de Desarrollo Rural del Poder Legislativo local, Arturo de Rosas.
