La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) se declaró incompetente en el caso del tiradero que se ubica en el municipio de Palmar de Bravo, situación que es irresponsable porque además viola la norma 083, referente a las especificaciones para un depósito de residuos sólidos, dijeron abogados de los ciudadanos de la junta auxiliar de Bellavista de Victoria.
Gerardo Pérez, abogado de la organización “El Barzón”, aseguró que la autoridad federal puso toda la carga de la prueba a los responsables del tiradero o a los afectados porque solo verificó, sin hacer pruebas de laboratorio.
Los pobladores acusan que no son residuos sólidos municipales sino desechos industriales y tóxicos los que existen en el tiradero, porque son empresas privadas las que llevan los desechos al predio, y no camiones de limpia del municipio.
La población denunció que a 500 metros se encuentra la primera vivienda y unos cuántos metros después está ubicado un preescolar.
A su vez, la Profepa señaló que personal del organismo visitó el depósito debido a la denuncia popular en la junta auxiliar, y los residuos son sólidos urbanos y de manejo especial por lo que dará vista, dice, a la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial (SDRSOT) por ser de su competencia.
“En el recorrido realizado constató que la disposición de residuos se efectúa en un área aproximada de 0.5 hectáreas, sin observar la existencia de residuos peligrosos, competencia de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, ya que el tipo que se encontró son residuos sólidos urbanos y de manejo especial, principalmente”, indicó el organismo federal a través de un comunicado.
Sin embargo, Arturo Mendoza, abogado, aseguró que durante la visita de inspección que realizó la Procuraduría no verificó que de verdad existieran residuos peligrosos, que los pobladores aseguran que están enterrados.
Además, señaló que los inspectores tampoco hicieron los análisis correspondientes, y aunque el tiradero no fuera de su competencia, los responsables de operarla no están cumpliendo con las normas oficiales mexicanas establecidas para este tipo de rellenos municipales.
Añadió que es responsabilidad, por protocolos internacionales, declarar las medidas precautorias ante la sospecha de que se está atentando a un ambiente sano.
