Por discrepancias en su redacción y problemas de concepción sobre los pueblos indígenas, la redistritación electoral realizada por el Instituto Nacional Electoral (INE) incumple con su objetivo de fortalecer la representación de los pueblos originarios, considero Raimundo García López, activista en temas de indigenismo y defensa del territorio, además de ser miembro de la organización Serranos Unidos en Resistencia Indígena (SURI).
Lo anterior, luego de que el pasado 30 de junio el Consejo General del INE aprobó ampliar de cuatro a siete los distritos locales indígenas para el estado de Puebla, manteniendo la distribución en 26 distritos, además de cambiar las cabeceras del distrito 6 que estaba en Teziutlán a Chignahuapan y la del distrito 15 que correspondía a Tecamachalco para el municipio de Libres. Quedando como distritos para las comunidades indígenas los de Huauchinango, Libres, Zacapoaxtla, Ajalpan, Xicotepec, Chignahuapan y Teziutlán.
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“Vemos un panorama desolador, va a ser el mismo proceso que en 2016 y 2017 (…) serán los mismos resultados. Así, los pueblos indígenas vamos a estar indefensos en el tema de la representación política”, advirtió el activista.
En entrevista para El Sol de Puebla, García López explicó que el tema de la redistritación tiene vertientes que la autoridad electoral en los distritos locales trata de resolver de manera rápida y sin experiencia, mientras que en los consejos estatal y nacional no se ajusta a un proceso donde realmente se aplique un protocolo para la información previa libre e informada, así como de consulta a los pueblos indígenas.
FALLAS DESDE EL PROCEDIMIENTO
No sólo es la creación de nuevas cabeceras distritales –explicó- o el ajuste de los municipios que abarcarán para destacar la integración de los municipios indígenas, también se trata de ajustarse a los procedimientos que garanticen el respeto a los pueblos indígenas.
“Nuestra impresión es que se aplicará el mismo proceso utilizado en las elecciones de 2016, sólo con algunas variantes, partiendo del modelo que impuso al INE el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), sólo adaptado acorde a la autoridad electoral que quiere establecer este procedimiento, que tampoco son consulta indígena”, señala en referencia a la forma de realizar las consultas, así como de seleccionar a los sujetos consultados.
El activista en temas indígenas detalló que la etapa de acuerdos previos la desarrollaron esas dos dependencias y no los indígenas, lo que implicaría que son ilegales los procedimientos, según su argumentación.
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“Cuando dicen que las autoridades tradicionales comunitarias son aquellas que los pueblos indígenas reconocen como tales y que son nombradas con base su sistema normativo, entre los que podemos encontrar autoridades municipales indígenas y afro americana, por ejemplo, aun cuando la figura del presidente municipal es municipal y no indígena”, señaló al exponer una de las incongruencias de la redistritación.
Mientras explicaba otras seis discrepancias que sólo redundaban en la falta de congruencia entre la forma en que se eligen, incluso en el nombramiento de funcionarios en dependencias especializadas en temas indígena y que no tienen esa cualidad, argumentó que el problema de concepción y de ahí que vaya generar controversias y fracasos.
AUTOADSCRIPCIÓN CALIFICADA
Raimundo García López adelantó que ya tuvieron reuniones con representantes del Tribunal Electoral Federal (Trife), lo que representa – según dijo – un “pequeñísimo” avance, mientras exploran otras maneras y posibilidades para generar este cambio de visión, incluyendo la fijación de parámetros para los procedimientos de “auto adscripción”, sobre todo por las etapas y tiempos, así como otras deficiencias que ha tenido el INE, en la que invitaron a la llamada reunión consultiva para abordar dos temas: “autoadscripción” y “autoadscripción calificada”.
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Durante la charla también comentó desde que el INPI inició con el tema de las consultas indígenas esta omisión ha sido presente y constante, por ejemplo la convocatoria que hizo el INE-Zacatlán, donde tocaron este tema de la auto adscripción y la acompañaron del adjetivo “calificada", lo que implica el desconocimiento por parte de muchos funcionarios de dependencia, en distritos con municipios indígenas que, entre otras cosas, implicaría que está violando su propio protocolo, por reunir dos etapas en una sola: la sustentación y la auto adscripción.
“Con esos protocolos hay muchas opciones de impugnación, mismas que ya estaremos evaluando acorde a las etapas y los procesos, así el problema es la concepción de distritación y auto adscripción”, finalizó.
