/ sábado 18 de enero de 2020

Por presuntos “moches”, investigan a elementos de la Policía Estatal en V. Carranza

Denuncias ciudadanas refirieron que los elementos usurpaban funciones de Policías de Tránsito

Personal de asuntos internos de la Secretaría de Seguridad Pública inició una investigación contra elementos de la Policía Estatal, a quienes acusaron de solicitar "moches" en los límites del estado de Puebla y Veracruz, durante retenes que se instalaron en El Lindero y la zona límite entre La Uno y Paso de Chicualoque.

Personal comisionado en el área dio a conocer la medida a este medio de comunicación, tras las denuncias ciudadanas que refirieron sobre policías que usurparon funciones de Policías de Tránsito.

Los reportes apuntaron sobre su forma de operar, misma que era mediante acciones de revisión en donde se anteponía la búsqueda de drogas, armas de fuego o vehículos robados. Una vez revisadas las unidades solicitaban documentación, pero ante la falta de actualización de licencias, verificación vehicular o por el simple hecho de circular con placas de otro estado eran motivo de sanción.

Las cuotas eran de “mil a 2 mil pesos para poder ser liberados”, muchos de ellos entregados ante el temor de que les fueran remitidas las unidades al corralón.

De acuerdo con personal de asuntos internos, los elementos estatales no tienen la facultad de aplicar infracciones debido a que esa función es única de la Policía Vial.

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Personal de asuntos internos de la Secretaría de Seguridad Pública inició una investigación contra elementos de la Policía Estatal, a quienes acusaron de solicitar "moches" en los límites del estado de Puebla y Veracruz, durante retenes que se instalaron en El Lindero y la zona límite entre La Uno y Paso de Chicualoque.

Personal comisionado en el área dio a conocer la medida a este medio de comunicación, tras las denuncias ciudadanas que refirieron sobre policías que usurparon funciones de Policías de Tránsito.

Los reportes apuntaron sobre su forma de operar, misma que era mediante acciones de revisión en donde se anteponía la búsqueda de drogas, armas de fuego o vehículos robados. Una vez revisadas las unidades solicitaban documentación, pero ante la falta de actualización de licencias, verificación vehicular o por el simple hecho de circular con placas de otro estado eran motivo de sanción.

Las cuotas eran de “mil a 2 mil pesos para poder ser liberados”, muchos de ellos entregados ante el temor de que les fueran remitidas las unidades al corralón.

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