Este lunes se llevará a cabo la audiencia que forma parte de la denuncia contra el agente del ministerio público, Ismael Zaca Morán, derivado de las irregularidades que se dieron durante la integración de la carpeta de investigación 129/2014-Tetela, relacionada con el asesinato del agente ministerio público Isaí Hernández Villegas y que motivó el primer juicio oral en la sierra norte de Puebla, mismo que se ha caracterizado por la larga lista de irregularidades evidenciadas por la parte afectada, casi desde el inicio de este caso, hace casi 5 años.
Para la viuda y testigo de los hechos ocurridos el 31 de agosto de 2014, Liliana Lira Laguna, en 2016 este agente del ministerio público, titular de la mesa dos homicidios en Huauchinango, cometió varias irregularidades empezando con que dejó de actuar en la investigación del homicidio de su esposo por más de dos años, a pesar del sin número de ocasiones en las que, como víctima indirecta le pidió solicitar a la orden de aprehensión contra los demás implicados, sin embargo no actuó: "no me hacía caso, aparte de recibir trato despectivo, el acusado alegó que ya estaba muerto y que ya hay uno en la cárcel (por este caso)".
En la entrevista para este medio, la fuente señaló que todos los demás también habían participado en ese asesinato, los vio, lo reconoció como testigo presencial de los hechos que ocurrieron el 31 de agosto de 2014. El ministerio público tardó dos años en pedir las órdenes de aprehensión, que fueron negadas por el juez Juan Carlos Malpica, lo que permitió que las personas anduvieran libres.
La entrevistada señaló que el ministerio público le ofreció dejar el asunto por la paz, haciéndole ver que ya no investigaría nada más del caso y que ya no habría nada a cambio de un beneficio a su favor, lo que, según la fuente, resultó absurdo, toda vez que no hay un costo para la vida de su finado esposo y no hay un costo para saber que estas personas continúan en libertad. Así es como decidió iniciar la carpeta de investigación 67-106, en la Fiscalía especializada en delitos cometidos por servidores públicos.
La entrevistada acusó que la fiscalía no investiga y pretende archivar la carpeta, por ello pidió audiencia que se llevará a cabo este 2 de septiembre.
.jpg "1 (1).jpg")
