/ jueves 20 de septiembre de 2018

Pide CNDH reparar daño a víctimas de Palmarito

El operativo realizado por la Sedena el 3 de mayo derivó en enfrentamientos que se registraron en diversos puntos de la comunidad

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 12 del año por violaciones graves a los derechos humanos, derivado de las detenciones arbitrarias y al excesivo del uso de la fuerza del Ejército Mexicano que terminó con la vida de dos personas, tras el operativo del 3 de mayo de 2017 en la población de Palmarito Tochapan, en Quecholac.

El documento está dirigido al secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos; al subprocurador jurídico y de asuntos internacionales, en suplencia del procurador General de la República (PGR), Alberto Beltrán; al director general de Pemex, Alberto Treviño; al gobernador de Puebla, Antonio Gali Fayad; al (ex) Fiscal General del Estado, Víctor Carrancá y al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Héctor Sánchez.

La CNDH instruye a la reparación del daño a los familiares de las personas que fueron ejecutadas de forma arbitraria por el uso excesivo de la fuerza, implementar las medidas que sean necesarias a fin de evitar la repetición de hechos violatorios de derechos humanos y contribuir a su prevención.

El pasado 3 de mayo, fueron ejecutadas de forma arbitraria dos personas, hubo trato cruel en agravio de 10 más incluidos dos menores de edad, se retuvo de manera ilegal a nueve adultos y cuatro menores, además de que se sembraron armas y se manipuló un cadáver. “Por la ejecución arbitraria, la indebida procuración de justicia por la irregular integración de diversas indagatorias y la no preservación del lugar de los hechos ocurridos”.

COMBATE AL HUACHICOL

Previo a los eventos del mes de mayo, en Palmarito se suscitaron diversos enfrentamientos armados en el Estado de Puebla, entre probables “huachicoleros” y diversas autoridades federales, estatales y municipales, en los que dos militares resultaron heridos y cinco vehículos oficiales dañados en Palmar de Bravo, además se registró otro enfrentamiento en la caseta de Esperanza, en la autopista Puebla-Orizaba. Hubo más en Acajete, Tepeaca, San Matías Tlalancaleca y San Martín Texmelucan.

En enero del año pasado, tres militares resultaron lesionados, cinco fueron retenidos, los cuales posteriormente fueron liberados por elementos de la Policía Federal en Cuacnopalan, mientras que en San Andrés Cacaloapan un policía Federal fue privado de la vida y Progreso de Juárez Acatzingo se registró el incendio de un ducto.

Sin embargo, el día de los hechos que derivaron en la recomendación aproximadamente a las 19:50 horas, 16 elementos del 59 Batallón de Infantería recibieron la notificación de que estaban sustrayendo combustible, hubo un primer enfrentamiento que terminó con la vida de una persona y lesiones a tres. Otra persona que no podía sostenerse en pie es ultimado posteriormente por personal del Ejército y otro más también es ejecutado. En total murieron 10 personas, seis civiles y cuatro militares.

La CNDH recomendó brindar atención psicológica a las víctimas, colaborar en las investigaciones ministeriales y los procedimientos administrativos que se inicien ante la Procuraduría General de la República, la Fiscalía General del Estado de Puebla, así como en el Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa Nacional y en el Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública, entre otras que se emiten en particular para cada funcionario.

RECOMENDACIONES EMITIDAS A INSTANCIAS FEDERALES Y ESTATALES

La CNDH recomienda al titular de la Sedena y al gobernador de Puebla se repare integralmente el daño a todas las víctimas, que incluya indemnización, asistencia médica y psicológica; colaborar en las investigaciones ministeriales y procedimientos administrativos contra el personal involucrado, así como en las quejas por manipulación del cuerpo de una víctima y colocación deliberada de armas largas a dos cadáveres, y que el titular de la Sedena colabore en la investigación por falta de veracidad en la información proporcionada a la CNDH.

A la PGR se le requiere continuar la integración de las carpetas de investigación por homicidios y lesiones; dejar sin efectos el acuerdo de reserva temporal de la carpeta de investigación contra personal militar y colaborar en la queja que se formule ante la Visitaduría General de esa Procuraduría por irregularidades en la integración de la carpeta de investigación por conductas delictivas contra dos personas, así como dar seguimiento al procedimiento administrativo contra personal responsable de falta de colaboración en la investigación de los hechos.

A Pemex se le pide colaborar en la integración de carpetas de investigación radicadas en la Fiscalía General estatal, que las instalaciones de esa empresa no se utilicen para resguardar a personas detenidas y colaborar en la queja que se presente ante el Órgano Interno de Control contra los servidores públicos que autorizaron o consintieron que las personas detenidas permanecieran en la planta de rebombeo de Palmarito Tochapan.

Al gobernador de Puebla se le solicita implementar políticas públicas para solucionar y combatir la criminalidad en la “Franja del Huachicol”, y en coordinación con los Ayuntamientos ubicados en esa zona escuchar a la población y atender sus problemas relacionados con desempleo, pobreza, desigualdad, prevención del delito, violaciones a derechos humanos, acceso a la justicia, educación, alimentación, salud, agua, vivienda e interés superior de la niñez, además de coadyuvar en la selección y evaluación de sus cuerpos policiales, profesionalizarlos y garantizar la seguridad pública, además de dar seguimiento al proceso administrativo que inicie el Consejo de Honor y Justicia de la SSP por omisiones en dictámenes respecto de lesiones sufridas por ocho personas.

Al fiscal general de justicia del estado se le demanda continuar las carpetas de investigación iniciadas por homicidio de tres personas, dar seguimiento a la queja que se formule ante la correspondiente Visitaduría General por omisiones en la integración de las citadas carpetas de investigación, colaborar en la investigación ministerial y procedimiento administrativo contra el agente del Ministerio Público del fuero común involucrado en la retención ilegal de cuatro menores de edad e instruir que las investigaciones ministeriales en que estén involucradas personas relacionadas con el robo de hidrocarburos se integren y determinen a la brevedad, conforme a derecho.

Y al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado se le recomienda colaborar en la queja que se formule ante la Comisión de Disciplina de dicho Tribunal por las imprecisiones que se observaron en las necropsias que peritos del TSJEP practicaron a nueve cadáveres, incluidos cuatro elementos del Ejército Mexicano y una persona menor de edad.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 12 del año por violaciones graves a los derechos humanos, derivado de las detenciones arbitrarias y al excesivo del uso de la fuerza del Ejército Mexicano que terminó con la vida de dos personas, tras el operativo del 3 de mayo de 2017 en la población de Palmarito Tochapan, en Quecholac.

El documento está dirigido al secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos; al subprocurador jurídico y de asuntos internacionales, en suplencia del procurador General de la República (PGR), Alberto Beltrán; al director general de Pemex, Alberto Treviño; al gobernador de Puebla, Antonio Gali Fayad; al (ex) Fiscal General del Estado, Víctor Carrancá y al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Héctor Sánchez.

La CNDH instruye a la reparación del daño a los familiares de las personas que fueron ejecutadas de forma arbitraria por el uso excesivo de la fuerza, implementar las medidas que sean necesarias a fin de evitar la repetición de hechos violatorios de derechos humanos y contribuir a su prevención.

El pasado 3 de mayo, fueron ejecutadas de forma arbitraria dos personas, hubo trato cruel en agravio de 10 más incluidos dos menores de edad, se retuvo de manera ilegal a nueve adultos y cuatro menores, además de que se sembraron armas y se manipuló un cadáver. “Por la ejecución arbitraria, la indebida procuración de justicia por la irregular integración de diversas indagatorias y la no preservación del lugar de los hechos ocurridos”.

COMBATE AL HUACHICOL

Previo a los eventos del mes de mayo, en Palmarito se suscitaron diversos enfrentamientos armados en el Estado de Puebla, entre probables “huachicoleros” y diversas autoridades federales, estatales y municipales, en los que dos militares resultaron heridos y cinco vehículos oficiales dañados en Palmar de Bravo, además se registró otro enfrentamiento en la caseta de Esperanza, en la autopista Puebla-Orizaba. Hubo más en Acajete, Tepeaca, San Matías Tlalancaleca y San Martín Texmelucan.

En enero del año pasado, tres militares resultaron lesionados, cinco fueron retenidos, los cuales posteriormente fueron liberados por elementos de la Policía Federal en Cuacnopalan, mientras que en San Andrés Cacaloapan un policía Federal fue privado de la vida y Progreso de Juárez Acatzingo se registró el incendio de un ducto.

Sin embargo, el día de los hechos que derivaron en la recomendación aproximadamente a las 19:50 horas, 16 elementos del 59 Batallón de Infantería recibieron la notificación de que estaban sustrayendo combustible, hubo un primer enfrentamiento que terminó con la vida de una persona y lesiones a tres. Otra persona que no podía sostenerse en pie es ultimado posteriormente por personal del Ejército y otro más también es ejecutado. En total murieron 10 personas, seis civiles y cuatro militares.

La CNDH recomendó brindar atención psicológica a las víctimas, colaborar en las investigaciones ministeriales y los procedimientos administrativos que se inicien ante la Procuraduría General de la República, la Fiscalía General del Estado de Puebla, así como en el Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa Nacional y en el Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública, entre otras que se emiten en particular para cada funcionario.

RECOMENDACIONES EMITIDAS A INSTANCIAS FEDERALES Y ESTATALES

La CNDH recomienda al titular de la Sedena y al gobernador de Puebla se repare integralmente el daño a todas las víctimas, que incluya indemnización, asistencia médica y psicológica; colaborar en las investigaciones ministeriales y procedimientos administrativos contra el personal involucrado, así como en las quejas por manipulación del cuerpo de una víctima y colocación deliberada de armas largas a dos cadáveres, y que el titular de la Sedena colabore en la investigación por falta de veracidad en la información proporcionada a la CNDH.

A la PGR se le requiere continuar la integración de las carpetas de investigación por homicidios y lesiones; dejar sin efectos el acuerdo de reserva temporal de la carpeta de investigación contra personal militar y colaborar en la queja que se formule ante la Visitaduría General de esa Procuraduría por irregularidades en la integración de la carpeta de investigación por conductas delictivas contra dos personas, así como dar seguimiento al procedimiento administrativo contra personal responsable de falta de colaboración en la investigación de los hechos.

A Pemex se le pide colaborar en la integración de carpetas de investigación radicadas en la Fiscalía General estatal, que las instalaciones de esa empresa no se utilicen para resguardar a personas detenidas y colaborar en la queja que se presente ante el Órgano Interno de Control contra los servidores públicos que autorizaron o consintieron que las personas detenidas permanecieran en la planta de rebombeo de Palmarito Tochapan.

Al gobernador de Puebla se le solicita implementar políticas públicas para solucionar y combatir la criminalidad en la “Franja del Huachicol”, y en coordinación con los Ayuntamientos ubicados en esa zona escuchar a la población y atender sus problemas relacionados con desempleo, pobreza, desigualdad, prevención del delito, violaciones a derechos humanos, acceso a la justicia, educación, alimentación, salud, agua, vivienda e interés superior de la niñez, además de coadyuvar en la selección y evaluación de sus cuerpos policiales, profesionalizarlos y garantizar la seguridad pública, además de dar seguimiento al proceso administrativo que inicie el Consejo de Honor y Justicia de la SSP por omisiones en dictámenes respecto de lesiones sufridas por ocho personas.

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