/ jueves 9 de mayo de 2019

Presa de Aquixtla fue realizada sin permisos: Jiménez Merino

El 15 de enero pasado la Conagua Puebla impuso una multa por 241 mil 800 pesos y la orden de la demolición de la construcción

No hay nada sospechoso en la represa de Chignahuatzingo, Aquixtla, que se empezó a hacer sin el permiso de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), sin hacer los trámites correspondientes y en una zona vedada, fijó el candidato a gobierno del estado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y exdirector de la Conagua-Puebla, Alberto Jiménez Merino, durante la rueda de prensa que protagonizó durante su más reciente visita a este municipio.

A pregunta expresa de este reportero, el exfuncionario señaló que la zona donde se construyó esta represa no hay manera de poder concesionar aguas: "fue una falta de comunicación de los usuarios, una falta de comunicación de las instancias que apoyaron, obviamente la ley se tiene que aplicar, la determinación que dio la Conagua, siendo director su servidor, es que es una zona vedada, eso está en la ley, eso solo el presidente de la República puede hacer (otorgar la concesión)", respondió.

Negó que haya tráfico de influencias: no hay otra cosa más que el acatamiento de la ley, como lo he hecho a lo largo de los años, dijo.

- Entonces, ¿las denuncias penales y las quejas interpuestas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos no lo van a tocar a usted?

- No lo sé, pero si me tocaran yo lo único que hice fue aplicar la ley de aguas nacionales, es una zona de veda; es también una pugna entre usuarios muy clara que yo vi, pero lo que corresponde a la ley de aguas nacionales y corresponde al director de la Conagua… siempre he dicho que se aplique la ley, siempre he dicho que la autoridad haga su trabajo; en este caso lo que correspondía era no poder otorgar una concesión, no se puede otorgar porque la ley no lo permite, finalizó.

Hay que recordar que, apenas el 15 de enero pasado, luego de más de un año, la delegación de la Conagua, todavía al mando de Jiménez Merino, determinó la multa por 241 mil 800 pesos y la orden de la demolición de la represa en los cauces del río Chignahuatzingo.

La resolución se dio días antes de la renuncia del hoy candidato, lo que los quejosos criticaron, considerando que en 15 días se hizo lo que en más de un año no se logró y que representó superar varias trabas puestas por la dependencia.

Aún hoy, quedan pendiente los resultados de las dos denuncias penales interpuestas por el retiro de dos sellos de clausura emitidos por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Conagua, así como por las sanciones derivadas por la continuidad de la obra, pese a estos hechos, que al momento de la redacción de la nota no había derivado en ninguna sanción judicial correspondiente.

También queda pendiente la resolución de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por las violaciones ocurridas durante el proceso de queja interpuesta por vecinos del lugar y, aún quedan pendiente las quejas contra el subdirector de la Conagua-Puebla, Julio Adolfo Fierro Kauffmann, por presuntamente haber violado el derecho a las garantías de seguridad jurídica.

No hay nada sospechoso en la represa de Chignahuatzingo, Aquixtla, que se empezó a hacer sin el permiso de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), sin hacer los trámites correspondientes y en una zona vedada, fijó el candidato a gobierno del estado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y exdirector de la Conagua-Puebla, Alberto Jiménez Merino, durante la rueda de prensa que protagonizó durante su más reciente visita a este municipio.

A pregunta expresa de este reportero, el exfuncionario señaló que la zona donde se construyó esta represa no hay manera de poder concesionar aguas: "fue una falta de comunicación de los usuarios, una falta de comunicación de las instancias que apoyaron, obviamente la ley se tiene que aplicar, la determinación que dio la Conagua, siendo director su servidor, es que es una zona vedada, eso está en la ley, eso solo el presidente de la República puede hacer (otorgar la concesión)", respondió.

Negó que haya tráfico de influencias: no hay otra cosa más que el acatamiento de la ley, como lo he hecho a lo largo de los años, dijo.

- Entonces, ¿las denuncias penales y las quejas interpuestas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos no lo van a tocar a usted?

- No lo sé, pero si me tocaran yo lo único que hice fue aplicar la ley de aguas nacionales, es una zona de veda; es también una pugna entre usuarios muy clara que yo vi, pero lo que corresponde a la ley de aguas nacionales y corresponde al director de la Conagua… siempre he dicho que se aplique la ley, siempre he dicho que la autoridad haga su trabajo; en este caso lo que correspondía era no poder otorgar una concesión, no se puede otorgar porque la ley no lo permite, finalizó.

Hay que recordar que, apenas el 15 de enero pasado, luego de más de un año, la delegación de la Conagua, todavía al mando de Jiménez Merino, determinó la multa por 241 mil 800 pesos y la orden de la demolición de la represa en los cauces del río Chignahuatzingo.

La resolución se dio días antes de la renuncia del hoy candidato, lo que los quejosos criticaron, considerando que en 15 días se hizo lo que en más de un año no se logró y que representó superar varias trabas puestas por la dependencia.

Aún hoy, quedan pendiente los resultados de las dos denuncias penales interpuestas por el retiro de dos sellos de clausura emitidos por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Conagua, así como por las sanciones derivadas por la continuidad de la obra, pese a estos hechos, que al momento de la redacción de la nota no había derivado en ninguna sanción judicial correspondiente.

También queda pendiente la resolución de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por las violaciones ocurridas durante el proceso de queja interpuesta por vecinos del lugar y, aún quedan pendiente las quejas contra el subdirector de la Conagua-Puebla, Julio Adolfo Fierro Kauffmann, por presuntamente haber violado el derecho a las garantías de seguridad jurídica.

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