HUEYAPAN, Pue.- La solicitud de consulta popular sobre el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP) hecha por la organización indígena Tisennenemi A.C., se convirtió en la primera hecha por un pueblo originario, en Puebla, que solicita una consulta libre, previa, informada y culturalmente adecuada, según se desprende del oficio que entregaron a la presidenta municipal, Pascacia Cecilia Jaime Uno.
Y es que, derivado de la aprobación del cobro de derechos de alumbrado público, a 144 municipios poblanos, entre ellos Hueyapan, amparados en el artículo número dos de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, solicitaron al ayuntamiento local la consulta popular o consulta ciudadana para el cobro de ese derecho aprobado por el Congreso del Estado y que está dentro de la Ley de ingresos 2022.
Para los indígenas, lo aprobado por el Congreso representa haber sido violentados sus derechos indígenas, toda vez que no tuvo el consentimiento, conocimiento y haciendo caso omiso a la consulta libre, previa e informada que está amparada no solamente por la Constitución mexicana, sino también por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo: "situaciones agudizados por la falta de protección y representación jurídica y su limitado acceso a la justicia de los indígenas", se lee en el oficio.
El segundo párrafo señala, en este escenario, las condiciones sociales para la gobernanza transparente, inclusiva, responsable, se convierte en una tarea de todos para profundizar los marcos normativos institucionales, para el ejercicio de los derechos a la participación pública, al acceso a la información y al acceso a la justicia social: "asimismo, los pueblos indígenas enfrentan mayores dificultades para dar visibilidad y denunciar los abusos que se cometen afectándolos de cualquier manera".
Explica en que, en virtud de lo importante que es la situación, solicitaron al ayuntamiento, por ser de su competencia, que una de realizar la consulta popular se declare, mediante sesión de cabildo, la improcedencia o la ratificación del cobro del DAP municipal.
Los indígenas hicieron notar que la Comisión Federal de Electricidad ya realiza el cobro bimestral de ese derecho, a razón del 5.5%, en promedio, por lo que los recibos alcanzan 100 pesos bimestrales que, en total, representa un aumento notable del 75%, lo que – según ellos – resulta completamente desproporcionado. Abunda en que, en algunos casos, la población no podrá cubrir ese impuesto.
A nombre de la asociación civil, el oficio es firmado por su presidente, Juan Filomeno Francisco; el secretario, Omar Romero Martínez, y el tesorero, Alberto Mario Mateo. El oficio tiene fecha de recibido el pasado 31 de enero de 2022, por la Secretaría General del ayuntamiento.