Más de 10 mil 500 firmas y 40 cartas de autoridades comunitarias fueron entregadas – por habitantes de las comunidades ixtacamaxtecas de Tecoltemi y Acolhua – a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cuenta regresiva de la discusión que sostendrán los ministros por el proyecto minero impulsado por la empresa canadiense Almaden Minerals en este municipio, mismo que incide sobre la Ley Minera.
Las 40 cartas fueron firmadas por autoritarias comunitarias como jueces de paz, comisarios ejidales, presidentes auxiliares e inspectores de los municipios poblanos de Aquixtla, Ixtacamaxtitlán, Tetela de Ocampo y Zautla, los principalmente afectados por la minería a cielo abierto de las concesiones Cerro Grande y Cerro Grande 2, las filiales mexicanas de la empresa canadiense Minera Gorrión y Minera Gavilán, en 2003 y 2009 respectivamente.
La entrega – de las cartas y firmas – ocurrió durante la audiencia que tuvieron con la ministra Norma Lucía Piña Hernández. Las firmas fueron recabadas a través de la plataforma Change.org, acto en el que los habitantes protagonizaron una manifestación pacífica frente a las instalaciones de la SCJN, justo un día antes de que esta instancia falle sobre el amparo interpuesto por los comuneros indígenas de Ixtacamaxtitlán, desde 2015.
La intención es que la Primera Sala de esa corte declare ilegales las concesiones mineras y, por lo tanto, las cancele, dado que los indígenas argumentan que el proyecto minero viola los derechos humanos de acceso al agua, a un medio ambiente sano, el derecho a la consulta y a la libre determinación de los pueblos indígenas y, además, tratados y convenios internacionales firmados por México. También alegan que la Ley Minera incluye artículos que son inconstitucionales.
Además de activistas – nacionales e internacionales – los indígenas cuentan con el apoyo, desde hace varios años, de organizaciones no gubernamentales como Fundar (Centro de Análisis e Investigación), así como del Consejo Tiyat Tlali, quienes en conjunto interpusieron juicio de amparo contra la Secretaría de Economía haber entregado sobre sus territorios dos concesiones mineras sin consulta ni consentimiento.
Lo que suma los recursos legales contra el Congreso de la Unión y la presidencia de la República, encabezado en ese entonces por Enrique Peña Nieto, por el proceso que derivó en la integración de varios artículos en la Ley Minera.
En abril de 2019, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa, de Trabajo y de Juicios federales en el Estado de Puebla dictó sentencia favorable a Tecoltemi, reconociendo no sólo la violación al derecho a la consulta, sino también el consentimiento previo, libre e informado, así como la determinación de que las concesiones mineras fueron concedidas sin la opinión de la comunidad indígena afectada.
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Este miércoles se espera el fallo de la Primera Sala y hasta donde se sabe, ante cuatro – de los cinco integrantes de esta sala – los afectados han expuesto sus diversos argumentos para defender su territorio ante lo que llamaron el embate de la minera y la Cámara Minera de México, con el respaldo de la Secretaría de Economía.
Al único que no se le expusieron los argumentos fue administro Juan Luis González Alcántara. Mientras tanto el tema ya ha acaparado la atención de medios internacionales como "The Washington Post" que, en su edición de este martes, publicó "El Estado mexicano pone en juego el futuro del territorio indígena”; destaca que este conflicto no es el único, ya que hay 250 conflictos comunitarios contra mineras en México, de los cuales 36 nacieron del actual gobierno federal. Ese medio estadounidense señala que, por un lado, el Estado ataca sus derechos, pero, por el otro, simula apoyar a los pueblos indígenas.
Minera Gorrión llegó a este municipio en 2001 con la intención de explorar la zona. Entre 2011 y 2012 detectó un depósito de poco más de un millón y medio de onzas de oro y 96.7 millones de onzas de plata, un yacimiento pequeño de acuerdo con otros yacimientos en el país.
Hasta ahora, la minera ha invertido poco más de 117 millones de dólares en los primeros años de labores y de explotación. La intención es que invierta más de mil 785 millones de dólares durante los años que dure la mina, según fuentes consultadas que estiman que el proyecto duraría 14 años de explotación en la zona, bajo la modalidad de cielo abierto. Contempla la creación de mil empleos directos a cambio de afectar campos de cultivo, agua, medio ambiente salud e incluso poner en riesgo el patrimonio, según los propios habitantes se han quejado.
