Los últimos datos arrojados por la Encuesta Intercensal, revelan que Puebla ocupa el tercer lugar con hablantes de lengua indígena que no cuentan con el registro de nacimiento, con lo que se viola el derecho a la identidad que está incluido en los artículos 7 y 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
El censo indica que el estado de Chiapas ocupa el primer lugar con 23.3 por ciento de población indígena no registrada, mientras que Oaxaca y Puebla ocupan el segundo y tercer lugar con el 14.1 y 12.3 por ciento respectivamente.
Tan solo entre estos tres estados suman más 21 mil casos de población hablante indígena no inscrita al registro civil; Chiapas, que lidera el índice, tiene un registro de más de 10 mil personas, Oaxaca con alrededor de 6 mil y Puebla con casi 5 mil casos.
La radiografía de no registro señala que las causas por las que no se realiza el trámite radica principalmente por: la dificultad para contar con los documentos necesarios para realizarlo (34.0 por ciento); el alto costo que implica el trámite (22.0 por ciento) y el tiempo para la realización del trámite (15.6 por ciento).
El documento precisa que cuando una niña o un niño no está registrado -y, por ende, no cuenta con un acta de nacimiento- no puede tener acceso a sus demás derechos como protección, salud o educación, ni a las mismas oportunidades de desarrollo que otros niños; pues el acta continúa siendo uno de los principales requisitos para ingresar a la escuela u obtener reconocimiento legal de los estudios; así como para acceder a servicios básicos de salud y seguridad social.
Del cien por ciento de la población en México que no cuenta con acta de nacimiento (1 millón 3 mil 702 personas), el 4.8 por ciento del total se declararon hablantes de lengua indígena (poco más de 43 mil personas), y, por otro lado, del total de personas que no cuentan con acta ni registro de nacimiento, el 22.7% se reconocen como indígenas.
BARRERAS GEOGRÁFICAS Y CULTURALES
Algunas barreras que limitan seriamente el registro oportuno de los nacimientos son principalmente por temas geográficos, económicos y culturales.
De carácter geográfico: como resultado del difícil acceso de algunas oficinas del registro civil para algunas comunidades rurales.
Barreras económicas: debido al costo oficial del trámite, así como las cargas económicas indirectas que representa el registro para las familias, al trasladarse y ausentarse de sus actividades durante una o dos jornadas de trabajo.
Barreras culturales: asociadas al desinterés por parte de los padres y madres para la inscripción al registro civil de sus hijas o hijos.