Con el objetivo de visibilizar y castigar la extorsión sexual por razones de género por parte de servidores públicos, quienes otorgan permisos, prerrogativas o beneficios a cambio de favores sexuales, la diputada María Lucero Saldaña Pérez del Partido Revolucionario Institucional (PRI), busca que su iniciativa de reformas sea aprobada en la próxima Legislatura.
En entrevista para El Sol de Puebla, la legisladora compartió que la propuesta nació con la intención de visibilizar este delito y con ello eliminar obstáculos para lograr la igualdad, “avanzamos en la paridad, por ejemplo, pero nos impiden consolidarla en cuanto a justicia, impunidad o corrupción”.
Saldaña Pérez añadió que estas reformas cuentan con el respaldo de legisladoras y legisladores del Grupo Parlamentario del PRI y del Colectivo 50+1, con el objetivo visibilizar y castigar dos elementos: sexual y corrupción.
“Como no está tipificado, no hay casos clasificados, son prácticas que se cobijan culturales, que se piensan normales y cuando se exhiben y salen a la luz pública, empiezan a surgir casos, se comienza a denunciar y existir instrumentos que ayuden a sancionar; es un delito que existe pero que no se nombra”, dijo.
Es importante señalar que, hasta el momento, la iniciativa para crear el tipo penal de extorsión sexual por razones de género en el Código Penal Federal e incluirlo en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, impulsada por la senadora es la primera en el país e incluso en algunos otros, razón por la que insistió la importancia de abordarla en la próxima Legislatura.
“Cuando una persona que está en un puesto en la vida pública o privada ofrece un trámite, empleo, ascenso, beca, pasar un examen, o cualquier otro, hay muchas veces esa moneda de cambio de condicionar si hay favores sexuales; con esta reforma le doy nombre a un delito que se crea con determinación nueva pero que existe”.
La pena para este delito sería de tres a cinco años de prisión; y en caso de que un sujeto activo sea servidor público y se presuma haya ejercido esta violencia, tendría suspensión temporal mientras subsista el procedimiento penal; al tiempo de que el Ministerio Público, la jueza o juez establezcan las medidas necesarias de protección en beneficio de la víctima.
La legisladora del estado de Puebla llamó a las próximas diputadas y diputados a abordar el tema lo más pronto posible, pues refirió que dentro de esta tipología, Naciones Unidas ha reconocido que hasta el 70 por ciento de las mujeres experimenta o ha experimentado algún tipo de violencia en el transcurso de su vida.
