Al menos dos centenares de organizaciones nacionales (varias de ellas con presencia y origen en territorio poblano), internacionales y globales firmaron una carta abierta dirigida a los diputados federales y senadores para externar su rechazo al Proyecto de Decreto de reforma a la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos y los instaron a una revisión minuciosa del dictamen, así como la apertura de espacios para la participación eficaz de la sociedad.
A través de esta misiva, también dirigida a los coordinadores de grupos parlamentarios, las organizaciones firmantes, entre ellas la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.) va dirigida a las comisiones referentes al medio ambiente y recursos naturales, presupuesto y cuenta pública, así como la de energía.
Detalla que, el martes 10 de abril de 2018 la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados aprobó el Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. Este proyecto fue incluido para su discusión en el Orden del Día del Pleno de esta Cámara el 18 de abril.
Ante estos hechos, los firmantes externaron su rechazo a la aprobación de dicho proyecto en las condiciones actuales, a menos de quince días de que finalice este periodo de sesiones. Por lo que señalaron “vacíos” que ameritan contar con mayor tiempo para llevar a cabo un análisis minucioso, participativo:
La iniciativa de reforma dictaminada por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales tiene por objeto equiparar a dicho órgano administrativo desconcentrado con la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de la Energía (CRE), en su calidad de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética (ORCME), lo que excede y se contrapone con la reforma constitucional en materia energética.
Mientras argumentaban que, por mandato constitucional la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos es un órgano administrativo desconcentrado de la Semarnat y no puede ser considerada como un órgano regulador del sector.
Tal como lo establecen los estándares internacionales, las autoridades ambientales requieren contar con la autonomía e independencia suficiente para el cumplimiento de sus funciones y para asegurar que en sus decisiones primen criterios de protección ambiental. Lo que preocupa a las organizaciones es que la reforma a la Ley presenta vacíos que pueden implicar que la toma de decisiones quede en manos de intereses partidistas y/o empresariales.
Tal y como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) cualquier medida legislativa o administrativa que pueda afectar a los pueblos y comunidades indígenas debe ser consultada con los mismos, por lo que la reforma a la Ley de la Agencia debe garantizar el derecho a la consulta previa y al consentimiento libre e informado.
Por lo anteriormente expuesto, insistimos en que las comisiones dictaminadoras se tomen el tiempo necesario para hacer una revisión minuciosa del dictamen de mérito, mientras que en paralelo se abren espacios para la participación eficaz de la sociedad, siguiendo los principios y acciones de un parlamento abierto.
Entre las organizaciones firmantes con presencia en México y en la Sierra Norte de Puebla destacan: Alianza Mexicana Contra el Fracking; CartoCrítica, Investigación, Mapas y Drones para la Sociedad Civil; Consejo Tiyat Tlali; Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa de las Huastecas y el Totonacapan (Corason); Greenpeace México; Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER); Oxfam México.
Además, lo firman organizaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay. También firman organizaciones regionales con presencia en Latinoamérica y el Caribe, además de organizaciones globales como Avaaz y Blue Planet Project.
