Tamakawaman es una palabra en totonaco que significa sostener, acompañar o caminar y es la palabra que define a la familia de Tomás Pérez Francisco, un defensor de la tierra en el municipio indígena de Pantepec que desapareció en mayo del año 1990.
Su hijo, Guadalupe Pérez Rodríguez, cree que durante todos estos años han encontrado personas y colectivos que le hacen honor a la palabra “tamakawaman”, y que los han ayudado a exigir justicia y hacer pública la impunidad.
Sin embargo, hay otros que no los acompañaron, al contrario, les dieron la espalda, revictimizaron y hasta fueron víctimas de racismo. Como lo fue la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), las Comisiones de Derechos Humanos y el Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas.
Es por ello, que, a 33 años de impunidad, la comunidad de Pantepec y el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE) perteneciente a la universidad Iberoamericana Campus Puebla, exigieron a las autoridades verdad, así como justicia.
En suma, el movimiento campesino y la Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio (CORASON) solicitaron a las autoridades realizar un seguimiento de forma coordinada y que atienda los estándares más altos en derechos humanos.
¿Qué fue lo que ocurrió?
Tomás luchaba por las tierras de la comunidad de La Sabana, en Pantepec, una comunidad que exigía su derecho a existir, ya que las tierras las disputaban los caciques de la asociación ganadera local.
Alrededor del año 1989 la comunidad fue quemada cuando ingresó la policía judicial del estado y las guardias blancas (brazo armado de los ganaderos). Los pobladores tuvieron que huir para salvar sus vidas y los indígenas se organizaron para defender su hogar.
La última irrupción fue a principios de 1990 y detuvieron a un aproximado de 50 personas que fueron transportados en camiones de redilas, donde usualmente se transporta ganado.
La última vez que Tomás Pérez fue visto con vida fue el 1 de mayo de 1990, cuando un grupo armado lo interceptó en su camino a las comunidades vecinas de Pantepec.
Desde ese momento, sus familiares exigen una respuesta activa por parte de las autoridades, pero al mismo tiempo, han denunciado revictimización y señalado que las autoridades han cometido grandes omisiones en el proceso de búsqueda e investigación.
El Estado tiene una deuda histórica con Pantepec y la familia de Tomás: IDHIE
Guadalupe Pérez, el hijo de Tomás, ha recibido acompañamiento integral del IDHI y de otros colectivos. Dicha ayuda, incrementó desde junio, pues se determinó que la Comisión de Búsqueda y la Fiscalía tienen la obligación de buscar al defensor del pueblo.
La búsqueda ha sido interrumpida debido a que pierden el expediente y una serie de pretextos que no tienen fundamentos sólidos.
Incluso, el Instituto envió un documento a las autoridades poblanas que reúne las exigencias por verdad y justicia para Tomás, y destaca los procesos deficientes y múltiples violencias que se han ejercido en el caso.
Roberto Rosete Guzmán, responsable de Orientación Jurídica y Psicosocial del Instituto, exhortó a las autoridades a que sus palabras y promesas se materialicen en acciones concretas, reales y efectivas.
También pidió que se tome en cuenta el contexto en que se dio la desaparición de Tomás y los factores socioculturales que la rodean, ya que estos datos son piezas fundamentales que las autoridades parecen no tomar en cuenta.
Por su parte, Irma Pineda, poeta y activista de la lengua didxazá, afirmó que este hecho es una clara muestra del borrado histórico a las comunidades indígenas en México. Por tanto, es necesario incorporar la perspectiva de los pueblos originarios en las líneas de investigación en casos de desaparición.
“Cuando una persona indígena es arrebatada de su comunidad, están rompiendo el tejido comunitario. Desaparecer a una persona de pueblos indígenas también implica desaparecer a las culturas y a los pueblos”, externó.
Asimismo, Rubén Ortiz, consultor independiente, analizó el caso desde el enfoque de larga data y ubicó la desaparición en un momento de contrainsurgencia que persiste desde 1950, donde la desaparición forzada y la represión fueron prácticas fomentadas por el Estado.
“Todo el caso se gesta en torno a una persona que exige tierra, y que es parte de una lucha que, para ese momento, tenía poco más de 80 años. También pasa un año antes de la aprobación de la reforma agraria, por lo que jamás les dieron nada. Fue un intento de silenciar la lucha”, explicó.
Para concluir, Mauricio González, integrante de CORASON, el caso tiene que investigarse con un enfoque intercultural, que, a su vez, sea cuidadoso con la comunidad y que incorpore la vigencia de la lucha indígena frente al despojo.
Los activistas dejaron claro que mientras no se tenga una resolución en el caso, Pantepec resiste.
