/ miércoles 26 de junio de 2019

Realizan foro informativo de proyecto minero Ixtacamaxtitlán

Un habitante dijo que la exploración causaron la pérdida de un cultivo de ajo, daños a la salud, pérdida de un manto acuífero y la muerte de 14 cabras

Acceso y contaminación del agua, la condición de indígena, el impacto al medio ambiente por el proyecto minero y hasta el marco de derechos humanos, fueron los temas centrales que defendieron o criticaron los opositores o impulsores del proyecto minero Ixtaca y de su Manifestación de Impacto Ambiental en una reunión convocada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) llevada a cabo entre interrupciones, rechiflas y aplausos.

Hubo observadores de las Naciones Unidas, de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla y de una misión civil de observación de derechos humanos; la policía estatal y municipal restringía el acceso a esta reunión que inició a las 11 horas, incluyó la exposición del proyecto por parte de la minera, 22 participaciones individuales y una serie de preguntas y respuestas que, en la última tanda, fueron 42.

Uno de los demás más recurrentes fue defendido por Minera Gorrión, filial de la empresa Almaden Minerals, se centra en defender que no afecta y ambiente, tampoco contamina el agua, dijo que se abastecerá de agua pluvial y que no afectaría ni la calidad ni la cantidad del vital líquido.

Argumentó que construirán un sistema de represas con capacidad de captar 1.8 millones de metros cúbicos de agua pluvial, con la que se abastecerá la mina para sus labores. Una vez lograda la captación necesaria de agua, también estará disposición de las autoridades competentes para que se puedan abastecer a las comunidades aledañas, lo que facilitaría una mayor disposición de agua, en un promedio de 500 y 2 mil metros cúbicos diarios.

Entre los puntos centrales está, según la minera, que no invade ningún área natural protegida, área de importancia para la conservación de aves o región prioritaria terrestre, no afecta ninguna especie en peligro de extinción o especial protección, pues habrá un plan de rescate de fauna y flora, como de restauración de suelos. no implica reubicación de poblaciones.

Por su parte, los opositores, organizaciones y habitantes señalaron al menos nueve incongruencias de la minera, entre ellas que durante el trámite del juicio de amparo 445/2015, Minera Gorrión intentó que se redujeran las concesiones mineras, se emitieran nuevas con sanciones derivadas de la reducción de esas concesiones que coincidían con el territorio de Tecoltemi, lo que es una aducida legal a través de las concesiones mineras "Cerro Grande", que no existen por determinación judicial, que en términos jurídicos significa que brindó información falsa y podría ser motivo de revocación de la concesión, según la argumentación jurídica presentada por Leonardo Durán y Diana Pérez, del Consejo Tiyat Tlali.

También criticaron que de las especies protegidas por la norma oficial mexicana y que están presentes en Ixtacamaxtitlán, hubo cuatro que no fueron incluidas por la minera. Desecharon con argumentos estadísticos y antropológicos la versión de la empresa en el sentido de que no está instalada en territorio indígena, lo que es parte de los argumentos jurídicos que podrían tener la implicación de que no fueron consultados antes de los trabajos y que el estudio de impacto psicosocial que presentó la minera no cumple con los requisitos de ley, toda vez que debió ser organizada e impulsada desde una instancia pública de gobierno.

Acceso y contaminación del agua, la condición de indígena, el impacto al medio ambiente por el proyecto minero y hasta el marco de derechos humanos, fueron los temas centrales que defendieron o criticaron los opositores o impulsores del proyecto minero Ixtaca y de su Manifestación de Impacto Ambiental en una reunión convocada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) llevada a cabo entre interrupciones, rechiflas y aplausos.

Hubo observadores de las Naciones Unidas, de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla y de una misión civil de observación de derechos humanos; la policía estatal y municipal restringía el acceso a esta reunión que inició a las 11 horas, incluyó la exposición del proyecto por parte de la minera, 22 participaciones individuales y una serie de preguntas y respuestas que, en la última tanda, fueron 42.

Uno de los demás más recurrentes fue defendido por Minera Gorrión, filial de la empresa Almaden Minerals, se centra en defender que no afecta y ambiente, tampoco contamina el agua, dijo que se abastecerá de agua pluvial y que no afectaría ni la calidad ni la cantidad del vital líquido.

Argumentó que construirán un sistema de represas con capacidad de captar 1.8 millones de metros cúbicos de agua pluvial, con la que se abastecerá la mina para sus labores. Una vez lograda la captación necesaria de agua, también estará disposición de las autoridades competentes para que se puedan abastecer a las comunidades aledañas, lo que facilitaría una mayor disposición de agua, en un promedio de 500 y 2 mil metros cúbicos diarios.

Entre los puntos centrales está, según la minera, que no invade ningún área natural protegida, área de importancia para la conservación de aves o región prioritaria terrestre, no afecta ninguna especie en peligro de extinción o especial protección, pues habrá un plan de rescate de fauna y flora, como de restauración de suelos. no implica reubicación de poblaciones.

Por su parte, los opositores, organizaciones y habitantes señalaron al menos nueve incongruencias de la minera, entre ellas que durante el trámite del juicio de amparo 445/2015, Minera Gorrión intentó que se redujeran las concesiones mineras, se emitieran nuevas con sanciones derivadas de la reducción de esas concesiones que coincidían con el territorio de Tecoltemi, lo que es una aducida legal a través de las concesiones mineras "Cerro Grande", que no existen por determinación judicial, que en términos jurídicos significa que brindó información falsa y podría ser motivo de revocación de la concesión, según la argumentación jurídica presentada por Leonardo Durán y Diana Pérez, del Consejo Tiyat Tlali.

También criticaron que de las especies protegidas por la norma oficial mexicana y que están presentes en Ixtacamaxtitlán, hubo cuatro que no fueron incluidas por la minera. Desecharon con argumentos estadísticos y antropológicos la versión de la empresa en el sentido de que no está instalada en territorio indígena, lo que es parte de los argumentos jurídicos que podrían tener la implicación de que no fueron consultados antes de los trabajos y que el estudio de impacto psicosocial que presentó la minera no cumple con los requisitos de ley, toda vez que debió ser organizada e impulsada desde una instancia pública de gobierno.

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