PAHUATLÁN, PUE. - La comisión de los distintos pueblos originarios de Pahuatlán, decidieron posponer la continuación del diálogo con las autoridades, hasta que en la mesa se integre personal de la Secretaría de Gobernación federal, con el fin de que se garantice que la seguridad estará en manos de la Guardia Nacional, dado que manifestaron su desconfianza en la Policía Estatal y más en el ayuntamiento.
Los representantes de los pueblos originarios, exigieron que se inició un "juicio político contra la alcaldesa por su enriquecimiento ilícito" y que, ya no quieren ver en la presidencia municipal, "no importa que le falten unos cuatro meses".
Indicaron que, para que firmara compromisos es necesario la presencia de autoridades federales que pueden gestionar la presencia de la Guardia Nacional para evitar “más levantones, ejecuciones y robos de todo tipo, además de indicaron que es el narcomenudeo lo que más está afectando a el ”.
Sobre la firma de compromisos, en el que estaría la presidenta, Guadalupe Ramírez Aparicio, expresaron que prefieren no recibirla por la manera en que se ha portado con ellos durante los últimos años.
Este viernes se firmarías compromisos los entre las distintas escalas de gobierno y especialmente por la edil, Guadalupe Ramírez Aparicio, que la llevaría a dar seguridad a las comunidades, cooperar para mejorar los servicios de salud ya no entrometerse en asuntos electorales, sin embargo, los integrantes de la comisión que representan a pueblos, como San Pablito, Xochimilco, Xolotla, entre otras, decidieron pausar el dialogo.
Dijeron que se le debe procesar a la alcaldesa, incluso, a su esposo, Arturo Hernández Santos, quién es ex presidente municipal y es el que promovió a Guadalupe Ramírez al su cargo.
Por el momento, quedaron detenidas las negociaciones, las autoridades estatales y algunos funcionarios federales se retiraron hasta un nuevo aviso. El centro de la cabecera municipal de Pahuatlán, volvió a quedar bajo el control de los paristas, quienes aseguraron que los comercios y la gente común, pueden seguir con sus labores cotidianas, porque el problema no es con nadie más, “que con la presidenta municipal".
