/ lunes 5 de marzo de 2018

Sancionan a 40 alcaldes de Puebla por irregularidades en cuentas públicas

Del total, 23 son emanados de la coalición PRI-PVEM

A casi siete meses de que concluyan las presentes administraciones municipales, que por única ocasión son de 4 años y 8 meses, un total de 40 -de 217 alcaldes- enfrentan Inicios de Procedimientos Administrativos de Determinación de Responsabilidades (IPADR) ante la Auditoría Superior del Estado (ASE) por irregularidades halladas y no solventadas en sus cuentas públicas.

Del total de los implicados, 23 son emanados de la coalición 5 de Mayo, siete del Partido del Trabajo (PT), dos de Movimiento Ciudadano (MC), seis de la coalición Puebla Unida, MC y Pacto Social de Integración (PSI), así como dos de Puebla Unida y PSI.

En la elección del 2013, la coalición 5 de Mayo estuvo integrada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM), mientras que Puebla Unida fue conformada por los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), Nueva Alianza (Panal) y Compromiso por Puebla (CPP).

De acuerdo con una revisión realizada por El Sol de Puebla a la página de la ASE (www.auditoriapuebla.gob.mx), se detectó que en la mayoría de los casos únicamente han sido pasadas al Congreso del Estado las cuentas públicas del primer año de gobierno, comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014 y solo el municipio de Zautla -de los 40 ayuntamientos enlistados- cuenta con la evaluación y aprobación del ejercicio fiscal 2015.

En una primera evaluación turnada por la ASE al Congreso del Estado, realizada el 27 de julio de 2016, fueron sancionados 12 alcaldes: Andrés Gustavo Álvarez Moreno, de Coatzingo; Misael Aldama Martínez, de Cohuecan; Cirilo López Santos, de Honey; Cirilo Munguía Espíndola, de Mixtla; Genaro Negrete Urbano, de Naupan; Braulio García Lezama, de San Diego La Meza Tochimiltzingo; Teófilo Javier Hernández, de San Juan Atzompa; Domingo Chino Gutiérrez, de San Martín Totoltepec; Ernestina Fernández Méndez, de Tehuacán; José Efraín García García, de Tlanepantla; Lauro César Franco López, de Tlaxco, y Rigomar Martínez Morales, de Zaragoza.

Dos días después, el 29 de julio de 2016, las sanciones continuaron para los alcaldes de 11 ayuntamientos más: Erick Alvarado Bednar, de Ahuazotepec; Marbella Pilar Tlatelpa Bravo, de Ahuehuetitla; Antonio Méndez Juárez, de Atoyatempan; Edgardo Ponce Cortés, de Chietla; Reynaldo Miramón Jiménez, de Coatepec; Nicolás Tecuatzin Campos, de Huatlatlauca; Francisco Palacios Lorenzo, de Tepeyahualco de Cuauhtémoc; Alejandro Josué Guzmán, de Tlacuilotepec; Everardo Santos Rodríguez, de Totoltepec de Guerrero; Emilio Delgado de Dios, de Tulcingo de Valle, y Enrique Iglesias Contreras, de Zautla.

Para el 15 de diciembre de 2016 fueron sancionados dos presidentes más: Guadalupe Martínez Zúñiga, de Axutla, y José Luis González Enríquez, de Chinantla.

Posteriormente, el 1 de marzo de 2017, los diputados locales aprobaron IPADR para doce más: Alejandro Javier Berrera Salazar, de Amixtlán; Bertha Rodríguez Rodríguez, de Atlequizayán; Maricela Ramos Jiménez, de Atzitzihuacán; Hilario Rangel Ramírez, de Chigmecatitlán; Juan Enrique Rivera Reyes, de Chignahuapan; Salvador Aguilar García, de Cohetzala -quien falleció tras un accidente ocurrido el 1 de febrero de 2018-; Julián Vázquez Ramírez, de Huitziltepec; Francisco Hermenegildo Simarrón Ocotoxtle, de Santa Calara Ocoyucan; Néstor Camarillo Medina, de Quecholac; Esteban Ramírez Rosales, de Teopantlán; Inocencio Muñoz Morales, de Tepemaxalco, y Dolores Campos Pelcastre, de Zihuateutla.

En el análisis de cuentas públicas turnado al Congreso local, el 31 de julio del 2017 fueron sancionados los últimos tres: Amelio Flores Sánchez, de Cuautinchán; Pablo Emilio Mendoza Espinoza, de Juan Galindo, y Adelaido Vega Mendoza, de Zapotitlán de Méndez.

Todos estos alcaldes enfrentan observaciones correspondientes a su primer ejercicio fiscal que no han podido solventar. Por si fuera poco, el resto de sus cuentas públicas tampoco han sido turnadas al Congreso local y se desconoce el avance de las revisiones o si éstos han cumplido en tiempo y forma con la documentación solicitada por la ASE.


ENTREGAS CALENDARIZADAS

Según el calendario establecido por la propia Auditoría Superior del Estado, los ayuntamientos debieron haber entregado entre el 20 y 22 de febrero de este año los estados financieros enero 2018, así como el Presupuesto de Ingresos 2018, Presupuesto de Egresos 2018, Cédula de Impuesto Predial y Derechos de Suministro de Agua enero 2018, además de los formatos trimestrales de la Ley de Disciplina Financiera, correspondiente al periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2017.

La próxima entrega sería los días 14 y 15 de marzo del Informe de Cumplimiento Final al Programa Presupuestario 2017. Posteriormente, los días 21 y 22 de marzo, los estados financieros de febrero 2018, el Informe de Gobierno 2017, la Cédula de Impuesto Predial y Derechos de Suministro de Agua de febrero 2018.

A casi siete meses de que concluyan las presentes administraciones municipales, que por única ocasión son de 4 años y 8 meses, un total de 40 -de 217 alcaldes- enfrentan Inicios de Procedimientos Administrativos de Determinación de Responsabilidades (IPADR) ante la Auditoría Superior del Estado (ASE) por irregularidades halladas y no solventadas en sus cuentas públicas.

Del total de los implicados, 23 son emanados de la coalición 5 de Mayo, siete del Partido del Trabajo (PT), dos de Movimiento Ciudadano (MC), seis de la coalición Puebla Unida, MC y Pacto Social de Integración (PSI), así como dos de Puebla Unida y PSI.

En la elección del 2013, la coalición 5 de Mayo estuvo integrada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM), mientras que Puebla Unida fue conformada por los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), Nueva Alianza (Panal) y Compromiso por Puebla (CPP).

De acuerdo con una revisión realizada por El Sol de Puebla a la página de la ASE (www.auditoriapuebla.gob.mx), se detectó que en la mayoría de los casos únicamente han sido pasadas al Congreso del Estado las cuentas públicas del primer año de gobierno, comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014 y solo el municipio de Zautla -de los 40 ayuntamientos enlistados- cuenta con la evaluación y aprobación del ejercicio fiscal 2015.

En una primera evaluación turnada por la ASE al Congreso del Estado, realizada el 27 de julio de 2016, fueron sancionados 12 alcaldes: Andrés Gustavo Álvarez Moreno, de Coatzingo; Misael Aldama Martínez, de Cohuecan; Cirilo López Santos, de Honey; Cirilo Munguía Espíndola, de Mixtla; Genaro Negrete Urbano, de Naupan; Braulio García Lezama, de San Diego La Meza Tochimiltzingo; Teófilo Javier Hernández, de San Juan Atzompa; Domingo Chino Gutiérrez, de San Martín Totoltepec; Ernestina Fernández Méndez, de Tehuacán; José Efraín García García, de Tlanepantla; Lauro César Franco López, de Tlaxco, y Rigomar Martínez Morales, de Zaragoza.

Dos días después, el 29 de julio de 2016, las sanciones continuaron para los alcaldes de 11 ayuntamientos más: Erick Alvarado Bednar, de Ahuazotepec; Marbella Pilar Tlatelpa Bravo, de Ahuehuetitla; Antonio Méndez Juárez, de Atoyatempan; Edgardo Ponce Cortés, de Chietla; Reynaldo Miramón Jiménez, de Coatepec; Nicolás Tecuatzin Campos, de Huatlatlauca; Francisco Palacios Lorenzo, de Tepeyahualco de Cuauhtémoc; Alejandro Josué Guzmán, de Tlacuilotepec; Everardo Santos Rodríguez, de Totoltepec de Guerrero; Emilio Delgado de Dios, de Tulcingo de Valle, y Enrique Iglesias Contreras, de Zautla.

Para el 15 de diciembre de 2016 fueron sancionados dos presidentes más: Guadalupe Martínez Zúñiga, de Axutla, y José Luis González Enríquez, de Chinantla.

Posteriormente, el 1 de marzo de 2017, los diputados locales aprobaron IPADR para doce más: Alejandro Javier Berrera Salazar, de Amixtlán; Bertha Rodríguez Rodríguez, de Atlequizayán; Maricela Ramos Jiménez, de Atzitzihuacán; Hilario Rangel Ramírez, de Chigmecatitlán; Juan Enrique Rivera Reyes, de Chignahuapan; Salvador Aguilar García, de Cohetzala -quien falleció tras un accidente ocurrido el 1 de febrero de 2018-; Julián Vázquez Ramírez, de Huitziltepec; Francisco Hermenegildo Simarrón Ocotoxtle, de Santa Calara Ocoyucan; Néstor Camarillo Medina, de Quecholac; Esteban Ramírez Rosales, de Teopantlán; Inocencio Muñoz Morales, de Tepemaxalco, y Dolores Campos Pelcastre, de Zihuateutla.

En el análisis de cuentas públicas turnado al Congreso local, el 31 de julio del 2017 fueron sancionados los últimos tres: Amelio Flores Sánchez, de Cuautinchán; Pablo Emilio Mendoza Espinoza, de Juan Galindo, y Adelaido Vega Mendoza, de Zapotitlán de Méndez.

Todos estos alcaldes enfrentan observaciones correspondientes a su primer ejercicio fiscal que no han podido solventar. Por si fuera poco, el resto de sus cuentas públicas tampoco han sido turnadas al Congreso local y se desconoce el avance de las revisiones o si éstos han cumplido en tiempo y forma con la documentación solicitada por la ASE.


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Según el calendario establecido por la propia Auditoría Superior del Estado, los ayuntamientos debieron haber entregado entre el 20 y 22 de febrero de este año los estados financieros enero 2018, así como el Presupuesto de Ingresos 2018, Presupuesto de Egresos 2018, Cédula de Impuesto Predial y Derechos de Suministro de Agua enero 2018, además de los formatos trimestrales de la Ley de Disciplina Financiera, correspondiente al periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2017.

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