/ martes 19 de marzo de 2019

Respalda AMLO concesiones mineras en 200 millones de hectáreas mexicanas

Pobladores de Ixtacamaxtitlán mantienen resistencia y esperan resolución de amparo

Mientras que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, adelantó que no se cancelará ninguna concesión minera vigente en 200 millones de hectáreas mexicanas, indígenas nahuas ixtacamaxtitecos esperan la resolución de amparo que pone en el banquillo de los acusados a la Ley minera y eventualmente, supondría la cancelación del proyecto minero impulsado por la canadiense Almaden Minerals, en este municipio.

LA MAÑANERA

Durante la conferencia de prensa que protagonizó López Obrador, la mañana de este lunes, a pregunta del periodista Omar Caballero, dijo que hay una cantidad de concesiones para la explotación minera, entregadas por gobiernos neoliberales y que las empresas no se lo acabarían ni en mil años, porque entregaron concesiones del orden de 40 o 50 millones de hectáreas.

Dijo: Nuestro país tiene 200 millones de hectáreas y entregaron como 40, 50 millones, como el 25, 30 por ciento del territorio nacional… Y esto lo hicieron en 36 años, ni Porfirio Díaz enajenó tanto suelo patrio como estos gobernantes neoliberales, nada más Calderón entregó 20 millones de hectáreas para la explotación minera.

“Nosotros vamos a respetar esas concesiones, esos acuerdos... Voy a revisar qué pasa con la explotación del oro, de la plata y qué uso, hay muchas propuestas en ese sentido, pero no tenemos nada en particular, sólo decir, se mantienen las concesiones, no se revocan, así de claro, para que no salgan nuestros adversarios o sus voceros a decir: ‘Se está perjudicando a la iniciativa privada o a la inversión extranjera’, repito, no se revocan concesiones. Número uno.

…Número dos, queremos que las empresas mineras, las canadienses en particular, lleven a cabo una explotación minera limpia, lo único que les pedimos es que actúen igual que como están obligados a hacerlo en Canadá, lo mismo, igual; es decir, que le paguen bien al minero, que paguen la misma cantidad de impuestos que pagan allá y, sobre todo, que no contaminen.

AL BANQUILLO DE LOS ACUSADOS

Según dieron a conocer activistas y abogados, luego de la audiencia constitucional del pasado 5 de marzo, empezó la cuenta regresiva cuenta 90 día para que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa, de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla para que emita su fallo final, a razón del amparo interpuesto por la comunidad nahua del Ejido Ixtacamaxtiteco de Tecoltemi, interpuesto desde abril de 2015.

Esta es la primera vez que se lleva al banquillo de los acusados a la Ley minera e implicaría la cancelación de las concesiones mineras en Ixtacamaxtitlán, con alcance a otras existentes en el país. El recurso es contra dos concesiones mineras que la Secretaría de economía otorgó en 2003 y 2009 a las empresas Cerro Grande y Cerro Grande 2, a través de Minera Gorrión, filial de la canadiense Almaden Minerals.

El argumento central de esta defensa es la inconstitucionalidad de la ley minera en el país que da prioridad a esta actividad económica sobre los usos de la tierra, lo que implica que no se reconoce el derecho los pueblos indígenas a una consulta previa.

Mientras que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, adelantó que no se cancelará ninguna concesión minera vigente en 200 millones de hectáreas mexicanas, indígenas nahuas ixtacamaxtitecos esperan la resolución de amparo que pone en el banquillo de los acusados a la Ley minera y eventualmente, supondría la cancelación del proyecto minero impulsado por la canadiense Almaden Minerals, en este municipio.

LA MAÑANERA

Durante la conferencia de prensa que protagonizó López Obrador, la mañana de este lunes, a pregunta del periodista Omar Caballero, dijo que hay una cantidad de concesiones para la explotación minera, entregadas por gobiernos neoliberales y que las empresas no se lo acabarían ni en mil años, porque entregaron concesiones del orden de 40 o 50 millones de hectáreas.

Dijo: Nuestro país tiene 200 millones de hectáreas y entregaron como 40, 50 millones, como el 25, 30 por ciento del territorio nacional… Y esto lo hicieron en 36 años, ni Porfirio Díaz enajenó tanto suelo patrio como estos gobernantes neoliberales, nada más Calderón entregó 20 millones de hectáreas para la explotación minera.

“Nosotros vamos a respetar esas concesiones, esos acuerdos... Voy a revisar qué pasa con la explotación del oro, de la plata y qué uso, hay muchas propuestas en ese sentido, pero no tenemos nada en particular, sólo decir, se mantienen las concesiones, no se revocan, así de claro, para que no salgan nuestros adversarios o sus voceros a decir: ‘Se está perjudicando a la iniciativa privada o a la inversión extranjera’, repito, no se revocan concesiones. Número uno.

…Número dos, queremos que las empresas mineras, las canadienses en particular, lleven a cabo una explotación minera limpia, lo único que les pedimos es que actúen igual que como están obligados a hacerlo en Canadá, lo mismo, igual; es decir, que le paguen bien al minero, que paguen la misma cantidad de impuestos que pagan allá y, sobre todo, que no contaminen.

AL BANQUILLO DE LOS ACUSADOS

Según dieron a conocer activistas y abogados, luego de la audiencia constitucional del pasado 5 de marzo, empezó la cuenta regresiva cuenta 90 día para que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa, de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla para que emita su fallo final, a razón del amparo interpuesto por la comunidad nahua del Ejido Ixtacamaxtiteco de Tecoltemi, interpuesto desde abril de 2015.

Esta es la primera vez que se lleva al banquillo de los acusados a la Ley minera e implicaría la cancelación de las concesiones mineras en Ixtacamaxtitlán, con alcance a otras existentes en el país. El recurso es contra dos concesiones mineras que la Secretaría de economía otorgó en 2003 y 2009 a las empresas Cerro Grande y Cerro Grande 2, a través de Minera Gorrión, filial de la canadiense Almaden Minerals.

El argumento central de esta defensa es la inconstitucionalidad de la ley minera en el país que da prioridad a esta actividad económica sobre los usos de la tierra, lo que implica que no se reconoce el derecho los pueblos indígenas a una consulta previa.

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