/ sábado 23 de octubre de 2021

Existen elementos legales para la desprivatización del agua, asegura la ASA 

La Asamblea Social del Agua afirma que el Congreso del Estado tiene en sus manos la decisión de revertir el contrato

Existen elementos legales para revocar la concesión del agua potable entregada en 2013 a la empresa Concesiones Integrales, que no ha cumplido con los compromisos pactados en el contrato y ha provocado que el Soapap se encuentre en alerta roja por la deuda que enfrenta, pese a que ese fue el argumento principal para concesionar el servicio.

Hasta 2019 la deuda del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Puebla (Soapap) era de 1 mil 570.3 millones de pesos, según un informe de la Cámara de Diputados.

El abogado, activista e integrante de la Asamblea Social del Agua (ASA), Omar Jiménez Castro, recordó que la privatización del servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposición de aguas residuales ocurrió con el amparo del entonces gobernador panista Rafael Moreno Valle Rosas, y con la falsa promesa de terminar con el desabasto, disminuir las tarifas y ampliar la red hidráulica y de drenaje.

Aseguró que a ocho años la concesionaria incrementó hasta en 600 por ciento las tarifas, ejecuta los cortes de agua y drenaje sin una orden judicial y de manera ilegal se establecieron estratos en la Ley del Agua para el Estado de Puebla de acuerdo al estatus económico del usuario. Tampoco ha cumplido con el saneamiento de aguas residuales altamente contaminadas, por lo que a decir de especialistas la Conagua debería sancionar y el Congreso, Soapap o el ayuntamiento clausurarla.

¿CUÁNDO COMENZÓ LA PRIVATIZACIÓN?

La historia comenzó el 31 de diciembre de 2012 cuando el Congreso del Estado reformó la Ley del Agua para el Estado, para permitir la participación directa de las empresas privadas en el manejo, distribución y cobro del agua, con el argumento de que el Soapap estaba en quiebra.

Casi un año después el ayuntamiento de Puebla autorizó en la sesión extraordinaria de Cabildo del 12 de septiembre de 2013, que el Soapap concesionara total o parcialmente la prestación del servicio en la capital, y aprobó un convenio de coordinación con los municipios de Amozoc, Coronango, Cuautlancingo, Juan C. Bonilla, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, Ocoyucan, Tlaltenango y Xoxtla para el mismo fin.


Las reformas a la ley permitieron que el 26 de diciembre de 2013 el sistema operador otorgara por 30 años el título a Concesiones Integrales S.A. de C.V., conocida como Agua de Puebla para Todos, que inició operaciones el 16 de mayo de 2014 con la infraestructura, materiales, herramientas, equipo y bienes inmuebles del organismo paraestatal.

Desde entonces, la ASA a través de sus abogados como Omar Jiménez, ha promovido más de 600 amparos contra los cortes ilegales de agua.

“Eso se tiene que demostrar, en ningún caso de los cortes de agua han demostrado que haya un adeudo. No muestran una orden judicial, que el juez haya ordenado el corte. Dice la Organización Mundial de la Salud que a ninguna persona se le debe cortar el servicio por adeudo”, dijo.

Además de incumplir con lo establecido en el contrato, Jiménez aseguró que al ejecutar los cortes el personal de Agua de Puebla rompe el pavimento, la carpeta asfáltica o la banqueta, lesionado las finanzas públicas del ayuntamiento de Puebla, que no ha multado a la empresa.

AGUAS RESIDUALES SIN SANEAR

El abogado explicó que en Puebla capital existen 17 plantas tratadoras de aguas residuales, pero no se realizan los tres procesos, ya que únicamente se retira el lodo y se verte cloro, lo que significa que el agua no es potable y contiene heces fecales de humanos y de animales.

Subrayó que Agua de Puebla pagó entre mil 500 millones y 2 mil millones de pesos, aunque no hay certeza del monto real, pero si se toma en cuenta que hay 17 plantas y cada una cuesta 6 millones de pesos significa que solo pagó lo equivalente a estas y no la cartera vencida, los inmuebles, vehículos, red hidráulica y la infraestructura.

“En solo tres años registró 3 mil 600 millones de pesos, es un negociazo tremendo, pero esto fue a base de realizar cortes, cobrar la factibilidad. Es una serie de abusos interminables que son causales de la revocación del título de concesión”, dijo en una plática con El Sol de Puebla.

Otra causal para anular la privatización es que el director jurídico del Soapap, Gustavo Gaytán Alcaraz, en su carácter de encargado de despacho firmó el título de concesión, lo que a todas luces es ilegal.

Omar Jiménez expuso que el Congreso del Estado tiene en sus manos la decisión de revertir el contrato, al referir que Concesiones Integrales se creó el 23 de diciembre de 2013, cuando el fallo de la licitación se emitió el 12 de diciembre y el día 26 se entregó el título de concesión, lo que significa que no estaba legalmente constituida y no debía participar.

Agregó que la empresa ni siquiera participó en el proceso y quienes en realidad ganaron la concesión licitada por Soapap fueron Grupo Agua de México, Tecnología Intercontinental (Ticsa) y Epccor Servicios, que constituyeron un consorcio con el Grupo Financiero Monex.

DUPLICAN PLAZO A CONCESIONARIA

Por su parte, el exdirector del Soapap, Francisco Castillo Montemayor, aseguró que el contrato fue amarrado para que Concesiones Integrales no cumpliera, pues en menos de un mes el convenio se modificó para que en 10 años, es decir hasta 2023 invirtiera 3 mil 500 millones de pesos en infraestructura, cuando inicialmente el plazo era de cinco años.

A decir del ambientalista, es factible anular el convenio, pero hace falta voluntad política del Congreso, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) o Soapap para multar y hacer que la firma se vaya por incumplimiento.

“Si la Conagua, Profepa o Soapap le hubiesen exigido ya se hubieran ido solitos o a lo mejor ya hubieran construido las plantas de tratamiento, pero de que se puede hacer si hay voluntad, se puede”, expuso.

Afirmó que por esta reincidencia la Conagua podría tomar las plantas tratadoras y operarlas con cargo a la empresa, pero no lo ha hecho.

En cuanto a las ganancias que Concesiones Integrales obtiene por la prestación del servicio, Castillo Montemayor dijo que en los primeros años tuvo millones de pesos en ingresos, pero solo destina el 5 por ciento al sistema operador para que pague a Banobras la deuda de 200 millones de pesos, razón por la cual se encuentra en alerta roja.

Como los ingresos son bajos, el dinero que obtiene el organismo operador es poco y no alcanza para pagar la deuda, es decir que la empresa compró la concesión, pero no las deudas que salda el gobierno de Puebla, lo que podría afectar la calificación crediticia que dan firmas como Fitch Rating y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

¿QUÉ HAN HECHO EL CONGRESO Y EL AYUNTAMIENTO?

En la ruta legal por revocar la concesión, el 5 de octubre el Cabildo de Puebla aprobó una reforma al Código Reglamentario para el Municipio de Puebla (Coremun) que reconoce el derecho humano al agua y que prohíbe suspender el servicio para uso doméstico por falta de pago.

Por el contrario, el Congreso del Estado con mayoría de Morena, no ha emprendido acción alguna para anular el título y únicamente el 11 de marzo de 2020 la LX Legislatura modificó la Ley del Agua del Estado para impedir los cortes de agua y drenaje a los usuarios que consuman menos de 15 metros cúbicos mensuales y tengan adeudos, a propuesta de los diputados Nora Merino Escamilla y Gabriel Biestro Medinilla.

La reforma fue rechazada por integrantes de la Asamblea Social del Agua, que consideran que no cumplió su fin, pues la concesionaria ha realizado más de 100 mil actos ilegales desde que administra el servicio.

Y pese a que los diputados de Morena prometieron en la campaña de 2018 revocar la privatización y no cumplieron, el legislador Iván Herrera Villagómez retomó el tema en 2021, pero no ha presentado la iniciativa con el argumento de que se debe analizar el alcance jurídico y financiero, con el gobierno estatal y los municipios del área conurbada.

“Independientemente de si es viable, es una exigencia de la ciudadanía y como representantes tenemos que escucharlos y llevar esas exigencias al Congreso; tendremos que analizarlo jurídica y financieramente, vamos a plantear el tema dentro de la agenda legislativa de Morena. No puede ser una iniciativa al vapor”, dijo.






Existen elementos legales para revocar la concesión del agua potable entregada en 2013 a la empresa Concesiones Integrales, que no ha cumplido con los compromisos pactados en el contrato y ha provocado que el Soapap se encuentre en alerta roja por la deuda que enfrenta, pese a que ese fue el argumento principal para concesionar el servicio.

Hasta 2019 la deuda del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Puebla (Soapap) era de 1 mil 570.3 millones de pesos, según un informe de la Cámara de Diputados.

El abogado, activista e integrante de la Asamblea Social del Agua (ASA), Omar Jiménez Castro, recordó que la privatización del servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposición de aguas residuales ocurrió con el amparo del entonces gobernador panista Rafael Moreno Valle Rosas, y con la falsa promesa de terminar con el desabasto, disminuir las tarifas y ampliar la red hidráulica y de drenaje.

Aseguró que a ocho años la concesionaria incrementó hasta en 600 por ciento las tarifas, ejecuta los cortes de agua y drenaje sin una orden judicial y de manera ilegal se establecieron estratos en la Ley del Agua para el Estado de Puebla de acuerdo al estatus económico del usuario. Tampoco ha cumplido con el saneamiento de aguas residuales altamente contaminadas, por lo que a decir de especialistas la Conagua debería sancionar y el Congreso, Soapap o el ayuntamiento clausurarla.

¿CUÁNDO COMENZÓ LA PRIVATIZACIÓN?

La historia comenzó el 31 de diciembre de 2012 cuando el Congreso del Estado reformó la Ley del Agua para el Estado, para permitir la participación directa de las empresas privadas en el manejo, distribución y cobro del agua, con el argumento de que el Soapap estaba en quiebra.

Casi un año después el ayuntamiento de Puebla autorizó en la sesión extraordinaria de Cabildo del 12 de septiembre de 2013, que el Soapap concesionara total o parcialmente la prestación del servicio en la capital, y aprobó un convenio de coordinación con los municipios de Amozoc, Coronango, Cuautlancingo, Juan C. Bonilla, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, Ocoyucan, Tlaltenango y Xoxtla para el mismo fin.


Las reformas a la ley permitieron que el 26 de diciembre de 2013 el sistema operador otorgara por 30 años el título a Concesiones Integrales S.A. de C.V., conocida como Agua de Puebla para Todos, que inició operaciones el 16 de mayo de 2014 con la infraestructura, materiales, herramientas, equipo y bienes inmuebles del organismo paraestatal.

Desde entonces, la ASA a través de sus abogados como Omar Jiménez, ha promovido más de 600 amparos contra los cortes ilegales de agua.

“Eso se tiene que demostrar, en ningún caso de los cortes de agua han demostrado que haya un adeudo. No muestran una orden judicial, que el juez haya ordenado el corte. Dice la Organización Mundial de la Salud que a ninguna persona se le debe cortar el servicio por adeudo”, dijo.

Además de incumplir con lo establecido en el contrato, Jiménez aseguró que al ejecutar los cortes el personal de Agua de Puebla rompe el pavimento, la carpeta asfáltica o la banqueta, lesionado las finanzas públicas del ayuntamiento de Puebla, que no ha multado a la empresa.

AGUAS RESIDUALES SIN SANEAR

El abogado explicó que en Puebla capital existen 17 plantas tratadoras de aguas residuales, pero no se realizan los tres procesos, ya que únicamente se retira el lodo y se verte cloro, lo que significa que el agua no es potable y contiene heces fecales de humanos y de animales.

Subrayó que Agua de Puebla pagó entre mil 500 millones y 2 mil millones de pesos, aunque no hay certeza del monto real, pero si se toma en cuenta que hay 17 plantas y cada una cuesta 6 millones de pesos significa que solo pagó lo equivalente a estas y no la cartera vencida, los inmuebles, vehículos, red hidráulica y la infraestructura.

“En solo tres años registró 3 mil 600 millones de pesos, es un negociazo tremendo, pero esto fue a base de realizar cortes, cobrar la factibilidad. Es una serie de abusos interminables que son causales de la revocación del título de concesión”, dijo en una plática con El Sol de Puebla.

Otra causal para anular la privatización es que el director jurídico del Soapap, Gustavo Gaytán Alcaraz, en su carácter de encargado de despacho firmó el título de concesión, lo que a todas luces es ilegal.

Omar Jiménez expuso que el Congreso del Estado tiene en sus manos la decisión de revertir el contrato, al referir que Concesiones Integrales se creó el 23 de diciembre de 2013, cuando el fallo de la licitación se emitió el 12 de diciembre y el día 26 se entregó el título de concesión, lo que significa que no estaba legalmente constituida y no debía participar.

Agregó que la empresa ni siquiera participó en el proceso y quienes en realidad ganaron la concesión licitada por Soapap fueron Grupo Agua de México, Tecnología Intercontinental (Ticsa) y Epccor Servicios, que constituyeron un consorcio con el Grupo Financiero Monex.

DUPLICAN PLAZO A CONCESIONARIA

Por su parte, el exdirector del Soapap, Francisco Castillo Montemayor, aseguró que el contrato fue amarrado para que Concesiones Integrales no cumpliera, pues en menos de un mes el convenio se modificó para que en 10 años, es decir hasta 2023 invirtiera 3 mil 500 millones de pesos en infraestructura, cuando inicialmente el plazo era de cinco años.

A decir del ambientalista, es factible anular el convenio, pero hace falta voluntad política del Congreso, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) o Soapap para multar y hacer que la firma se vaya por incumplimiento.

“Si la Conagua, Profepa o Soapap le hubiesen exigido ya se hubieran ido solitos o a lo mejor ya hubieran construido las plantas de tratamiento, pero de que se puede hacer si hay voluntad, se puede”, expuso.

Afirmó que por esta reincidencia la Conagua podría tomar las plantas tratadoras y operarlas con cargo a la empresa, pero no lo ha hecho.

En cuanto a las ganancias que Concesiones Integrales obtiene por la prestación del servicio, Castillo Montemayor dijo que en los primeros años tuvo millones de pesos en ingresos, pero solo destina el 5 por ciento al sistema operador para que pague a Banobras la deuda de 200 millones de pesos, razón por la cual se encuentra en alerta roja.

Como los ingresos son bajos, el dinero que obtiene el organismo operador es poco y no alcanza para pagar la deuda, es decir que la empresa compró la concesión, pero no las deudas que salda el gobierno de Puebla, lo que podría afectar la calificación crediticia que dan firmas como Fitch Rating y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

¿QUÉ HAN HECHO EL CONGRESO Y EL AYUNTAMIENTO?

En la ruta legal por revocar la concesión, el 5 de octubre el Cabildo de Puebla aprobó una reforma al Código Reglamentario para el Municipio de Puebla (Coremun) que reconoce el derecho humano al agua y que prohíbe suspender el servicio para uso doméstico por falta de pago.

Por el contrario, el Congreso del Estado con mayoría de Morena, no ha emprendido acción alguna para anular el título y únicamente el 11 de marzo de 2020 la LX Legislatura modificó la Ley del Agua del Estado para impedir los cortes de agua y drenaje a los usuarios que consuman menos de 15 metros cúbicos mensuales y tengan adeudos, a propuesta de los diputados Nora Merino Escamilla y Gabriel Biestro Medinilla.

La reforma fue rechazada por integrantes de la Asamblea Social del Agua, que consideran que no cumplió su fin, pues la concesionaria ha realizado más de 100 mil actos ilegales desde que administra el servicio.

Y pese a que los diputados de Morena prometieron en la campaña de 2018 revocar la privatización y no cumplieron, el legislador Iván Herrera Villagómez retomó el tema en 2021, pero no ha presentado la iniciativa con el argumento de que se debe analizar el alcance jurídico y financiero, con el gobierno estatal y los municipios del área conurbada.

“Independientemente de si es viable, es una exigencia de la ciudadanía y como representantes tenemos que escucharlos y llevar esas exigencias al Congreso; tendremos que analizarlo jurídica y financieramente, vamos a plantear el tema dentro de la agenda legislativa de Morena. No puede ser una iniciativa al vapor”, dijo.






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